Régimen de inscripción para ciertos fideicomisos en CABA

Novedades Fiscales

La norma de la Inspección General de Justicia (IGJ) sustituye determinados artículos de la Resolución 7/15; en particular, obliga a la inscripción de estos contratos, con excepción de aquellos que se encuentren bajo el control de la Comisión Nacional de Valores (CNV). No está exenta de aspectos controvertidos.

El 06/08/20 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 33/20 de la Inspección General de Justicia. Por la misma se establece un régimen de inscripción obligatoria para determinados fideicomisos.

En sus extensos considerandos se hace referencia básicamente a lo siguiente:

Según el artículo 1669 del CCyCN el contrato de fideicomiso debe inscribirse en el Registro Público que corresponda.

En su momento se dictó al respecto la Res. IGJ 7/2015, pero la misma fue modificada por las Res. 9/2015 y fundamentalmente por la Res. IGJ 6/2016.

Debe revisarse el régimen normativo y precisar el ejercicio de la función registral y los efectos o alcances de la registración.

Entiende que la inscripción de fideicomisos en el Registro Público, no es un “registro buzón” mediante el cual al encargado de dicho registro se limite a inscribir, sin más trámite, la documentación recibida.

También considera que no es cierto que, el artículo 1669 del CCyCN carece de toda operatividad hasta tanto se establezca por vía reglamentaria el régimen de inscripción del fideicomiso en el Registro.

Señala que los efectos de dicha inscripción son los de la oponibilidad a terceros respecto del contenido del mismo, y la imposibilidad de las partes frente a los terceros de buena fe, de poder prevalerse de las cláusulas de contrato de fideicomiso no registradas.

Ante el privilegio del “patrimonio separado de afectación específica” que es característico de los fideicomisos, se requeriría inexcusablemente, que la utilización de esta herramienta contractual sea legítima y se encuentre en línea con lo normado al efecto en el ordenamiento jurídico.

Acepta que el actual CCyCN no ha reglamentado ni las funciones ni el funcionamiento del actual Registro Público, expresando que esto constituye una lamentable omisión del legislador del 2015 que debería ser prontamente salvada.

Ante esta omisión, entiende que rigen los principios generales vigentes en materia registral, que incluyen necesariamente el control de legalidad de todo acto sujeto a inscripción en el Registro.

Finalmente concluye que, de acuerdo a la interpretación de la normas vigentes, corresponde inscribirá a los contratos de fideicomisos en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

1|¿Qué establece la norma?

La Res. 33/2020 sustituye determinados artículos de la Res. 7/2015. En particular, obliga a la inscripción de los contratos, con excepción de aquellos que se encuentren bajo el control de la Comisión Nacional de Valores.

Al respecto, el nuevo Art. 284 establece la competencia registral de la IGJ para los siguientes casos:

1. Cuando al menos uno o más de los fiduciarios designados posea domicilio real o especial en jurisdicción de la CABA; o,

2. Cuando acciones, incluidas las de Sociedades por Acciones Simplificadas, o cuotas sociales de una sociedad inscripta ante este Organismo, o establecimientos industriales o comerciales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya transmisión se rija por la Ley N° 11.867, formen parte de los bienes objeto del contrato de fideicomiso; o,

3. Cuando existan bienes muebles o inmuebles que formen parte de los bienes objeto del contrato de fideicomiso ubicados en la CABA.

Si el contrato de fideicomiso involucra bienes registrables no comprendidos en el inciso 2°, su inscripción será de cumplimiento previo a la de la transmisión fiduciaria de dichos bienes en los registros que correspondan a los mismos de conformidad con los artículos 1683 y 1684 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Recordemos que hasta la vigencia de la resolución que comentamos, y por imperio de los dispuesto en la Res. 6/2016, sólo debían inscribirse en la IGJ los fideicomisos mencionados en el punto 2.

Por último, en materia de estados contables, se reformula el Art. 289. Al respecto se dispone que en caso de que surja del contrato de fideicomiso la obligación de emitir estados contables anuales como modo de rendición de cuentas del fiduciario de aplicará el libro IV (como cualquier sociedad). Además, en tanto existan modificaciones en la composición del patrimonio fiduciario, deberá presentarse a inscripción el documento que lo refleje, conformado por quien corresponda, o en su defecto la declaración jurada del fiduciario de haber mediado aprobación tácita de la rendición de cuentas con la que se relacione el documento por inscribir.

2|Nuestras consideraciones

Prevemos problemas por la aplicación inmediata de la norma, ya que entró en vigencia el 06/08/20 (publicación en el BO)

Nada se dice con respecto a los fideicomisos constituidos con anterioridad a dicha vigencia, ni con las modificaciones que puedan existir en los mismos (adendas, adhesiones, extinción, etc.)

En los fideicomisos cuyo objeto fuesen inmuebles, y no sólo en los de construcción, la obligación de inscribir al fideicomiso previo a la transmisión fiduciaria del inmueble constituye una traba adicional para los mismos. Ello sin perjuicio de que implica un avance por sobre lo establecido en la ley nacional registral inmobiliaria, que prevé plazos estrictos para la inscripción de los instrumentos por los cuales se dispone la transmisión de dominio. En caso de formularse objeciones al contrato, los plazos previstos para las vistas y la resolución de las objeciones podrían no cumplirse, con la consiguiente inseguridad jurídica.

No es de descartar que la asunción de atribuciones por parte de la IGJ provoque conflictos de competencia con CABA, que ha regulado su propio registro de contratos de fideicomiso, a través del Decreto 300/2015.

En estos momentos tan singulares como los que estamos viviendo con la pandemia y la cuarentena, establecer nuevas y complicados requisitos para determinados fideicomisos no parecería ser lo más aconsejable.

(*) Especialista en Tributación (UBA.) Consultor Tributario.

(**) Abogado. Escribano. Consultor legal y tributario.

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