El impacto de abrir la economía

El 26 de julio, el canciller Bielsa responde a una nota de Daniel Artana publicada en Ambito Financiero el día 21 de ese mes, originada en las decisiones que adoptó el gobierno nacional sobre la importación de electrodomésticos. Luego de publicar dos notas cada uno, el lector podrá sacar sus propias conclusiones sobre los acuerdos entre privados para limitar las exportaciones desde Brasil hacia nuestro país. Pero el segundo artículo del canciller plantea también el tema en forma más amplia y ello hace el debate todavía más interesante.

La apertura de los '90 coincidió, al igual que la de los '70, con políticas públicas que no contuvieron el atraso cambiario y generaron sobrecostos a la actividad privada. Detrás de estos problemas se destaca una política de expansión del gasto corriente del sector público financiada con endeudamiento externo, que no sólo deterioró el tipo de cambio real al presionar sobre los precios de los no transables, sino que impidió que el sector privado argentino accediera al crédito a tasas de interés más cercanas a las internacionales, al impactar negativamente sobre el riesgo país.

Se ha argumentado que los países desarrollados protegen con medidas no arancelarias. Esto lamentablemente es así. Pero esa misma política fue generosamente adoptada por la Argentina, con medidas especiales para importaciones desde dentro y desde afuera del Mercosur.

En segundo lugar, es interesante recordar algunos aspectos conceptuales y prácticos sobre la apertura económica.

1. La opinión técnica sobre el nivel de aranceles deseable no es única. En países que tienen capacidad de mercado en los productos que compran el arancel «óptimo» es positivo porque ello les permite aprovechar su capacidad de mercado (monopsonio). Este no es el caso de la Argentina, que tiene 0,5% de la población y de la actividad económica mundial y 0,4% del comercio global.

2. Aún en economías pequeñas puede haber razones para proteger si existen distorsiones, pero en general la sugerencia apunta a tratar de corregir esos problemas. Por lo apuntado anteriormente, el Estado argentino en décadas pasadas agravó el problema.

3. En definitiva, la economía sólo proporciona elementos para la toma de decisiones pública. Pero esa información es muy valiosa para proteger el interés general ante las inevitables presiones de los grupos de presión que tratarán de encontrar argumentos para justificar un tratamiento especial.

Aún a riesgo de simplificar, se puede establecer un orden de prioridades de políticas menos criticables a las más negativas para la sociedad, si se decide proteger a la actividad industrial. La mejor opción son las políticas que proporcionan apoyo directo vía el presupuesto. No perjudican a los consumidores con mayores precios y son más transparentes.

Si la opción anterior no es válida, es preferible introducir un arancel uniforme a todas las importaciones. Esta política es menos vulnerable a la acción de los grupos de presión porque las excepciones son visibles. En verdad, esta solución es un compromiso pragmático porque desde el punto de vista teórico lo ideal sería una escalera arancelaria que brindara a todos los sectores la misma protección efectiva, pero ello es difícil de lograr porque requiere de una gran cantidad de información. Este es un punto particularmente importante en el debate práctico.

Lo relevante para el sector protegido es cuánto aumenta su valor agregado luego de la protección. El valor agregado es la parte del valor de ventas que acrece al capital y al trabajo. Por ejemplo, si un sector tiene una protección de 20% sobre el bien final y los insumos entran libres de derechos y el valor agregado es 10% de las ventas, la protección efectiva lograda es de 200%. Por eso, la idea de un arancel bajo y uniforme tiene una gran dosis de pragmatismo: trata de evitar groserías como la expuesta que aparecen escondidas detrás de un arancel «no tan alto».

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