Luego de realizar un relevamiento en 55 asentamientos de Montevideo, entre mayo y junio del 2022, Techo Uruguay elaboró un informe socio-económico en donde señala el incremento de los asentamientos en el período de los últimos tres años, y señala una mayor "percepción de aumento de las vulnerabilidades" desde que inició la pandemia del coronavirus hasta ahora. Además, registró que el 40% de los hogares en esos barrios no cuenta con acceso al agua potable.
Montevideo: el 40% de los hogares en asentamientos no tiene acceso al agua potable
La ONG Techo Uruguay publicó un informe del impacto social tras la pandemia Covid-19.
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Asentamiento en Uruguay.
Ya pasada la emergencia sanitaria, también pasó a un segundo plano la salud en la listas de las principales preocupaciones inmediatas en estas comunidades, dejando lugar a las dificultades que presenta la economía y el acceso a alimentos por parte de las familias. Muchas de ellas debieron complementar sus ingresos con el trabajo que realizan los merenderos y las ollas populares para alcanzar las comidas diarias.
Para el mayor porcentaje de los relevados (42,1%), los alimentos generan la mayor intranquilidad, y luego continúa la lista quienes identifican el problema en las fuentes de empleo (15,8%), y los que lo hacen en el agua potable y saneamiento (15,8%).
El informe expone las distintas carencias en el acceso a servicios básicos, como la energía eléctrica, donde el 40% de los barrios presenta conexiones ilegales. En lo que respecta al agua potable, el 39% de los hogares ni siquiera cuentan con una canilla. La mitad de las personas encuestadas son desempleados y dos tercios de los mismos sostienen que la situación laboral ha empeorado con respecto al inicio de la pandemia, así como así situaciones económicas a nivel familiar.
En los 55 asentamientos que se tomaron como referencia, se encontraron en funcionamiento unas 23 ollas populares, y unos 20 merenderos entre mayo y junio de 2022. Techo también destacó que pocas familias pueden presentar en su mesa las tres comidas diarias, y que se tiene en una mejor consideración a la ayuda recibida por organizaciones sociales frente a aquella que brindó el Estado.
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