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Londres siempre rehusó discutir los sólidos derechos argentinos, cargando con la responsabilidad histórica de negarse a un diálogo civilizado. Pero la creciente importancia de la opinión pública en la cultura occidental, rasgo característico del fin del siglo XX, venía aportando, día tras día, mayor crédito a un país más débil cuyo reclamo de negociaciones era por tanto tiempo ignorado, aun en el marco favorable del exitoso proceso de descolonización de las Naciones Unidas.
En 1833, cuando la usurpación, la plenitud del Imperio Británico impidió todo accionar argentino con un mínimo de posibilidades. Después de 1950, la declinación británica y el proceso de descolonización impulsado por la ONU colocaron a la Argentina ante la mejor de sus posibilidades: discutir cada vez más sobre la base del derecho y cada vez menos sobre la base de la fuerza. Desgraciadamente, ese proceso, exitoso en otras partes del mundo (Hong Kong, vastos territorios de Asia y Africa) quedó incompleto en algunos casos puntuales (Malvinas, Gibraltar).
Hoy, el derecho influye en las relaciones internacionales mucho más que hace cincuenta años. Ha conseguido morigerar a la nuda fuerza, pero aún no la ha reemplazado. Quizás algún día conflictos como el de Malvinas puedan resolverse con abstracción del diferente peso de los contrincantes en el mundo.
Pero no será hoy, y no será pronto. La política tradicional sobre Malvinas siempre fue juridicista. Inteligente, porque nuestros títulos son mejores. Insuficiente, porque el mundo no se rige todavía sobre la base del derecho. Así, apelando sólo al reclamo jurídico, los argentinos terminamos quedándonos con la razón y los ingleses con las islas.
Imbuidos de juridicismo, derivamos hacia otra forma de la impotencia: la mera retórica. Uno de los atractivos de la retórica es que no necesita demasiada vinculación con la realidad: el discurso tonante y la imprecación patria suelen ocultar eficazmente la incapacidad de conseguir nada.
Terminada la guerra, algo distinto había que hacer. No para reemplazar a la política tradicional, sino para apuntalarla, fortalecerla, ayudarla a dar el salto cualitativo que la hiciera pasar del mero reclamo a la acción en el terreno. Para 1990, sucesivas encuestas en el reino Unido y Malvinas arrojaban una total identidad de opiniones: lo que pensaban los habitantes de las islas pasaba a convertirse, automáticamente, en la opinión pública de la metrópoli, de los votantes ingleses. Había que quebrar ese automatismo.
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