La Justicia de Colombia ordenó ayer capturar a otros cinco congresistas y a 15 dirigentes más por sus supuestos nexos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, una decisión que agrava el escándalo y la crisis política que sacude al gobierno de Alvaro Uribe.
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La decisión se produjo mientras el gobierno reconoció que investiga la autenticidad de unas grabaciones que probarían cómo antiguos integrantes de las milicias paramilitares dirigen actividades criminales desde la prisión, una revelación que deja al borde de la ruptura el acuerdo de 2004 entre el gobierno y los grupos paramilitares para avanzar hacia su desarme y desmantelamiento.
Con las nuevas órdenes de arresto de la Corte son ya 13 los legisladores encarcelados por el llamado escándalo de la «parapolítica», la mayoría de ellos aliados del presidente Uribe en el Congreso.
«La sala penal dispuso medida de aseguramiento contra los cinco congresistas acusados de suscribir el pacto de Ralito. El cargo que se les imputa es el de concierto para delinquir agravado», dijo el presidente de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez.
Reconocimiento
Simultáneamente, la Fiscalía General ordenó capturar a otras 15 personas por sus supuestos vínculos con los escuadrones paramilitares, incluida la ex representante de la cámara Eleonora Pineda, quien ha reconocido abiertamente su relación con esas agrupaciones ilegales.
Los cinco congresistas a quienes la Corte Suprema ordenó arrestar, Pineda y las otras personas investigadas por la fiscalía, firmaron en 2001 un acuerdo con los paramilitares para refundar la patria y establecer un nuevo contrato social.
Los legisladores aseguraron en su defensa que se vieron obligados a firmar el documento bajo amenazasde los paramilitares, pero la Justicia desestimó el argumento. «La Corte, en base a las pruebas existentes, comprobó que no hubo esa coacción, que hubo conocimiento y voluntad en la suscripción del documento», explicó Gómez.
La Constitución política concede un fuero especial a los congresistas, quienes deben ser investigados por la Corte, pero la Fiscalía asume los casos de quienes no son legisladores.
Las órdenes de captura y la investigación del gobierno coinciden con anuncios de que antiguos comandantes paramilitares han manifestado su disposición de revelar ante la Justicia los nombres de políticos, militares y empresarios que los apoyaron en su lucha clandestina contra la guerrilla izquierdista.
La revista «Semana» publicó en su última edición el contenido de conversaciones telefónicas en las que supuestamente mandos medios de los desmovilizados escuadrones paramilitares hablan desde la cárcel donde permanecen recluidos de actividades de narcotráfico, crímenes y extorsiones.
«Vamos a verificar la autenticidad de estas grabaciones. Supongamos que son veraces, pero tenemos que confirmarlo, y procederemos inmediatamente a quitar los beneficios a quienes resulten implicados», dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Pero las agencias de seguridad de Colombia autorizadas para interceptar teléfonos, aseguraron que no lo hicieron en esos casos, mientras que Salvatore Mancuso, máximo comandante paramilitar, negó que los ex líderes de esos escuadrones estén dirigiendo desde la prisión actividades ilegales.
Algunos ex jefes paramilitares confinados en una cárcel de alta seguridad, como Mancuso, están solicitadosen extradición por Estados Unidos acusadosde narcotráfico, pero Uribe congeló los pedidos mientras cumplan con los acuerdos de paz.
Advertencia reiterada
Sin embargo, el propio Uribe advirtió una vez más que si se comprueba que antiguos líderes de esos escuadrones, a quienes se les suspendió las solicitudes de extradición, están implicados en actividades ilegales, procederá a entregarlos a Washington.
El gobierno y los paramilitares iniciaron a mediados de 2003 una cuestionada negociación de paz que permitió que más de 31.000 combatientes entregaran las armas, mientras que la mayoría de antiguos comandantes permanece confinada en una prisión de alta seguridad. Los ex comandantes paramilitares deberán confesar sus delitos que incluyen asesinatos, masacres, secuestros, extorsiones, desapariciones y actividades de narcotráfico, para recibir una sentencia de como máximo 8 años de prisión.
Adicionalmente, deberán devolver los bienes que consiguieron en forma ilegal para conformar un fondo para indemnizar a las víctimas de la violencia.
Los paramilitares surgieron en los años 80 financiados por terratenientes, comerciantes, ganaderos y narcotraficantes para defenderse de los ataques de la guerrilla.
Con el paso de los años esos escuadrones desalojaron a la guerrilla de varias regiones del país en medio de crímenes selectivos, masacres y desplazamientos como parte del conflicto interno de más de cuatro décadas y luego conformaron enclaves en donde eran el único poder político y militar.
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