Vicentin bajo la lupa: citan a indagatoria a exdirectivos y exautoridades del Banco Nación

La Justicia convocó a 26 exmiembros de la cerealera y del banco estatal por créditos otorgados de manera irregular entre 2018 y 2019. El perjuicio al Estado superaría los u$s260 millones.

Las plantas de Vicentin, hoy operando a fasón, están en el centro de la disputa por el futuro de la agroexportadora.

La causa judicial por el default de Vicentin, el mayor de la historia privada argentina, sumó un capítulo de peso: el juez federal Julián Ercolini, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, citó a indagatoria a 26 exdirectores de la compañía y del Banco Nación (BNA) por el presunto otorgamiento irregular de créditos que habrían generado un perjuicio millonario al Estado argentino.

La medida judicial, que se desarrollará entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre, incluye además la inhibición general de bienes de los imputados y la prohibición de salida del país. El expediente busca determinar si existió un acuerdo fraudulento entre la cúpula empresaria y exfuncionarios de la entidad financiera que permitió a la cerealera obtener financiamiento en condiciones prohibidas.

Un perjuicio millonario y maniobras bajo la lupa

De acuerdo con la investigación, el Banco Nación había otorgado a Vicentin una línea de crédito que llegó a representar más del 20% del patrimonio del banco, un nivel de exposición considerado excesivo para el sector privado no financiero. Según la fiscalía, hacia mediados de 2019 la empresa ya no contaba con calificación de riesgo vigente ni condiciones para recibir nuevos préstamos, y además acumulaba deudas impagas por más de u$s150 millones.

Pese a esa situación, las autoridades de la entidad continuaron habilitando operaciones. Entre noviembre y diciembre de 2019, el BNA habría concedido a Vicentin una refinanciación y nuevos desembolsos por u$s105,5 millones, sin exigir garantías suficientes. En paralelo, se habrían liberado fondos que estaban retenidos como reaseguro.

El resultado, según el dictamen de Pollicita, fue un perjuicio económico estimado en u$s260 millones, que podría escalar hasta los u$s300 millones. Parte de esos recursos se habrían desviado al exterior mediante operaciones simuladas por casi u$s17 millones, incluyendo transferencias hacia paraísos fiscales. Además, se detectó la utilización de facturación apócrifa por unos 222 millones de pesos para justificar gastos inexistentes.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los u$s1.500 millones.

Quiénes están implicados

La lista de citados combina a los principales referentes de la agroexportadora y a exautoridades del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Entre ellos figuran Daniel Néstor Buyatti (expresidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (exvicepresidente), Herman y Roberto Vicentin, Máximo Padoan y otros integrantes del directorio.

Por el lado del Banco Nación, fueron convocados a declarar Javier González Fraga (expresidente de la entidad), Lucas Llach (exvicepresidente) y Carlos Castellani (exdirector), junto a otros exfuncionarios de distintos niveles, incluyendo gerentes generales, subgerentes y responsables zonales.

Para la fiscalía, se trató de una “actuación coordinada” entre empresarios y autoridades bancarias que, lejos de proteger el patrimonio público, habría estado orientada a garantizar beneficios indebidos al grupo empresario en perjuicio del Estado.

Una pulseada por el futuro de la empresa

Mientras avanza la investigación penal, en el fuero civil y comercial de Reconquista se define el destino societario de Vicentin. Allí, el juez Fabián Lorenzini lleva adelante el proceso de cramdown, que habilita a terceros interesados a presentar propuestas de salvataje tras el fracaso del acuerdo preventivo de la compañía con sus acreedores.

En ese terreno, el grupo Grassi selló una alianza estratégica con Cargill que lo posiciona como uno de los actores más firmes en la carrera por quedarse con el control de la agroexportadora. El entendimiento le otorga respaldo financiero y refuerza su doble condición de oferente y acreedor, lo que amplifica su peso en la mesa de negociación.

Sin embargo, no está solo. En la disputa también se anotaron otros jugadores de escala global como Bunge (a través de Viterra, socia de Vicentin en Renova), Louis Dreyfus Company (LDC) y Molinos Agro, además de la Unión Agrícola de Avellaneda. La definición, prevista para octubre, dependerá de quién logre tejer más apoyos entre los acreedores, que deben aprobar cada propuesta por mayoría doble: más del 50% en número y en capital.

Si ninguna iniciativa consigue esa adhesión mínima, recién allí el juez podría declarar la quiebra, aunque los oferentes ya desplegaron estrategias para evitar ese escenario y acceder a activos industriales estratégicos del complejo oleaginoso argentino.

Patrimonio negativo y operación en mínimos

La valuación oficial presentada en el expediente concursal arrojó que Vicentin tiene un patrimonio neto negativo cercano a los u$s1.000 millones, lo que significa que sus acciones carecen de valor de mercado. El atractivo de las ofertas radica, entonces, en el acceso a plantas de procesamiento y a su posición en la cadena agroexportadora.

Actualmente, las plantas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone funcionan bajo el esquema de fasón, procesando granos para terceros. El gremio aceitero advirtió que los equipos sufren deterioro y que la capacidad de molienda solo está garantizada para girasol hasta noviembre y para soja hasta febrero de 2026.

Ese frente productivo será uno de los grandes desafíos para quien resulte ganador del proceso: reactivar la capacidad industrial y sostener el empleo en una compañía que, antes de su default, era emblema del agro argentino.

Un desenlace abierto

Con las indagatorias en marcha y el cramdown en su recta final, el futuro de Vicentin se juega en dos tableros simultáneos: el judicial y el empresario. Por un lado, la Justicia busca establecer responsabilidades en torno al financiamiento que precedió al colapso. Por el otro, las mayores multinacionales del negocio agroexportador despliegan una lucha de titanes por quedarse con el control de sus activos.

El desenlace se espera antes de fin de año y promete ser determinante para una compañía cuyo valor contable es negativo, pero cuyo peso estratégico en el complejo oleaginoso argentino sigue siendo enorme.