El Ministerio de Trabajo bonaerense fijó una nueva audiencia de conciliación para este jueves 30 de abril y advirtió que habrá sanciones para quienes no respeten la convocatoria.
La cartera laboral de la administración de Axel Kicillof emitió una nueva cédula de notificación urgente que busca obligar a la compañía a sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones.
Tras el agotamiento de las instancias de negociación en la órbita nacional y la determinación de la empresa de no retroceder con el cierre de sus operaciones productivas en la planta de FATE en San Fernando, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantiene un rol protagónico en el conflicto que involucra la fabricante de neumáticos.
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A instancias del Ministerio de Trabajo bonaerense, esta semana habrá una nueva audiencia de conciliación pese a la resistencia de la parte empresaria.
La cartera laboral de la administración de Axel Kicillof emitió una nueva cédula de notificación urgente que busca obligar a la compañía a sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones, bajo la advertencia de severas sanciones legales y económicas.
El Ministerio fijó una nueva audiencia de conciliación para este jueves 30 de abril a las 9. Según el documento oficial, la reunión será virtual y se celebrará mediante videoconferencia a través de la plataforma Google Meet.
Lo relevante de esta convocatoria no es solo la fecha sino el tono del emplazamiento: el Estado provincial advirtió que habrá sanciones para quienes no respeten la convocatoria, apuntando indirectamente contra la dirección de la compañía, que ya anticipó su rechazo a participar en nuevas reuniones alegando que la conciliación obligatoria original ya concluyó y no requiere ser renovada.
Hasta ahora, FATE mantiene una postura inflexible. La empresa sostiene que más del 80% de su plantilla original de 920 operarios ya aceptó las desvinculaciones o retiros voluntarios, hecho que, según su visión, torna abstracta cualquier mesa de negociación que pretenda la reapertura de la planta.
No obstante, la Dirección Regional Tigre del Ministerio de Trabajo, bajo la coordinación de Sergio Sánchez, endureció el lenguaje administrativo. La cédula enviada al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y a la representación legal de FATE SAICI cita explícitamente los artículos 7 y 8 de la Ley 10149.
Estos artículos establecen que la concurrencia de las partes a la audiencia es obligatoria y se efectuará bajo apercibimiento de ser "conducido por la fuerza pública" en caso de inasistencia injustificada.
Además, se mencionan multas que podrían incrementarse sustancialmente si se constata "obstrucción a la actuación de las autoridades administrativas".
El documento recibido por las partes es contundente al citar el artículo 8 de la Ley 12.415, que califica como "obstrucción" cualquier acto que perturbe o retrase la actuación de las autoridades del trabajo.
Las multas previstas incluyen montos desactualizados. Oscilan entre los $200 y los $5.000 por trabajador afectado, pero con una cláusula agravante: en casos de especial gravedad y contumacia, la autoridad administrativa podrá adicionar una suma que no supere el 10% del total de las remuneraciones devengadas en el establecimiento en el mes anterior.
En ese caso, la cifra puede aumentar considerablemente y se sumaría a los embargos que ya pesan sobre la firma por más de $3.000 millones por falta de pago de salarios caídos durante el período de conflicto, según determinó la Justicia laboral.
Paralelamente a la batalla en los tribunales y en las oficinas del Ministerio de Trabajo, el sindicato que conduce Alejandro Crespo está desplegando una intensa agenda política en territorio bonaerense.
Ante la deserción de la Secretaría de Trabajo de la Nación el mes pasado en las gestiones de acercamiento, el Sutna centró sus gestiones en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y en la propia gobernación.
El gremio presentó a los legisladores provinciales un proyecto de "Ocupación temporal" de la planta de FATE, una medida extrema que busca que el Estado provincial tome el control de los activos productivos para garantizar la continuidad laboral.
Aunque desde el entorno de Kicillof califican la propuesta como de difícil implementación jurídica y económica, el gesto político de recibir a los trabajadores y permitir que el conflicto se discuta en las comisiones legislativas fue interpretado como un respaldo a la lucha sindical frente a la patronal.
Ese involucramiento también se reflejó en el plano legislativo nacional. Con aval político del oficialismo bonaerense, el conflicto fue llevado al Congreso Nacional mediante dos proyectos de ley impulsados por legisladores vinculados al gobernador provincial.
Uno de los proyectos propone declarar la emergencia del sector del neumático, considerado estratégico para la Argentina ya que FATE era la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos.
El otro proyecto contempla la aplicación del mecanismo de ocupación temporal de la planta similar al que impulsa el Sutna en el ámbito bonaerense.
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