La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Los cuatro departamentos de Bolivia de la llamada «media luna» agudizaron el enfrentamiento con el gobierno nacional, al amenazar con no acatar la futura Constitución y advertir sus planes de declararse autónomos, si el oficialismo insiste en el carácter de «originaria» de la Asamblea.
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Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, las provincias «ricas» bolivianas, lanzaron su amenaza el lunes a la noche, pero el oficialismo ratificó su posición de que la Asamblea sea «originaria» y sectores indigenistas analizan una denuncia por «sedición» contra los prefectos (gobernadores) de esos departamentos.
Tras cuatro horas de debate, los gobernadores de la «media luna» emitieron una declaración que titularon «Por una Bolivia democrática», en la que anunciaron que proclamarán la autonomía de sus regiones si la Asamblea Constituyente persiste en declararse «originaria», lo que dispuso al aprobarse el artículo primero del reglamento de funcionamiento. La decisión incluye el desacato anticipado a la nueva Carta Magna que debe salir de la Asamblea que sesiona en Sucre si el texto es promulgado «con vicios de nulidad». El punto polémico se sustenta en el hecho de que el carácter de «originaria» le otorga a la Asamblea la chance de modificar absolutamente todas las estructuras del Estado, una posibilidad que también dio pie a que los departamentos «rebeldes» especularan con la chance de una consulta.
Si la asamblea es originaria, vuelve atrás el estatus del país en sus 181 años de república, por lo que corresponde consultar a la ciudadanía si quiere o no ser parte de la «nueva Bolivia», explicaron.
«En caso de persistir el irrespeto a ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y de aprobarse una reforma constitucional al margen de ella, expresamos nuestra decisión de no acatar el texto de la nueva Constitución política del Estado», reza la declaración de la «media luna».
La declaración de «originaria» había generado ya duros cuestionamientos de la oposición, que anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional e incluso a instancias internacionales, como la OEA y la ONU.
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