La propuesta de reformar el Banco Central abre una discusión sobre cómo garantizar su autonomía, fortalecer los mecanismos de control institucional y evitar que vuelva a utilizarse como herramienta para financiar al Estado.
El debate sobre el Banco Central vuelve a enfocarse en su autonomía y en el diseño de sus instituciones.
Durante la campaña presidencial de 2023, una de las propuestas que más impacto generó fue la promesa de Javier Milei de eliminar el Banco Central. Era una idea poderosa desde lo simbólico: si durante décadas la institución había sido utilizada para financiar el déficit, alimentar la inflación y destruir el ahorro de los argentinos, ¿por qué no prescindir de ella?
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Hoy, el Presidente propone un camino diferente: reformar el Banco Central. Y creo que ese cambio de enfoque merece ser celebrado, porque desplaza el debate desde los eslóganes hacia las instituciones.
El verdadero problema de la Argentina nunca fue la existencia del Banco Central. El problema fue haber convertido una institución que debía custodiar el valor de la moneda en una herramienta al servicio de las necesidades del gobierno de turno. La discusión, entonces, nunca debió ser si el Banco Central existe o no. La verdadera discusión siempre fue cómo construir un Banco Central que nunca más pudiera ser utilizado contra la moneda de los propios argentinos.
Nuestra Constitución ofrece una respuesta que, durante demasiado tiempo, fue ignorada. El constituyente colocó el régimen monetario bajo la órbita del Congreso porque comprendió que la moneda constituye una institución de la República y no un instrumento del presidente de turno. Esa decisión no fue casual: cuanto mayor es la discrecionalidad política sobre la moneda, mayor es el riesgo de que termine utilizándose para resolver problemas fiscales inmediatos a costa del ahorro, los salarios y la inversión.
Los países que lograron construir monedas confiables no eliminaron sus bancos centrales; los fortalecieron institucionalmente. La Reserva Federal de los Estados Unidos goza de una elevada independencia operativa, pero sus autoridades comparecen regularmente ante el Congreso y sus decisiones son sometidas a un intenso escrutinio público. El Banco Central Europeo posee una autonomía aún mayor, aunque su mandato está estrictamente delimitado por los tratados y su presidenta rinde cuentas periódicamente ante el Parlamento Europeo. Chile, por su parte, consagró constitucionalmente la autonomía de su Banco Central y estableció mandatos escalonados para sus consejeros, precisamente para evitar que cada cambio de gobierno implique una captura política de la autoridad monetaria.
La enseñanza es clara. La independencia nunca significa ausencia de controles. Significa proteger las decisiones técnicas de las urgencias políticas de corto plazo, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de responsabilidad institucional.
Mientras en 2023 buena parte del debate público giraba alrededor de la destrucción del Banco Central, presenté como diputado nacional un proyecto de ley que proponía un camino diferente: reformar su diseño institucional para recuperar el equilibrio previsto por la Constitución y devolverle al Congreso un rol efectivo en el control de sus autoridades. La iniciativa proponía que el Congreso pudiera promover un procedimiento de censura y remoción de los integrantes del Directorio cuando incumplieran los deberes que la ley les impone, reafirmando así que quienes administran la moneda también deben responder institucionalmente por sus actos. No compartía la idea de eliminar el Banco Central; entendía que el problema no era su existencia, sino su captura por el poder político. Celebro que hoy el propio Presidente haya llevado el debate hacia ese mismo terreno: el de las reformas institucionales.
Pero una verdadera reforma no puede limitarse a modificar organigramas o cambiar autoridades. Debe redefinir la misión de la institución. Un Banco Central moderno debe tener objetivos precisos: preservar el valor de la moneda, impedir que el financiamiento permanente del déficit vuelva a convertirse en una práctica habitual, garantizar su independencia técnica respecto del poder político, rendir cuentas periódicamente ante el Congreso y contribuir al desarrollo de un sistema financiero capaz de transformar el ahorro en crédito productivo.
El Banco Central no puede quedar subordinado a las necesidades políticas del gobierno de turno. Debe ocuparse estrictamente de custodiar la riqueza líquida colectiva acumulada por los argentinos y fortalecer los mecanismos que permitan hacer crecer el crédito para las empresas y las familias. Para cumplir esa misión necesita autonomía institucional frente al poder político, junto con mecanismos eficaces de rendición de cuentas ante la sociedad y el Congreso.
La estabilidad monetaria y el desarrollo del crédito no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, una moneda confiable es el presupuesto indispensable para que exista ahorro, para que ese ahorro pueda transformarse en crédito, para que las empresas inviertan, las familias accedan al financiamiento y la economía pueda crecer de manera sostenida. Ningún país logra desarrollar mercados de crédito profundos con una moneda que pierde valor de manera permanente.
El Banco Central debe ser el custodio de la riqueza líquida colectiva acumulada y de la confianza entre los argentinos. Esa es su verdadera razón de ser. Cuando esa institución se subordina a las necesidades políticas de cada gobierno, deja de proteger el ahorro de la sociedad para comenzar a financiar las urgencias del poder. Allí comienza el deterioro de la moneda y, con él, la pérdida de una de las bases esenciales sobre las que se construye cualquier economía moderna: la confianza.
Las naciones no se construyen solamente con equilibrio fiscal. También se construyen con instituciones que generan confianza. Un Banco Central que responda a la moneda y no al gobierno no garantiza por sí solo el desarrollo argentino, pero difícilmente podamos alcanzarlo mientras la institución encargada de custodiar nuestra moneda siga dependiendo de las urgencias de la política. Reformarlo no significa debilitarlo; significa convertirlo, por fin, en la institución que la Constitución imaginó y que los argentinos hace demasiado tiempo esperamos.
Oscar Agost Carreño, legislador provincial de Córdoba y exdiputado nacional.