Pedro Castillo
La semana pasada se conoció que el expresidente de Perú Martín Vizcarra no podrá formar parte del Congreso, en tanto el pleno lo inhabilitó por 10 años, así como también lo hicieron con la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete, fruto del “vacunagate”.
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En medio de esta fuerte crisis institucional y política, agravada por la pandemia, Perú tuvo elecciones para elegir presidente/a, vicepresidentes y congresales. Con la totalidad de las actas computadas, la segunda vuelta que se celebrará el 6 de junio tendrá como protagonistas a Pedro Castillo (19.099%) y Keiko Fujimori (13.368%).
De los 24 millones de electores habilitados para votar, lo hicieron 17 millones, es decir hubo un 70% de participación electoral, que no es poco teniendo el cuenta el contexto de pandemia y considerando que históricamente participa un 80% de la población.
A la crisis sanitaria se suma la grave crisis política e institucional que el país atraviesa: Pedro Pablo Kuczynski, quien había vencido por un estrecho margen en los comicios de 2016, renunció en marzo de 2018 buscando evitar ser destituido en su segundo juicio político.
Su sucesor, Vizcarra, terminó disolviendo el parlamento en septiembre del año siguiente, lo que llevó a una elección extraordinaria a inicios de 2020. Aquel nuevo Congreso, con una composición mucho más fragmentada que la anterior y donde Vizcarra no tenía bancada propia, lo removió de su cargo luego de someterse al segundo proceso de vacancia en menos de dos meses. Manuel Merino, presidente del Congreso y quien asumió el cargo ante la destitución de Vizcarra, en ese contexto presentó su renuncia a menos de una semana de haber asumido el cargo a presidente de la república, y Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como mandatario interino.
Para ese entonces IPSOS medía la desaprobación del Congreso en un 73% y el IEP en un 81%. Tan sólo unos meses después tener un 70% de participación electoral parece una clara victoria de la democracia, pero también, si uno observa que los 2.956.715 votos blancos y nulos superan en más de 300.000 al candidato más votado de la elección, es clara la crisis de representación.
Sin dudas uno de los males presentes en el Perú es la ausencia de un sistema de partidos robusto. Alianzas electorales que han sido representativas en elecciones anteriores ahora están canceladas. Lo mismo pasa con los partidos políticos, resultando en una dinámica partidaria mucho más volátil. En esta elección partidos históricos como el Partido Aprista Peruano no participaron de los comicios.
El escenario político para el próximo gobierno tampoco será fácil: el nuevo congreso estará más fraccionado, con 10 partidos políticos distintos ocupando los curules y ninguna de las bancadas tendrá un gran peso en una cámara que estará compuesta por 130 diputados.
Si hoy fuera la segunda vuelta el 41,5% del electorado votaría por Pedro Castillo, el 21,5% votaría por Keiko Fujimori, el 21,2% votaría en blanco/viciado y el 13,5% no precisa a quién de los candidatos va a votar, según informa el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Si comparamos los resultados que dio a conocer la consultora IPSOS días atrás (42% Castillo - 31% Keiko), Castillo aventaja hoy a Fujimori por 20 puntos. De todas maneras, es difícil evaluar a poco más de un mes la veracidad de las encuestas teniendo en cuenta que el 70% de los peruanos está en la informalidad, que existe un creciente descredito de la política y que el fuerte antifujimorismo en la sociedad peruana podría engañar a las encuestas con el llamado “voto vergüenza”.
En el posible escenario que gane Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, contará con la bancada más grande del Congreso aunque lejos está de valerse por sí mismo ya que esto se traducirá en aproximadamente 37 curules y se necesitan 66 para la mayoría absoluta; Fuerza Popular de Keiko Fujimori, tendrá 24 congresistas; Acción Popular 17 bancas; Renovación Popular 15 y Alianza para el Progreso 13.
La gobernabilidad para Castillo será todo un reto, ya que sus principales propuestas son bastante más radicales que la de los otros partidos. Plantea al igual que Verónika Mendoza la reforma de la constitución fujimorista en función de darle un rol más protagónico al Estado y no tiene reparos al hablar de estatizaciones de empresas o aumento de impuestos para empresarios. Los partidos de López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña, entre otros, distan del planteo programático que expresa Castillo. Considerando que el Poder Ejecutivo tendría la facultad de disolver el Congreso ante una segunda negativa al voto de confianza, se avizora un escenario bastante crítico para la salida de la crisis institucional del Perú.
Para Keiko Fujimori el panorama no es fácil tampoco. Hace solo un mes la Fiscalía peruana pidió 30 años de cárcel por lavado de activos derivado del caso Lava Jato, aunque el juicio oral aún no tiene fecha. Keiko quien competirá por tercera vez en un ballotage representa a la élite empresarial y a la libertad de mercado, fiel a la ideología de su padre -Alberto Fujimori, el exmandatario condenado por crímenes de lesa humanidad y que dio un autogolpe en los años 90-, y a quien propuso indultar en caso de ganar el gobierno. Esta vez quizás con algunas más chances de ganar las elecciones, considerando la afinidad ideológica de los contendientes que no entraron en la segunda vuelta. Incluso Mario Vargas Llosa le dio recientemente su apoyo, considerándola el mal menor.
En la carrera por la presidencia queda claro que los debates en clave de izquierda y derecha entraran en juego, aunque no pareciera que los candidatos se diferencien respecto a su posición ultra conservadora ante debates que actualmente interpelan a las jóvenes generaciones: ambos están en contra del matrimonio igualitario, el aborto y la educación con perspectiva de género.
El resultado es sumamente incierto, pero sin dudas el desafío más importante para quien asuma el 6 de junio será recuperar la imagen presidencial tan devaluada. Cabe recordar que desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra han sido seis los mandatarios con procesos judiciales, investigaciones, condenas, destituciones del Congreso e incluso un suicidio por casos de corrupción.
Por eso, gane quien gane las elecciones presidenciales en Perú, las decisiones más importantes tendrán que ser muy pacientemente negociadas para poder construir consensos que permitan la gobernabilidad en pos de la convivencia democrática.
* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
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