Estocolmo - Para los anti-guos ciudadanos de la República Democrática de Ale-mania, la forma de actuar de la policía de seguridad de su antiguo régimen, la llamada Stasi, era la peor forma de opresión posible. Para todos ellos, el nombre de Stasi era sinónimo de espionaje doméstico y de ciudadanos que se dedicaban a informar. Pero mientras que las estimaciones más rigurosas cifraban el número de integrantes de la red de información de la Stasi entre 1% y 2,5% de la población, EE.UU. prepara un programa de características muy similares y para el que se va a reclutar a un mínimo de 4% de su población. Anteriormente, y con ocasión de la aprobación de la Ley Patriótica, los colectivos pro derechos civiles ya habían advertido de los potenciales abusos que pueden producirse como consecuencia de las investigaciones a gran escala previstas sobre los propios ciudadanos norteamericanos. Laura Murphy, directora de la delegación de la ACLU (American Civil Liberties Union) en Washington, acusaba a la mencionada Ley Patriótica de otorgar a la «red nacional de agencias de la ley de unas facultades extraordinarias, no sometidas a ningún tipo de control judicial».
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La empresa BMG Ariola Argentina SA aclaró que no tiene ningún tipo de problema de continuidad y que opera normalmente dentro y fuera del sistema financiero. BMG es una compañía perteneciente al grupo alemán Bertelsmann (vía Bertelsmann Music Group) y tiene dirección en la calle Talcahuano 750, 6º piso de la Capital Federal. Por el contrario, sí tiene problemas de continuidad BGM Industria del Disco. Es entonces dicha empresa la que debería haber aparecido en los listados de quebrantos en la página 4 de la edición de Ambito Financiero del 4 de marzo pasado.
Ahora, por medio del programa TIPS (Sistema de Información y Prevención del Terrorismo), se crea una red nacional de voluntarios a los que se dotará de «formación, material y de un sistema de comunicación apropiado, por medio del cual puedan informar regularmente sobre actividades sospechosas al FBI». Al igual que la Ley Patriótica, el programa TIPS se pone en marcha como una pieza más de la guerra de EE.UU. contra el terrorismo. Este proyecto ha sido diseñado por el Departamento de Justicia, el mismo organismo del que depende jurisdiccionalmente el FBI. El programa TIPS va a reclutar, primordialmente, a personas que ejerzan profesiones que les permitan un fácil acceso a hogares, empresas o sistemas de transporte norteamericanos. Los carteros, repartidores y camioneros serán, entre otros, los objetivos preferentes de dicho reclutamiento. Está previsto que en agosto próximo se inicie una experiencia piloto del programa en 10 ciudades norteamericanas. En este primer estadio, el plan va a contar con una gran cantidad de colaboradores. El total de informantes alcanzará la cifra de un millón de personas para una población total de 24 millones de habitantes, es decir, uno por cada 24 personas. Según el procedimiento previsto por el Departamento de Justicia, los informes procedentes de las personas integrantes de esta red entrarían en las bases de datos oficiales, para referencias futuras. Por lo que se refiere a la persona investigada, ésta nunca llegaría a conocer la existencia de su informe.
• Posibilidad
Por su parte, la Ley Patriótica prevé la posibilidad de investigar en domicilios particulares sin necesidad de informar a los ciudadanos afectados ni de los dispositivos que eventualmente se hubieran instalado o utilizado a tal fin en sus propiedades. Los niveles local y estatal del TIPS estarán coordinados, mediante competencias de ámbito nacional, por la Agencia Federal de Control de Emergencias (FEMA, en inglés). La FEMA es un organismo de planificación de acciones ante las catástrofes naturales, aunque también recaen bajo su responsabilidad áreas tales como las de desórdenes nacionales o el terrorismo.
La FEMA, como parte de las medidas de seguridad nacional tomadas en tiempos de Ronald Reagan, fue dotada de unas atribuciones nuevas, que incluían la detención y confinamiento de extranjeros o nacionales radicales, para ser recluidos en campos de internamiento. Estos planes se desarrollaron durante un período en el que la Administración Reagan estudió con detalle la invasión de Nicaragua. En referencia a todo este asunto, es de destacar la insólita medida adoptada por el presidente Bush, a finales del año pasado, de «sellar» los documentos presidenciales de Reagan. La propia creación de un «gobierno en la sombra» fue una medida de Reagan en sus planes para la seguridad nacional. Respecto de dicho «gobierno», el equipo de George W. Bush explicó que su creación respondía a medidas de precaución para asegurar la continuidad del gabinete en caso de una ataque terrorista. Entre todas estas medidas de seguridad nacional, se encuentra, también, un controvertido plan que prevé la suspensión de la Constitución, la declaración de la ley marcial y el traspaso del control de la nación al presidente y a la FEMA, dejando a un lado al Congreso.
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