Caracas (EFE, AFP) - El chavismo, que controla todo el Parlamento de Venezuela, sufrió ayer una clara fisura a raíz de una sugestiva controversia entre legisladores de diferentes sectores.
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Juan José Molina, del partido Podemos -que se resiste a integrarse en uno oficialista unificado-, le recriminó a su colega Carlos Escarrá, del Movimiento Quinta República (MVR), por haber acusado a «los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de delincuentes».
Así, Podemos se despegó de la decisión del pleno del Parlamento de acusar al máximo tribunal del país de «usurpación de funciones» legislativas por haber modificado la forma de pago del Impuesto a la Renta.
La sentencia del 27 de febrero que causó la controversia estableció que la base imponible de ese gravamen será, a partir de 2008, sólo el salario, sin tomar en cuenta bonos y otros beneficios. De este modo, el Estado se priva de percibir unos 280 millones de dólares, justo cuando el gobierno busca contener la orgía de gastos que infló el crecimiento económico del país a despecho de un fuerte aumento de la inflación.
«Exigimos pruebas, doctor Escarrá, de las denuncias que usted hizo. Exigimos que vayamos a los tribunales con esas pruebas y que dejemos de hablar aquí tonterías», afirmó Molina en la cámara en un tono inusual entre oficialistas.
El legislador y constitucionalista Escarrá -un hombre clave en el diseño institucional del «socialismo del siglo XXI» prometido por Hugo Chávez- respondió que Molina defiende a los magistrados porque Podemos sería la «nueva oposición» en la Asamblea Nacional.
Ese partido ya fue calificado por el presidente como una fuerza «casi en la oposición», luego de que junto con Patria para Todos (PPT) y el Partido Comunista (PCV) se resistiera a disolverse en el marco de la fundación de un Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Escarrá afirmó que los jueces deben ser investigados porque «todos tienen derecho al debido proceso», y «si son culpables, deben ir a la cárcel como todo culpable».
La presidenta del TSJ, Luisa Morales, aseguróla «independencia y autonomía» del Poder Judicial y destacó que sus decisiones tienenla «intención de fortalecer las institucionesdel Estado».
Representantes de la oposición venezolana han coincidido en que la pugna desatada por el Parlamento contra el Supremo buscaría la supuesta defenestración de algunos magistrados que «estorban» al gobierno de Chávez.
En tanto, en otro indicio de ruptura, el vicecanciller Rodolfo Sanz renunció al PPT ayer a la tarde y dijo que otros siete dirigentes abandonarán el partido obrerista. «El debate dentro del PPT se agotó, tuvo un techo y hemos sostenido la necesidad de aceptar el llamado del presidente Chávez para la disolución del PPT», dijo el alto funcionario.
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