Lo que esconde la falta de una nueva ley coparticipación

Opiniones

El federalismo debe transformarse en el andamiaje institucional que permita tomar las medidas que garanticen acceso a la educación, la salud, infraestructura, y oportunidades laborales

Una vez más, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos vuelve a estar en el centro del debate político. Esta es una de las deudas de la democracia y es necesario trabajar en la creación del consenso político para lograrla. Sin embargo, mientras se logra hay medidas claves que se podrían tomar para atender a las enormes asimetrías territoriales del desarrollo en la Argentina.

La discusión sobre la ley de coparticipación es parte de un debate más amplio sobre el federalismo que la Argentina necesita para el siglo XXI. Así como el país adoptó este sistema en el siglo XIX como respuesta al desmembramiento territorial y para construir un Estado nacional, en la actualidad el federalismo tiene que ser una herramienta para responder a nuestro principal desafío: las enormes desigualdades de oportunidades para los argentinos según el territorio en el que habiten.

La Argentina hoy es el país federal con mayor desigualdad entre sus distritos en el mundo. Formosa y Santiago del Estero tienen un ingreso per cápita 9 veces inferior al de Buenos Aires, y un nivel de necesidades insatisfechas tres veces superior. La esperanza de vida al nacer en Chaco es casi 5 años menor al de Neuquén, y un porteño tiene 4 años más de expectativa de vida que un santiagueño. Asimismo, el analfabetismo es cinco veces mayor en Chaco que en C.A.B.A.

El federalismo debe transformarse en el andamiaje institucional que permita tomar las medidas que garanticen acceso a la educación, la salud, infraestructura, y oportunidades laborales equivalentes en cada rincón del país, tal como ordena la constitución nacional.

Ahora bien, lograr una nueva Ley de Coparticipación requiere del acuerdo absoluto entre todas las provincias, un requisito más alto que el necesario para reformar la constitución misma, lo que hace que el debate permanezca estancado desde hace décadas. Además, si bien esta Ley es necesaria, no es exclusiva, ni suficiente para lograr los objetivos mencionados.

Mientras tanto, se pueden avanzar en otras medidas y mecanismos que pueden ayudar a la coordinación de políticas públicas en dirección de fortalecer un federalismo basado en la solidaridad y el desarrollo armónico de todo el territorio.

Uno es fortalecer espacios de coordinación vertical entre niveles de gobierno. Actualmente, los principales de este tipo son los Consejos Federales, pero carecen de marcos legales homogeneizados, ni tienen roles claros, ni autonomía de recursos. Es necesario fortalecer mecanismos como estos que permitan coordinar el rol que tiene el gobierno nacional en las áreas de inversión en infraestructura, financiamiento, ciencia y tecnología, y los gobiernos provinciales que proveen servicios fundamentales de salud, educación, seguridad, promoción de negocios y otros.

Estas medidas apuntan a generar competitividad sistémica favoreciendo las ventajas comparativas de cada territorio. Paradójicamente, por ejemplo, las principales estrategias de desarrollo industrial federal de las últimas cuatro décadas carecen de este enfoque. Recordemos la “promoción industrial” que favoreció específicamente a cinco provincias, la cual consistió esencialmente en exenciones impositivas, sin incluir mecanismos de cooperación, ni de encadenamientos productivos o de desarrollo científico. El resultado son industrias “con rueditas” que se van del lugar al expirar los beneficios fiscales.

Otra medida posible es la de generar estándares de desarrollo para distribuir recursos no coparticipables, especialmente etiquetados para salud y educación en los que hay una profunda asimetría entre distritos. Por ejemplo, Brasil establece una obligatoriedad de nivel de gasto en salud y educación en todos los niveles de gobierno, incluyendo el municipal, e incluye transferencias condicionadas con rubros específicos según las necesidades identificadas. Un modelo ya existente desde el 2005 es el Fondo de Compensación Salarial Docente, criterio que debería fortalecerse y ampliarse a otras áreas.

Se podría estudiar el modelo de Canadá, donde hace una planificación con estándares basados en datos, con objetivos y mediciones para medir avances a lo largo del tiempo. Estos mecanismos no necesariamente tienen que ser fiscales, pueden incluir las provisiones de capacidades tanto en recursos humanos como materiales para responder a los estándares de desarrollo propuestos.

Focalizar las instituciones del federalismo en la disminución de asimetrías entre provincias permitirá reconstruir el tejido social, brindar estabilidad político-institucional, evitará la concentración demográfica que sufrimos, generará mayor seguridad y calidad de vida, todas dimensiones fundamentales para el desarrollo de largo plazo de nuestro país.

(*) Doctor en ciencia política, director de Asuntos del Sur.

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