La IA ya puede intervenir en decisiones laborales, mientras la Argentina debate una figura societaria capaz de funcionar sin trabajadores humanos. Entre el avance tecnológico y los límites que empiezan a fijar la OIT y el Vaticano, el verdadero debate es quién responde cuando una máquina decide.
La automatización avanza sobre el mundo laboral mientras el Congreso debate una nueva figura societaria y la necesidad de mantener la responsabilidad humana detrás de las decisiones.
Mientras el Congreso avanza con una figura societaria que permitiría operar sin un solo trabajador humano, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Vaticano fijaron este año un límite que la Argentina todavía no legisla: ningún algoritmo debería decidir en soledad un despido.
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En 2018, un empleado llamado Ibrahim Diallo llegó a su oficina y la credencial ya no le abría la puerta. Un algoritmo lo había dado de baja porque su jefe se olvidó de cargar la renovación de su contrato. Nadie, ni el gerente, ni el dueño de la empresa, pudo frenar la secuencia: la máquina había decidido y ejecutaba. No fue un accidente de ciencia ficción. Fue un anticipo. Este año, las tecnológicas ya sumaron más de 45.000 despidos a nivel global, y las propias empresas atribuyen a la IA una de cada cinco de esas bajas. En la Argentina, el Observatorio del Trabajo Informático viene marcando reducciones de plantilla en compañías de software que, según denuncian, no siempre respetan la normativa vigente.
Vengo sosteniendo desde hace años algo que ya no es una hipótesis académica: un algoritmo sí puede despedirte, y cuando lo hace sin supervisión humana ese despido es, casi por definición, arbitrario. Y esta vez la hipótesis dejó de ser abstracta: en el Senado avanza un proyecto que le pondría nombre y personería jurídica a esa arbitrariedad.
Los casos están a la vista. Amazon desvinculó a cientos de empleados midiendo paquetes por hora. Xsolla echó a 150 (ciento cincuenta) personas porque un sistema analizó su actividad en las aplicaciones de trabajo y las declaró "no comprometidas". Accenture comunicó despidos elegidos "al azar" por un algoritmo. En todos, el mismo defecto de fábrica: la máquina lee un número, no una vida. No sabe que hubo una enfermedad, un problema familiar, un lunes imposible.
Puede simular la decisión de un jefe, pero no puede hacerse cargo de sus consecuencias. Ese es el punto que la euforia tecnológica esconde. El problema no es la eficiencia, bienvenida sea, sino delegar en un cálculo una decisión que le arranca a una persona su sueldo, su obra social y su lugar en el mundo. Nuestra Constitución protege al trabajador contra el despido arbitrario desde 1957, en el artículo 14 bis. Ese mandato no caduca porque quien aprieta el gatillo ahora sea un software.
Este año dejó dos señales que conviene leer juntas, aunque no fueron simultáneas. En mayo, León XIV publicó la encíclica Magnifica Humanitas, dedicada a la custodia de la persona en tiempos de IA. Su frase es demoledora para cualquier "despido por productividad": la dignidad de cada persona "no se adquiere, no debe ganarse".
Semanas después, en junio, la Organización Internacional del Trabajo aprobó en Ginebra el Convenio 193 sobre trabajo en plataformas. Fue nítida: la tecnología "no tiene un resultado predeterminado" y las decisiones que afectan el trabajo deben quedar bajo control humano.
Un organismo laboral y una autoridad moral, desde lenguajes opuestos, llegan a la misma conclusión que sostengo como abogado laboralista: reducir a un ser humano a datos y descartarlo por un puntaje es una forma nueva de una injusticia muy vieja.
Pero hay un dato incómodo que no puedo omitir: en esa misma votación, con 406 votos a favor, la Argentina eligió abstenerse. Mientras el mundo fija por primera vez un estándar de revisión humana para las decisiones algorítmicas en el trabajo, nuestro país todavía no decidió si lo va a adoptar.
Y mientras esa decisión se demora, el Congreso avanza en la dirección contraria. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, giró al Senado un proyecto de casi 300 artículos para reemplazar la Ley General de Sociedades de 1972. Su artículo 14 crea la "Sociedad Automatizada": una empresa con personería jurídica propia que puede operar sin un solo trabajador en relación de dependencia, gestionada por sistemas algorítmicos o agentes de inteligencia artificial. El Gobierno la presenta como una forma de atraer a la Argentina a compañías globales ya automatizadas. En el Senado, la oposición fue más dura y llegó a calificarla como una amenaza para la industria nacional.
El punto que más debería inquietar a cualquier empleador serio es otro: el proyecto eliminaría, para estas sociedades, la responsabilidad personal de socios y directores por incumplimientos laborales, hoy vigente vía el corrimiento del velo societario cuando una empresa niega una relación de dependencia que existió o se cometieron fraudes al objeto social o a la ley. Especialistas laborales consultados por la prensa económica ya lo resumieron: no se legisla para el caso real de una empresa sin ninguna persona detrás, eso casi no existe, sino que se crea un título de no-laboralidad oponible a cualquier trabajador que reclame. Es, ni más ni menos, el vacío que vengo señalando, pero ahora con 295 artículos de letra chica y estado parlamentario.
No propongo frenar la inteligencia artificial ni demonizarla; sería tan ingenuo como inútil. Propongo algo concreto y perfectamente posible: la semiautomatización. Que el algoritmo analice, ordene, sugiera, para eso eso es satisfactorio, pero que la decisión final de despedir la tome siempre una persona con competencia y autoridad, capaz de mirar lo que el sistema no ve. Es exactamente lo que ya exige Europa con su regla de no ser sometido a decisiones totalmente automatizadas, y lo que el Convenio 193 acaba de elevar a estándar internacional: transparencia del algoritmo y revisión humana de lo que decide.
La Argentina tiene hoy un vacío peligroso: ninguna norma obliga a que un despido algorítmico pase antes por ojos humanos. Llenarlo no requiere reinventar el derecho del trabajo; requiere aplicarlo con coraje a un poder que se disfraza de tecnología. Y si el Senado va a debatir responsabilidad patrimonial y velo societario para las empresas automatizadas, no puede hacerlo sin sentar en la misma mesa a quienes representan a los trabajadores: eso es, exactamente, lo que reclaman hoy los especialistas laborales que siguen el expediente.
Porque el verdadero riesgo no es que las empresas se queden sin empleados. Es que los trabajadores se queden sin nadie a quien reclamarle, ni un jefe, ni un socio, ni un algoritmo que responda. Que detrás de cada decisión automatizada siga habiendo un responsable con nombre, apellido y patrimonio: de eso, al final, se trata la dignidad.
Abogado, Profesor de Derecho en UBA, Presidente de la Asociación de Abogados del Futuro.