La historia de Alfajores Baltazar S.A., la empresa que produce y comercializa los alfajores Alfa Pampa, parecía hasta hace pocos meses la de una pyme que había logrado abrirse camino en un mercado dominado por grandes marcas. Fundada en 2011 por Mariano Bonaventura y Sebastián Espina con una inversión inicial cercana a los u$s60.000, comenzó elaborando alfajores con una pequeña máquina usada y, con el paso de los años, llegó a producir cerca de un millón de unidades por mes, alcanzar una capacidad instalada de 3,5 millones de alfajores mensuales, distribuir sus productos en más de 260 ciudades del país y exportar a Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Sin embargo, ese crecimiento se frenó abruptamente. La Justicia comercial declaró abierto el concurso preventivo de Alfajores Baltazar S.A., luego de que la propia empresa reconociera que la caída del consumo, el incremento del endeudamiento financiero y la pérdida de capital de trabajo la llevaron a una situación de cesación de pagos.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 27, que el pasado 25 de junio abrió formalmente el proceso concursal. De acuerdo con el edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, los acreedores tendrán plazo hasta el 9 de octubre para verificar sus créditos, mientras que la sindicatura presentará su informe individual el 25 de noviembre y el informe general en febrero de 2027.
Del plan para facturar $4.000 millones al concurso preventivo
El contraste entre el discurso de la empresa y los números de sus balances refleja la velocidad con la que se agravó la crisis.
En diciembre del año pasado, Bonaventura aseguraba que Alfa Pampa proyectaba alcanzar una facturación de $4.000 millones durante 2026, apoyada en un plan de inversiones por $500 millones para automatizar la producción, desarrollar nuevos productos y ampliar las exportaciones. Aunque admitía que 2025 había sido el primer año con caída de ventas desde la creación de la firma, sostenía que la estrategia apuntaba a recuperar el crecimiento y aprovechar una capacidad instalada que apenas estaba utilizada en un 29%.
Pero los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2025 muestran una realidad completamente distinta. Las ventas se redujeron de $3.646 millones en 2024 a $2.545 millones en 2025, una caída superior al 30%. Esa retracción terminó impactando de lleno sobre la rentabilidad: la empresa pasó de obtener una ganancia de $136,5 millones a registrar una pérdida de $1.088,5 millones en apenas un ejercicio.
El deterioro también quedó reflejado en el patrimonio neto, que se desplomó desde $596 millones hasta apenas $19,4 millones, una caída cercana al 97%. Al mismo tiempo, el pasivo total creció de $931 millones a $1.241 millones, mientras que los resultados financieros negativos prácticamente se cuadruplicaron, al pasar de $135 millones a casi $499 millones, reflejando el fuerte peso que adquirió el financiamiento bancario en un contexto de tasas elevadas.
Otro indicador del ajuste fue la reducción del stock. Los bienes de cambio pasaron de $904 millones a $463 millones, prácticamente la mitad que un año antes, en línea con la menor actividad de la compañía.
Más de $1.000 millones de deuda y un ajuste que no alcanzó
En la presentación realizada ante la Justicia, la compañía explicó que el deterioro respondió a una combinación de factores: la caída del consumo masivo, la concentración de las ventas en pocos clientes, el incremento de los costos financieros y fiscales y la imposibilidad de sostener el capital de trabajo.
Como parte de ese proceso, la empresa reconoció que en agosto de 2025 inició una reducción de personal para adecuar su estructura al menor nivel de actividad. Sin embargo, la medida no alcanzó para revertir el deterioro financiero. Actualmente, la firma cuenta con 27 trabajadores.
Además, la documentación presentada en el expediente también muestra la magnitud del pasivo. La deuda denunciada supera los $1.000 millones, con una fuerte concentración en proveedores de materias primas, entidades financieras, organismos fiscales y de seguridad social. Entre los principales acreedores figura Ernesto Rodríguez e Hijos (Vacalin), proveedor de dulce de leche, al que la empresa le adeuda más de $224 millones por la compra de materia prima. También aparecen importantes compromisos con bancos y organismos públicos.
La crisis financiera también quedó reflejada en el sistema bancario. Según los últimos registros del Banco Central, Alfajores Baltazar mantiene deudas por más de $507 millones con Banco Provincia, Banco Nación, Banco Galicia y Banco Macro, parte de ellas ya clasificadas en situación 2, con atrasos de hasta 80 días. Además, registra un cheque rechazado por $8 millones, otro indicador de las dificultades que atravesaba para cumplir con sus compromisos de pago.
Con el concurso preventivo ya abierto, Alfajores Baltazar buscará ahora negociar con bancos, proveedores, organismos fiscales y el resto de sus acreedores para reestructurar un pasivo que terminó dejando en suspenso el ambicioso plan de crecimiento con el que, hasta hace pocos meses, pretendía consolidar a Alfa Pampa como una de las marcas nacionales con mayor proyección dentro del mercado de alfajores y expandir su presencia en el exterior.
