La semana pasada mostramos que la reforma laboral lleva seis meses sin mover el empleo. Esta semana conviene cambiar el ángulo, porque el dato que explica esa caída no está en las estadísticas de trabajadores sino en las de empleadores. Y ese dato es peor.
Treinta mil empresas menos: la caída del empleo vista desde el que paga los sueldos
Desde noviembre de 2023 desaparecieron 30.385 empresas empleadoras, un 6 % del total, y en mayo la caída se aceleró: 16.422 menos que un año atrás, 27 meses seguidos en baja. El empleo no cae porque las empresas despidan; cae porque las empresas dejan de existir. Qué dicen los números y qué debería hacer un empleador que todavía está de pie.
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La caída del empleo y sus estadísticas.
Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en mayo de 2026 había 477.463 empresas con personal registrado en el país. Un año antes había 16.422 más. Es una baja del 3,3 % interanual, la vigésimo séptima consecutiva. Medida desde noviembre de 2023, la pérdida es de 30.385 empleadores, el 6 % del total. Para dimensionarlo: es como si hubieran cerrado todas las empresas con empleados de la provincia de Córdoba y sobraran. En el mismo período el empleo asalariado privado registrado perdió 241.176 puestos, un 3,8 %, con ocho meses consecutivos de caída.
Los dos números cuentan la misma historia, pero el segundo se lee mal si se lo mira solo. Un puesto que se pierde en una empresa que sigue en vigencia puede recuperarse cuando la actividad repunta. Un puesto que se pierde porque la empresa cerró no vuelve: se fue el empleador, se fue el capital de trabajo, se fue el conocimiento y se fue, muchas veces, la voluntad de volver a contratar. La estadística de empleo mide el síntoma. La de empleadores mide la enfermedad.
La distribución sectorial no deja lugar a interpretaciones cómodas. La industria manufacturera perdió el 5,5 % de sus empresas empleadoras en un año: 2.639 fábricas menos. El comercio perdió el 4,4 %, 6.490 empresas, que es el mayor volumen absoluto. El agro perdió 1.361 empleadores, la construcción 456. Los servicios y el resto de actividades, 5.476. Solo una provincia sumó empleadores: Neuquén, con trece. La Rioja perdió el 16 % de sus empresas con personal; Misiones, casi el 9 %; Tierra del Fuego, el 8 %. En volumen, la provincia de Buenos Aires perdió 4.786 empleadores, Córdoba 2.664, la Ciudad 1.704 y Santa Fe 1.509.
Los sectores que más empresas pierden son exactamente los sectores donde más cae el salario real: textiles, metalúrgicos, comercio, calzado, todos con bajas de dos dígitos desde noviembre de 2023. No es coincidencia. Son las actividades expuestas a la apertura importadora y a la caída del consumo interno, es decir, las que compiten con un producto que entra más barato y venden a un cliente que cobra menos. Cuando una empresa así ajusta sueldos y aun así cierra, el problema no era el costo laboral.
Lo que la reforma no podía resolver
Acá está el punto que este diario y sus lectores entienden mejor que nadie, y que el debate público esquiva. La ley 27.802 redujo el costo del despido, amplió el ius variandi, derogó las multas por empleo no registrado y abrió un régimen de regularización con quita del 90 %. Todo eso baja el costo de tener un empleado y de dejar de tenerlo. Ninguna de esas medidas baja el costo de existir como empresa: la tasa de interés que hace inviable financiar capital de trabajo, la presión tributaria sobre el que factura en blanco, la energía, la logística, la competencia con un producto importado que no paga lo que paga el que fabrica acá. Una empresa no contrata porque despedir sea barato. Contrata porque tiene a quién venderle. Y hoy, en buena parte del entramado productivo, no lo tiene.
Los 42.700 monotributistas nuevos del último año, que ya mencionamos, confirman el diagnóstico desde el otro lado. No son empresas nuevas. Son, en gran medida, empleados que salieron de una relación de dependencia y facturan a la empresa que los tenía, o a la que cerró y siguió operando de otra forma. Es empleo que no se destruyó: se degradó. Y esa degradación tiene un costo diferido que el empleador que la usa no siempre calcula, porque el artículo 23 de la LCT sigue presumiendo el contrato de trabajo cuando hay prestación de servicios, y la reforma no lo tocó.
Tres decisiones, con la frialdad que exige el momento. La primera es sacar pasivo del sistema mientras se puede: el régimen de promoción del empleo registrado vence el 28 de noviembre y permite regularizar personal mal registrado con una quita de hasta el 90 % y extinción de la deuda con ARCA. Es la única ventana de este tipo en años; una empresa que cierra con empleados en negro cierra dos veces, la segunda en los tribunales. La segunda es revisar el encuadre de los monotributistas que trabajan adentro: si cumplen horario, reciben órdenes y facturan a un solo cliente, no son proveedores, son un juicio que todavía no empezó, y con el nuevo artículo 276 ese juicio se actualiza por inflación más tres puntos anuales. La tercera es planificar el ajuste antes de que lo imponga la caja: el artículo 247 y el procedimiento preventivo de crisis de la ley 24.013 existen para eso, y cuestan la mitad que un despido decidido tarde y mal.
El empleo formal en la Argentina no va a crecer por decreto ni por reforma mientras el número de empresas que lo generan siga cayendo. Treinta mil empleadores menos en mil días es el dato que ninguna estadística de puestos de trabajo puede compensar, porque los puestos los crean ellos. Cuando el Gobierno quiera medir si su programa funciona para el trabajo, no debería mirar cuántos despidos hubo. Debería mirar cuántas empresas quedan. Y hoy quedan menos.
