El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el nuevo Reglamento del Usuario de los servicios de agua potable y desagües cloacales que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Lo hizo a través de la Resolución 46/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y la medida empieza a regir mañana.
Uno de los cambios centrales tiene que ver con la falta de pago. Antes de cortar el servicio a un usuario residencial, la empresa deberá aplicar una restricción temporal del suministro durante al menos 60 días corridos, es decir, entregar un caudal limitado de agua por unidad funcional.
Según el ente, el objetivo es dar a los hogares con problemas económicos “un plazo razonable” para tramitar la Tarifa Social o firmar un plan de pagos. El proyecto original de AySA, en cambio, preveía el corte directo una vez vencidos los plazos de mora.
Si después de esos dos meses el usuario no regulariza la deuda, no se suma a la Tarifa Social ni firma un plan de pagos, la concesionaria podrá mantener la restricción o avanzar con el corte. Para las cloacas la regla es más estricta: AySA no podrá cortar el servicio cloacal a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS y sin que el organismo se haya pronunciado.
Tampoco podrá haber restricción ni corte cuando exista un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del ente. La empresa no podrá aplicar estas medidas por su cuenta a usuarios sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles, ni a quienes tengan la Tarifa Social vigente. Si se comprueba que un corte fue improcedente, AySA tendrá 48 horas para restablecer el servicio y deberá pagarle al usuario el 3% de la última factura por cada día de atraso.
Toda restricción o corte deberá estar precedido de una intimación fehaciente, que podrá enviarse por medios electrónicos y que tendrá que informar sobre la Tarifa Social. Si el aviso llega por esa vía, no se cobrará el cargo por aviso de corte.
En cuanto a la atención al público, uno de los puntos más cuestionados en el último tiempo, el reglamento obliga a la empresa a mantener la sede central y, además, una oficina presencial fija y una unidad móvil diaria en cada una de sus regiones: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y CABA. Las unidades móviles deberán publicar su cronograma con un mes de anticipación y podrán hacer los mismos trámites que las oficinas. Según el ERAS, de esta manera se toman en cuenta las críticas por la reducción de la atención presencial, sobre todo en el caso de los usuarios que tienen dificultades para usar los canales digitales.
El texto también fija plazos máximos de respuesta: 24 horas cuando haya riesgo inminente para las personas, 48 horas para reconectar el servicio después del pago, 10 días hábiles para pedidos de reconexión y 30 días para reclamos en general. Si la empresa no responde a tiempo o la respuesta no conforma al usuario, este podrá recurrir al ERAS. Todas las respuestas deberán ser fundadas e informar ese derecho.
Quien reclame por una factura mal liquidada mantendrá el servicio hasta que se resuelva el caso y no tendrá que pagar esa boleta si abonó la última que no objetó. Además, no se le podrán cobrar recargos ni intereses por el tiempo en que AySA se demore en contestar.
Otras disposiciones obligan a la empresa a enviar las facturas al menos 10 días antes del vencimiento, a guardar en la Oficina Virtual copias de las boletas de los últimos 12 meses y a incluir en ellas el teléfono gratuito del ente regulador. En materia de medidores, AySA deberá dejar una constancia de la primera lectura dentro de los 15 días de la instalación y hacer las inspecciones con turno previo y personal identificado, salvo emergencias.
El reglamento llega después de un trámite con objeciones. La Sindicatura de Usuarios del ERAS había rechazado la redacción de 23 artículos del borrador de AySA porque los consideraba regresivos frente a la Ley de Defensa del Consumidor, y pidió suspender su aprobación hasta que se conociera el contrato de concesión. Hubo planteos en la misma línea de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, de la Defensoría del Pueblo bonaerense y de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El ente sostuvo que la nueva versión recoge “en lo sustancial” esos planteos, aunque dejó afuera los que apuntaban al régimen de mora, la prescripción o la ejecución fiscal de deudas, porque dependen del marco regulatorio o del contrato de concesión y exceden su competencia. Sobre la facturación durante cortes prolongados, el ERAS dijo compartir el reclamo y anticipó que se tratará en un reglamento aparte, que deberá incluir descuentos en las facturas de los usuarios afectados.
En la audiencia pública del 26 de octubre por las tarifas cloacales, varios expositores reclamaron que se aprobara rápido el reglamento. Entre ellos estuvo el intendente de Esteban Echeverría, y la asociación de consumidores ADECUA advirtió que no existe un Reglamento del Usuario al menos desde 2008.