El reconocido artista provocó un verdadero drama con su herencia, la cual tuvo varios giros que involucraron a sus hijos e incluso al gobierno francés.
Picasso no dejó una herencia clara, por lo que el conflicto entre sus hijos derivó en varios acuerdos legales que costaron una fortuna.
Pablo Picasso murió en 1973 con una fortuna valuada en millones de dólares, miles de obras guardadas en sus casas y ningún testamento. Nadie sabía con precisión cuánto había dejado ni cómo debía repartirse entre las personas con derecho a recibirlo.
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Ordenar todo llevó años. Antes de discutir quién se quedaba con cada cosa hubo que recorrer propiedades, registrar decenas de miles de piezas, establecer su valor y resolver una sucesión que terminó involucrando a abogados, especialistas y al propio gobierno francés.
El relevamiento terminó con unas 45.000 piezas. Había 1.885 pinturas, 1.228 esculturas, 7.089 dibujos, cerca de 30.000 grabados, 3.222 cerámicas y 150 cuadernos de bocetos, además de fotografías, documentos, tapices, planchas de cobre y trabajos de otros artistas.
A todo eso se sumaban cinco propiedades, unos u$s4,5 millones en efectivo, alrededor de u$s1,3 millones en oro y dinero invertido en acciones y bonos. El problema era la ausencia de un registro único con el detalle de todo lo que poseía.
Tampoco era sencillo determinar cómo repartirlo. Picasso había tenido cuatro hijos y, al momento de su muerte, algunas cuestiones legales sobre la sucesión todavía debían resolverse. Claude y Paloma fueron reconocidos formalmente como herederos en 1974, mientras la muerte de Paulo en 1975 hizo que su parte pasara a sus propios descendientes.
Después vino otro desafío: ponerle precio a cada obra. Entregar la misma cantidad de piezas a cada persona no garantizaba un reparto parejo, porque una pintura podía valer mucho más que decenas de dibujos o grabados. Más de 50 profesionales participaron del inventario, las tasaciones y las negociaciones.
El acuerdo tardó seis años. Hubo alrededor de 60 reuniones y los gastos legales, administrativos y de valoración llegaron a unos u$s30 millones. Finalmente, un experto designado por la Justicia calculó el patrimonio en cerca de u$s250 millones.
Esa cifra corresponde a la tasación realizada entonces y quedó muy lejos de los precios alcanzados por sus trabajos décadas después. En 2015, por ejemplo, "Les Femmes d'Alger (Version O)" se vendió por u$s179,4 millones.
La sucesión abrió además una cuenta difícil de pagar: los impuestos. Gran parte de la riqueza estaba concentrada en arte, por lo que vender cientos de piezas para conseguir efectivo podía dispersar la colección y colocar una cantidad enorme de trabajos en el mercado al mismo tiempo.
Francia tenía desde 1968 una ley con otra salida. Permitía cancelar impuestos sucesorios mediante la entrega al Estado de obras consideradas especialmente importantes desde el punto de vista artístico o histórico.
Los descendientes utilizaron ese mecanismo y una parte de la deuda quedó saldada con trabajos del propio pintor. Las autoridades pudieron seleccionar piezas de diferentes momentos de su carrera, en lugar de recibir simplemente aquellas que nadie quisiera conservar.
La primera entrega reunió 203 pinturas, 158 esculturas, 88 cerámicas, casi 1.500 dibujos, más de 1.600 grabados y 33 cuadernos de bocetos. Ese conjunto se convirtió en la base del Musée Picasso de París, inaugurado en 1985.
La colección siguió creciendo con nuevas donaciones y otros acuerdos realizados después de las muertes de Jacqueline Picasso y Maya Ruiz-Picasso. Actualmente reúne más de 5.000 trabajos, junto con fotografías, cartas, manuscritos y documentos personales.
El reparto de las obras no terminó con la herencia. Quedaban los derechos para reproducirlas y utilizar comercialmente el nombre, la imagen y la firma del artista, algo que con los años también comenzó a mover grandes cantidades de dinero.
En 1995, Claude Picasso creó la Administración Picasso para centralizar esa gestión. Desde allí se empezaron a autorizar reproducciones y exposiciones, negociar licencias y controlar el uso comercial de la marca familiar.
Uno de los acuerdos más conocidos llegó a fines de la década de 1990. Citroën obtuvo permiso para colocar el apellido y una versión de la firma del pintor en una línea de autos. El convenio inicial habría rondado los u$s20 millones, además de los pagos posteriores por la licencia.
Así nació el Citroën Xsara Picasso y luego aparecieron otros modelos con el mismo nombre. Los vehículos vendieron millones de unidades, aunque la decisión generó diferencias entre los descendientes. Marina Picasso, una de sus nietas, se opuso públicamente al uso del apellido en autos.
También se otorgaron permisos para libros, exposiciones, reproducciones y algunos productos de lujo. Al mismo tiempo, la organización quedó a cargo de perseguir falsificaciones y usos no autorizados de las obras o de la identidad del artista.
Claude dirigió esa estructura durante décadas. En 2023, poco antes de su muerte, Paloma Picasso quedó al frente de una parte del negocio que nació mucho después de aquella sucesión caótica y todavía mantiene valor.