Bogotá (EFE, ANSA) - El presidente Alvaro Uribe tuvo que salir ayer a despegarse de una seria denuncia de corrupción, luego que la ex parlamentaria Yidis Medina fuera detenida acusada de cohecho por la Corte Suprema de Justicia, por su cambio de voto para permitir la reelección del mandatario colombiano.
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La ex legisladora del departamento de Santander se entregó en la Fiscalía General luego de que la Corte ordenara su captura el viernes, sospechada de haber recibido sobornos a cambio de su voto a favor de la reelección en la enmienda constitucional de 2004, que permitió a Uribe mantenerse en el poder.
Medina dijo que tiene pruebas contundentes que involucran a funcionarios del gobierno en los ofrecimientos, lo que complica aún más a la administración de Uribe, sobre la cual ya pesa la investigación por los vínculos que dirigentes, legisladores y funcionarios oficialistas mantuvieron con jefes paramilitares.
«Este gobierno hizo un gran esfuerzo contra el clientelismo; éste es el gobierno que suprimió los auxilios parlamentarios; éste es el gobierno que reformó 420 entidades del Estado; éste es el gobierno que ingresó la meritocracia, o sea que es un gobierno que ha hecho un gran avance en todas esas materias», respondió ayer Uribe a las declaraciones de Medina.
El mandatario que goza de una popularidad de 84 por ciento, aseguró que su gobierno «persuade, no compra conciencias» y que «no tolera corrupción», según indicó el diario colombiano «El Tiempo». En dicha declaración reseñó que Medina había jurado ante la Procuraduría no haber recibido presiones y que la ex legisladora formaba parte del Partido Conservador, que había manifestado su respaldo a la iniciativa de instaurar en Colombia la reelección presidencial inmediata. Según Uribe, las presiones hacia Medina partieron de la oposición para que la ex congresista votara en contra de la reelección.
Medina, quien aseguró que Uribe estaba al tanto de los sobornos, llegó el domingo a la noche a la sede principal de la Fiscalía General en Bogotá, informó su abogado Ramón Ballesteros.
El letrado aseguró que Medina ofrecerá a la Justicia varios documentos que son «contundentes» como parte de la prueba de los beneficios ofrecidos, que aseguró no haber recibido aunque de todos modos cambió su voto y fue clave en la aprobación de la reelección presidencial.
«Vamos a ir ante la Justicia con las pruebas suficientes que hagan valer la afirmación de los beneficios ofrecidos; la idea es que se sepa la verdad de lo que pasó y asumir las consecuencias de parte de ella y de quienes pueda vincular la Corte», dijo Ballesteros en una entrevista con «Caracol Radio». Los hechos se remontan al 2 de junio de 2004, cuando en la Comisión I de la Cámara se votó la enmienda constitucional que permitió la reelección presidencial. El abogado también confirmó que la Procuraduría General reabrirá una investigación disciplinaria contra Medina por cargos como falso testimonio, fraude procesal y obstrucción a la Justicia.
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