ATP, indiferencia judicial y la omisión de AFIP en la resolución de beneficios

Novedades Fiscales

El juez difirió la tutela judicial al momento del dictado de la sentencia de fondo; lo que de por sí implica un serio perjuicio, puesto que se obliga al afectado a hacer frente a los salarios sin ayuda estatal inmediata

En los autos caratulados “Sur Pacífico SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- s/Amparo Ley 16.986”, Expediente N° 12.683/2020”, sentencia de fecha 19 de mayo de 2020, el Juzgado Federal de Quilmes, Secretaría Civil Nro. 5, rechazó la medida cautelar solicitada por un contribuyente que, frente al prolongado silencio de la administración, pretendía que el magistrado ordenase a la AFIP que se expidiese en torno a su solicitud de asistencia financiera, referente al aporte del Estado para el pago de los sueldos del mes de Abril de los trabajadores registrados a su cargo.

Al resolver en tal sentido, el magistrado difirió la tutela judicial -que en el caso concreto merecía a nuestro juicio una urgente intervención- al momento del dictado de la sentencia de fondo; lo que de por sí implica un serio perjuicio, puesto que se obliga al afectado a hacer frente a los salarios adeudados sin contar en forma inmediata con la ayuda estatal; pese a que el actor acompañó elementos probatorios que indicarían -al menos en la etapa cautelar- que cumplía con los requisitos exigidos por la normativa para acceder al beneficio.

1| Los hechos del caso

La actora se registró en el Programa ATP con fecha 10/04/2020 y el 13/4 procedió a la carga de información de ventas por los períodos requeridos 2019 y 2020.

Al realizar tal presentación informó las “ventas totales”, observándose una clara disminución en el monto de las ventas 2020, respecto de las realizadas en 2019.

Luego, con fecha 15/4, procedió a realizar una presentación rectificativa, con el fin de informar las “ventas netas”; pero cometió un error material informando en el período 2019 el monto de ventas netas del ejercicio 2020 y, a la inversa, en el período fiscal 2020, informó el monto de ventas netas del año anterior.

Sin embargo, el contribuyente al realizar la presentación formal, adjuntó un detalle de las operaciones que correctamente expone que las ventas netas correspondientes al período 12/3/2019 al 12/4/2019, ascendieron a la suma de $34.794.353,31 y las del período comprendido entre el 12/3/2020 y el 12/04/2020, se desplomaron a la suma de $7.222.248,85.-

Al invertirse los datos, el control sistémico realizado por la página web del organismo recaudador que realizó un mero “cruce formal” de los datos erróneos volcados en el aplicativo (sin chequear su correspondencia con las ventas netas reales), detectó que el parámetro “variación de ventas”, superaba el 5% de tolerancia según lo establecido en las Decisiones Administrativas emitidas por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Pese a ello, al momento de promover la acción de amparo, el contribuyente no contaba con un acto administrativo, ni con una comunicación fehaciente que admitiera o rechazara el beneficio; lo que lo obligó a acudir a la tutela judicial para, precisamente, obtener una medida cautelar que obligase a la administración a expedirse en forma expresa.

Evidentemente, la acción de amparo tenía, en primer término, el objetivo de lograr que por medio de una medida cautelar se expidiese la administración y; en caso de ser rechazado el beneficio; la demanda pretendía controvertir la razonabilidad del accionar fiscal y poner en tela de juicio la prevalencia del cruce formal de la información por sobre la sustancia de la operatoria.

2| La posición de la afip

El 19/5/2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos presentó el informe que exige el artículo 4 de la Ley 26.854, sin justificar en modo alguno la tardanza en la solución del caso -ya sea en sentido positivo o negativo-.

Sin embargo, el organismo se empeñó en señalar que la AFIP no incurrió en la inobservancia clara de un deber jurídico, concreto y específico.

Para así concluir, sostuvo que el rol del organismo recaudador -en cuanto a las funciones que le asigna el Programa de Emergencia- se limitan a desarrollar la implementación operativa a través de sus sistemas informáticos, de algunos aspectos de dicho programa y que el sistema informático implementado, se limita a realizar una contrastación formal, a nivel sistémico de los datos volcados por los propios contribuyentes en los formularios de solicitud (los que revisten condición de declaración jurada), con los requisitos y condiciones establecidos en el DNU 332/2020 y la demás normativa dictada en consecuencia para acceder a los distintos beneficios.

Para justificar el proceder de la AFIP, el representante señaló que “(…)la DGI es un organismo enorme y complejo que debe tratar y procesar una cantidad extraordinaria de datos y comportamientos. Por ello no puede exigírsele que se detenga a analizar puntualmente cada caso como podría hacerlo una empresa privada o particular (...) para la maquinaria fiscal, la realidad y las necesidades operativas resultan acordes a aquella voluminosidad y complejidad, que le obliga a una actividad notoriamente formalista y formularia...”

En consecuencia, concluyó que no habría existido ningún incumplimiento, puesto que la herramienta habría sido idónea para el procesamiento de 420 mil solicitudes de asistencia realizadas por los empleadores adheridos al programa.

Por otra parte, el Fisco sostuvo que el daño no sería irreparable, porque el programa se ha extendido a las ayudas en el pago de los salarios de los meses de mayo y junio.

3| Fundamentos del caso - su crítica

El magistrado de grado rechazó la medida cautelar con escuetos fundamentos formales que en realidad se ajustan poco a las constancias obrantes en el expediente.

En primer lugar sostuvo que el artículo 9 de la Ley 26.854, veda a los Jueces el dictado de medidas cautelares que pudieren afectar, obstaculizar, comprometer o distraer el destino o de cualquier forma perturbar los bienes y recursos propios del estado o imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.

Sin embargo, la cautelar no estaba dirigida a obtener coactivamente el otorgamiento del pago del 50% de los salarios; sino por el contrario, sólo estaba dirigida a que se forzara a la AFIP a resolver la petición, en sentido positivo o negativo. No se advierte entonces, que el cumplimiento de la AFIP de su obligación de resolver la petición del interesado, implique alguno de los supuestos previstos en aquélla norma. Evidentemente, el erróneo encuadre del objeto de la precautoria, es lo que motivó su rechazo.

Asimismo, sostuvo el magistrado que el otorgamiento de la cautelar afectaría el “interés público”, cuando en realidad, es la falta de solución expresa del pedido de ayuda lo que frustra en forma evidente el objetivo mismo de la implementación del programa.

En efecto, la sola lectura de los considerandos del DNU 332/20, pone en evidencia que el Programa se creó para coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo. Así, el PEN, expresamente señaló que el interés público reside en mitigar el impacto negativo de la aguda merma de actividad productiva sobre las empresas micro, pequeñas y medianas. Al tiempo que señaló que el Programa es la herramienta establecida para coadyuvar a los empleadores a transitar la actual crisis sanitaria.

De tales considerandos, se desprende en forma prístina que el interés público es la inmediata resolución de los pedidos de ayuda -incluso si hubieran de ser rechazados-, pues lo que está en juego es precisamente el mantenimiento de las unidades productivas y el empleo.

Finalmente, el juez consideró que la medida cautelar no estaba dirigida a asegurar una sentencia definitiva y que no se había acreditado ni el peligro en la demora, ni la irreparabilidad del daño. Tales argumentos están teñidos de ritualismo y -como hemos dicho- de la prescindencia concreta de los hechos traídos a juzgamiento.

Pero el magistrado aún puede resolver la acción a favor del contribuyente, pues es inadmisible aceptar que la AFIP solo realice un cruce formal del parámetro de “variación de ventas”; sin siquiera cotejar la información volcada al aplicativo con la documentación de respaldo aportada y que en circunstancias de máxima premura económica, no realice un esfuerzo adicional por implementar en los casos de rechazo sistémico, una segunda fase de análisis que involucre el cotejo del detalle de facturas y cruces aleatorios con la información en poder de la AFIP relativa a las declaraciones juradas del IVA de aquéllos períodos.

(*) Miembro del Estudio Bertazza, Nicolini, Corti y Asoc.

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