Vicentin: el juez frena maniobras de Molinos y Dreyfus en la pulseada por el control de la empresa

Lorenzini ordenó a las exportadoras suprimir del portal de votación cualquier mecanismo que induzca a revertir adhesiones. Grassi avanza con apoyo de acreedores y se acerca a las mayorías del cramdown.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.500 millones. 

En una semana decisiva para el salvataje judicial de Vicentin, el juez Fabián Lorenzini intervino para contener la tensión entre los grupos que compiten por quedarse con el control de la cerealera santafesina. En una resolución firmada este miércoles, el magistrado ordenó a Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) que eliminen de su portal web cualquier mecanismo que induzca a los acreedores a revocar conformidades ya otorgadas a otras propuestas, en clara alusión a la iniciativa presentada por Grassi.

La medida se conoció horas después de la vista de la sindicatura plural, que había rechazado los pedidos de exclusión impulsados por Molinos y LDC contra Avir South S.A.R.L., acreedora vinculada al Grupo Grassi. En su dictamen, los síndicos Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García sostuvieron que no corresponde excluir acreedores en esta etapa del salvataje y que la base de cómputo debe incluir a todos los créditos con sentencia firme, tanto los verificados como los provenientes de revisiones o verificaciones tardías.

La resolución deja ahora en manos del juez Lorenzini la definición sobre un punto clave que podría reconfigurar el mapa de mayorías en el proceso de cramdown.

Una carrera contrarreloj hacia el 31 de octubre

El plazo para reunir las adhesiones vence el 31 de octubre, y la disputa entre las dos ofertas en pugna, la de Grassi por un lado y la conjunta de Molinos Agro y LDC por el otro, entró en su tramo final. Según fuentes del proceso, Grassi ya tendría aseguradas alrededor de 700 adhesiones y un porcentaje significativo del capital verificado, con especial respaldo del Grupo Cima, principal acreedor financiero del concurso, que representa alrededor del 37% del pasivo exigible.

El plan del corredor rosarino se apoya en un esquema productivo de continuidad: propone relanzar la operatoria de Vicentin bajo un modelo asociativo, priorizando la recompra de granos con sobreprecio para los acreedores que vuelvan a venderle soja a la nueva empresa. “El que entregue soja podrá recuperar el doble de lo que perdió con la vieja Vicentin”, aseguran cerca del oferente, que ya avanza con un cupón de 3,5 millones de toneladas anuales destinado a este mecanismo.

Además, los acreedores financieros que aporten nueva prefinanciación de exportaciones podrían alcanzar una recuperación del 100% de su deuda, combinando capital y nuevo crédito. La propuesta fue recibida con interés entre bancos locales y algunos productores, que valoran la idea de mantener viva la cadena agroexportadora de San Lorenzo.

La terminal portuaria de Vicentin es uno de los activos más codiciados.

La contraoferta de Molinos y LDC: agresiva, pero tardía

Recién el 17 de octubre, a apenas diez días hábiles del cierre del proceso, Molinos Agro y LDC presentaron una oferta alternativa, segmentando a los acreedores según el monto de su deuda y ofreciendo pagos inmediatos del 80% para los créditos menores a u$s130.000. Su propuesta incluye también opciones a tres y diez años con una tasa de interés anual del 4%, y la posibilidad de convertir deuda en acciones preferidas rescatables.

El plan fue interpretado en el mercado como un intento de frenar el avance de Grassi más que de ganar la compulsa. Varias fuentes del expediente remarcan que las cerealeras “llegaron tarde al proceso” y que su estrategia busca evitar que Grassi alcance la mayoría de cápitas, dejando la puerta abierta a una eventual compra de activos en un escenario de quiebra.

El fallo del juez Lorenzini de este miércoles parece apuntar en esa misma dirección. “En procura de preservar la continuidad formal del proceso de salvataje, se requiere a las empresas MOA y LDC que eliminen de su portal cualquier tipo de mecanismo que pueda inducir a los acreedores a revocar conformidades de otros postulantes”, sostuvo el magistrado, acompañado por la secretaria Janina Yoris. La decisión fue celebrada entre los representantes de los acreedores que ya habían expresado su voto favorable a Grassi.

La definición, en manos de los acreedores

El informe de la sindicatura también deja clara la diferencia jurídica entre el período de exclusividad del deudor y la etapa de concurrencia del cramdown. “Las exclusiones del art. 45 LCQ rigen solo para la concursada, no para los interesados en el salvataje”, subrayan los síndicos, en respuesta al planteo de Molinos y LDC. “El espíritu de la ley es otorgar la mayor participación posible a los acreedores, destinatarios en definitiva de las propuestas que realicen los inscriptos”, agregaron.

Con esta interpretación, los contadores Telesco, Amut y García fijaron una posición que favorece la amplitud del voto y, de hecho, consolida la posibilidad de que Avir South, vinculada a Grassi y Cima, participe plenamente en el cómputo. Esa definición es crucial: el bloque que logre más del 50% de las cápitas y dos tercios del capital verificado se quedará con el control de Vicentin.

Mientras tanto, el juez Lorenzini mantiene un delicado equilibrio entre garantizar la transparencia del proceso y no frenar el cronograma judicial. Todo indica que el desenlace se conocerá en los próximos días, cuando cierre la votación y se definan las mayorías. Si ninguna propuesta alcanza los números, la agroexportadora más emblemática del norte santafesino podría terminar en quiebra, marcando el final del mayor default granario en la historia argentina. Pero si Grassi logra consolidar los apoyos que viene cosechando, Vicentin tendría una segunda oportunidad bajo gestión privada nacional.