Las políticas del actual gobierno han ido en la dirección correcta en los dos sectores más competitivos de Argentina: el agropecuario y los hidrocarburos. La baja de retenciones a las exportaciones, la reducción de aranceles sobre insumos importados, la desregulación de precios energéticos y la sanción del RIGI marcan un camino claro de menor intervencionismo estatal, mayor seguridad jurídica y libertad productiva. Estos cambios ya están generando señales positivas de inversión y confianza. Sin embargo, para que este impulso se consolide y se transforme en un crecimiento sostenido, los avances deben profundizarse con coherencia. No es posible avanzar a medias ni mantener excepciones que contradigan el espíritu general de las reformas.
Las retenciones a las exportaciones del agro, aunque reducidas, siguen siendo un impuesto profundamente distorsivo y regresivo. Con alícuotas que todavía rondan el 24% en el caso de la soja, se grava la actividad más eficiente y competitiva del país: aquella que compite de igual a igual en los mercados internacionales más exigentes, sin subsidios ni protecciones artificiales. Estas retenciones desincentivan la inversión en tecnología, limitan la expansión de la frontera productiva, encarecen los costos financieros y castigan al sector que históricamente más divisas aporta a la economía argentina.
Eliminarlas de manera definitiva —o al menos establecer un cronograma claro y creíble de desaparición progresiva— no es un regalo al campo, es una buena política económica que no debería admitir discusión. Un agro liberado de esta carga produciría más, exportaría más, generaría mayor empleo en el interior profundo del país y, a mediano plazo, terminaría aportando más recaudación a través del aumento de la actividad económica general. La experiencia internacional demuestra que los países que han eliminado o minimizado este tipo de impuestos a las exportaciones han visto un salto en su producción primaria y agroindustrial.
Pero si el campo exige coherencia y libertad para sí mismo, debe aplicarla también hacia los demás sectores.
El sector agropecuario defiende el corte obligatorio de biodiésel, una intervención estatal clásica que obliga a las refinadoras a comprar y mezclar un porcentaje fijo de biodiésel de soja. Esta medida crea una demanda cautiva, genera precios regulados por el Estado y desplaza artificialmente parte del consumo de gasoil fósil. Lejos de ser una herramienta neutral, funciona como un subsidio encubierto al complejo sojero-biocombustible.
Esto perjudica directamente a las provincias petroleras que ven reducida la demanda de su crudo y de su refinación local. Se afecta la inversión, el empleo genuino y la producción en otro sector que también es altamente competitivo a nivel internacional y que ha demostrado un enorme potencial exportador en los últimos años. El gas y el petróleo argentino no necesitan que el Estado les quite mercado para dárselo artificialmente a otro sector.
Si el biodiésel fuera realmente más competitivo —más barato, más eficiente o más demandado por los consumidores y las automotrices—, no necesitaría un mandato legal que obligara a su uso. Mantener o incluso ampliar esta intervención revela que se busca una renta artificial garantizada por el Estado, a costa de los consumidores de combustibles (que terminan pagando precios más altos) y de la industria hidrocarburífera.
No se puede exigir “libertad total para el agro” y, al mismo tiempo, pedir que el Estado fuerce a otro sector competitivo a financiar una parte de la cadena sojera. Esa no es coherencia productiva: es corporativismo selectivo. El verdadero liberalismo económico y el pragmatismo de un buen gobierno exigen reglas generales, neutrales y predecibles para todos.
La verdadera coherencia pasa por aplicar el mismo principio en ambos casos: menos Estado, más mercado. Eliminar por completo las retenciones que aún castigan al agro y suprimir el corte obligatorio que distorsiona el mercado de combustibles. Que ambos sectores —agro y energía— compitan en igualdad de condiciones, sin impuestos de exportación ni mandatos de mezcla forzada.
Argentina no puede darse el lujo de seguir oprimiendo a sus sectores ganadores. Profundizar la desregulación ya iniciada —sin retenciones y sin corte obligatorio— es la única forma consistente de potenciar simultáneamente al agro y a la energía. Solo así estos dos motores de la economía argentina podrán desplegar todo su potencial, generar más divisas, más empleo de calidad y más crecimiento genuino para todo el país.
Diputado nacional y exministro de Economía de Río Negro
