Lácteos Verónica, bajo sospecha: crecen los reclamos y apuntan a maniobras de vaciamiento

La empresa adeuda salarios completos de mayo, acumula cheques rechazados por más de $1.500 millones y enfrenta cuestionamientos por maniobras con otra firma del mismo grupo. Exigen una mesa de crisis urgente en Santa Fe.

Lácteos Verónica llegó a procesar un millón de litros de leche por día y hoy tiene sus tres plantas paralizadas. 

Los salarios no se pagan, la producción está paralizada y los cheques rebotan por millones. La postal de Lácteos Verónica ya no deja lugar a dudas: la histórica firma santafesina atraviesa una crisis profunda, mientras crecen las denuncias por posibles maniobras de vaciamiento encubiertas. Esta semana, el conflicto sumó un nuevo capítulo: diputados provinciales exigieron al Gobierno de Santa Fe que intervenga de inmediato, ante el temor de que la empresa abandone su operación sin asumir responsabilidades con sus más de 700 empleados.

Reclamos políticos y alerta social

Los legisladores Carlos Del Frade, Marcos Corach y Celia Arena presentaron pedidos formales para que el Ejecutivo provincial convoque una mesa de trabajo urgente, integrada por el gobernador, ministros y representantes gremiales. El objetivo es frenar el deterioro de una compañía clave en localidades como Clason, Lehmann y Suardi, donde la actividad láctea representa el sustento directo de cientos de familias.

El reclamo se da en un contexto en el que la empresa no abonó ni un peso de los sueldos de mayo, mantiene atrasos con aportes previsionales y sociales, y tampoco ofrece respuestas públicas. En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la Nación, que ofició de mediador en tres audiencias previas, se limitó a emitir exhortaciones sin avances reales.

Sospechas sobre una crisis inducida

Según un informe difundido por los trabajadores de la planta Clason, la situación actual no responde a una coyuntura económica desfavorable, sino a una estrategia deliberada para licuar pasivos y transferir recursos. Verónica, aseguran, dejó de presentar balances públicos, a pesar de que entre 2020 y 2025 exportó por más de u$s102 millones, con picos de crecimiento incluso durante la pandemia.

En 2024, sus ventas al exterior alcanzaron u$s18,4 millones, y en el primer cuatrimestre de 2025 ya suman u$s3,8 millones, con destino central en Argelia y foco en leche en polvo entera, que explica el 95% del volumen exportado. Sin embargo, en el plano doméstico, la empresa no logra sostener ni el pago de salarios ni la continuidad operativa.

A esto se suma un frente financiero delicado. Según la central de deudores del Banco Central, Verónica acumula cheques rechazados por más de $1.500 millones, y el dato clave es que el vínculo con tambos y proveedores está roto.

Las Becerras S.A.: negocios paralelos y vínculos familiares

Uno de los ejes que más preocupación genera es la relación entre Verónica y Las Becerras S.A., una empresa constituida en 2012 en Rosario por integrantes de la familia Espiñeira, controladora del grupo. El objeto social de esta firma le permite operar en actividades agropecuarias, financieras e inmobiliarias, lo que, según denuncian los empleados, facilita la triangulación de activos.

Documentos del INTA dan cuenta de colaboraciones entre ambas compañías ya en 2017. A ello se suma la sospecha de transferencia de campos y maquinaria, en condiciones poco claras y posiblemente por fuera del radar de proveedores, acreedores y organismos de control. Las Becerras sigue activa, con directorio renovado y sin conflictos públicos ni deudas registradas, lo que refuerza las sospechas de que se está utilizando como vehículo para aislar activos rentables.

De la expansión a la parálisis

Durante la pandemia, Verónica llegó a cargar hasta 23 camiones diarios desde la planta de Clason y procesaba más de un millón de litros de leche en jornadas pico. Hoy, la producción está completamente detenida y no hay materia prima ni insumos para retomar la actividad. La caída fue progresiva: en sus últimos meses operativos, no alcanzaba ni los 200.000 litros diarios, apenas una fracción de su capacidad instalada.

La empresa, que evitó ingresar a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en 2019, redujo personal en silencio e incluso logró expandir su producción. Mientras tanto, actualmente su deuda financiera en pesos es moderada respecto al giro de la compañía, pero el descalce operativo y el deterioro de su cadena de pagos dejan al borde del colapso a su estructura productiva.

Consecuencias concretas y urgencia política

La dimensión social del conflicto es cada vez más grave: hay trabajadores que no pueden continuar tratamientos médicos por la falta de cobertura, otros suspendieron estudios de sus hijos, y las familias dependen de changas o asistencia de vecinos. En Totoras, una localidad de 14.000 habitantes, más de 200 familias están afectadas directamente.

“Esta es la dimensión humana de una crisis que no admite dilaciones ni indiferencia”, plantearon los legisladores al pedir la intervención estatal. Mientras tanto, la conducción empresaria se mantiene en silencio, y el riesgo de una salida desordenada sin asumir pasivos ni responsabilidades crece día a día.