Un matrimonio de mujeres se convirtió en el primero en ser considerado igualitario en Bolivia, en desafío con la Constitución del país. La decisión se les fue concedida luego de cuatro años de litigios con su propio país.
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Ambas mujeres lucharon por casi cuatro años hasta que el Estado las reconoció. Fue el Tribunal Constitucional en La Paz, como sede del gobierno nacional, el ente que falló a favor de ellas.
“Ahora puedo bajar las defensas y realmente disfrutar de lo que es un matrimonio”, dijo una de las casadas.
Un matrimonio de mujeres se convirtió en el primero en ser considerado igualitario en Bolivia, en desafío con la Constitución del país. La decisión se les fue concedida luego de cuatro años de litigios con su propio país.
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Se trata de Scarlett Rocha y Fabiana Justiniano, que después de casi cuatro años de batalla legal, lograron que el Estado boliviano reconozca legalmente su compromiso. Ahora están unidas por ley en el primer matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo de Bolivia, un hito que desató apoyos y críticas.
“Cuando vi esto (el certificado de matrimonio) físicamente en la mesa, supe que ahora es realidad”, dijo Rocha a The Associated Press sentada junto a Justiniano en la casa que comparten con sus siete mascotas en la región oriental de Santa Cruz.
“Vino como esa tranquilidad de que ahora puedo bajar las defensas y realmente disfrutar de lo que es un matrimonio”, agregó. Al momento, solo nueve países de Latinoamérica permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo Cuba y México los últimos en legalizarlo en 2022. En el resto de la región, la considerable influencia política de grupos católicos y evangélicos fue un obstáculo para la aprobación de estas uniones. Rocha, de padres bolivianos, estudió neurociencias en su natal EEUU y Justiniano estudió psicología en una universidad estatal en Santa Cruz.
“Mi familia en EEUU lo tomó más abiertamente, lo pudieron entender. Cuando llegué acá y me tocó salir del clóset de vuelta con mi familia de aquí, ahí me di cuenta de los privilegios, porque fue mucho más difícil”, señaló Rocha. Justiniano, por su parte, aseguró que lo que más le costó fue decírselo a su abuela, que la crió, pero una vez que lo entendió se convirtió en su “gran apoyo”.
El 7 de agosto las mujeres, ambas de 29 años, se vistieron de blanco y se dieron el “sí, acepto” ante un oficial del Registro Civil que les otorgó su certificado de matrimonio y una libreta familiar. Para la pareja obtener ese reconocimiento significó desafiar a la Constitución y el Código de Familia de Bolivia, que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Por ello recurrieron a otro artículo de la carta magna que dispone la aplicación preferente de los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos ofrecen mayores protecciones que la ley boliviana. Sus abogados invocaron un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que sostuvo que las parejas del mismo sexo deben tener acceso a las mismas protecciones jurídicas que las heterosexuales.
Sobre el final de 2022 la pareja solicitó unirse en matrimonio al Registro Civil en Santa Cruz, pero las diversas medidas judiciales que siguieron llegaron hasta el Tribunal Constitucional en La Paz, la sede de gobierno nacional. El 13 de marzo esa corte falló a favor de la pareja.
La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra solicitó 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, el consultor político argentino investigado por el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller, ocurrido en Bolivia. La imputación lo señala como presunto autor intelectual de un intento de femicidio.
Cerimedo permanece alojado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y será un juez quien determine este jueves si acepta el planteo de la Fiscalía. En caso de hacer lugar, el acusado podría ser trasladado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.
El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que Cerimedo es considerado el principal acusado dentro de la investigación. Por su parte, la fiscal Yolanda Aguilera señaló que ya se incorporaron a la causa la declaración de Beller y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el ataque.
Cerimedo optó por no declarar ante los investigadores. Su defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una causa con motivaciones políticas. Además, negó que el consultor estuviera intentando abandonar Bolivia al momento de ser detenido.