Vicentin: Grassi contestó impugnaciones y pidió al juez avanzar con la homologación

La firma rosarina rechazó los cuestionamientos y recordó que la sindicatura certificó que reunió el 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado. Solicitó que se declare la existencia del acuerdo y se ordene la adjudicación de las acciones.

Vicentin entré en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.500 millones. 

El proceso judicial de Vicentin avanzó esta semana con un movimiento esperado dentro del trámite del cramdown. Grassi presentó un escrito detallado en el que respondió las impugnaciones formuladas por Molinos Agro – Louis Dreyfus Company (MOA/LDC) y por algunos acreedores individuales, y ratificó que su propuesta de salvataje reunió ambas mayorías legales. Con ese marco, la empresa volvió a solicitar al juez Fabián Lorenzini que dicte la homologación del acuerdo preventivo y adjudique las acciones conforme al mecanismo previsto por la Ley 24.522.

El descargo se apoya en el dictamen que emitió días atrás la sindicatura plural, integrada por Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García, que verificó la existencia de 1.141 adhesiones válidas sobre 1.708 acreedores computables, equivalentes al 65,97% de las cápitas y al 84,99% del capital verificado. Entre ellas figura la conformidad de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), presentada digitalmente el 31 de octubre y acompañada de firma certificada, cuyo ingreso oportuno al portal aseguró el cumplimiento de los requisitos legales.

Grassi despliega su defensa y cuestiona las impugnaciones

En su presentación, la firma sostuvo que “no existe irregularidad alguna que pueda afectar la validez del acuerdo alcanzado”, y señaló que las impugnaciones buscan reabrir debates ya resueltos por el tribunal o por el órgano concursal. El escrito responde en particular a los cuestionamientos de Molinos y Dreyfus sobre algunas conformidades y cesiones de crédito. Allí afirma que “todas las voluntades computadas cumplen con las exigencias formales de firma digital, electrónica u ológrafa” y que, de acuerdo a lo informado por la sindicatura, las cesiones de entidades como Bunge Agritrade, IFC, Rabobank, ING, MUFG, Natixis y Banco Macro fueron verificadas y poseen “plena eficacia” para el cómputo.

El descargo también aclara que ciertos planteos buscan excluir adhesiones de entidades vinculadas, como Avir South SARL, o de firmas radicadas en Paraguay, pese a que sus créditos fueron reconocidos en el expediente y sus presentaciones se encuentran respaldadas por documentación válida. “Se advierte el intento de subsumir bajo la figura de impugnación cuestiones que ya han sido tratadas y descartadas en instancias previas”, sostiene Grassi, que cuestiona el “carácter tardío” y la “falta de sustento técnico” de varios planteos.

Otro punto central del escrito es la interpretación del artículo 48 inciso 7 de la Ley 24.522, que regula el procedimiento cuando el deudor presenta valuación negativa del capital social. Allí, el legislador prevé que el tercero que alcanza las mayorías adquiere el derecho a la transferencia de las acciones “sin otro trámite, pago o exigencia adicional”. Grassi refuerza esta posición citando doctrina que define este esquema como un mecanismo “automático” una vez cumplidas las condiciones legales.

El rol del juez y el cierre que se aproxima

La contestación de impugnaciones se enmarca en el plazo de cinco días que abrió Lorenzini cuando reconoció que Grassi fue el primer oferente en comunicar la obtención de las mayorías dentro del período legal. Esa instancia, que forma parte del procedimiento de control, debía completarse antes de que el magistrado esté en condiciones de dictar la sentencia de homologación.

En paralelo, el expediente recuerda que en los días previos al cierre del 31 de octubre el juez ordenó a MOA/LDC retirar de su portal web cualquier herramienta que pudiera inducir a acreedores a revertir conformidades ya otorgadas, una advertencia que buscó preservar la neutralidad del proceso. Si bien el consorcio también informó haber alcanzado mayorías, sus adhesiones no ingresaron en tiempo y forma al sistema, motivo por el cual no fueron validadas como tales por la sindicatura.

Con ese escenario, la presentación de esta semana consolida la posición de Grassi dentro del expediente. La empresa reiteró ante el tribunal que, al estar las mayorías certificadas y haberse verificado la validez formal de cada adhesión, corresponde que se declare la existencia del acuerdo preventivo y se ordene la transferencia del capital accionario.

De avanzar hacia la homologación, Grassi quedará habilitada para implementar su plan operativo, que incluye continuidad productiva, recomposición del vínculo con productores a través de mecanismos comerciales preferenciales y un esquema de recuperación total para acreedores financieros que aporten prefinanciación de exportaciones. La compañía ya anticipó que esa estructura apunta a restituir el flujo de mercadería y reposicionar a Vicentin dentro del entramado agroindustrial de la zona de San Lorenzo.

A casi seis años del default superior a u$s1.500 millones, el concurso más relevante del sector se acerca a un punto de definición. Tras las impugnaciones, los descargos y las validaciones técnicas, el expediente quedó ahora en manos del juez Lorenzini, que deberá resolver si están dadas las condiciones para cerrar el proceso y habilitar la nueva etapa bajo administración del oferente ganador.