El peronismo necesita urgentemente una política agropecuaria acorde a los desafíos de la época en que vivimos

La llegada de Fernando Villela a la Secretaría de Bioeconomía (ex Agricultura) generó expectativas entre quienes creían que un profesional de las ciencias agrarias, con una destacada trayectoria académica y visión propia podría traer cambios positivos.

Campo. El asunto de fondo es que necesitamos producir indicadores del agro argentino que ayuden a construir una política agraria que no sólo ponga el foco en los veinte complejos agroalimentarios.

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En mis manos está el "Informe de Gestión - 90 días", presentado por el secretario Fernando Villela durante la ExpoAgro de marzo pasado. En esta reveladora exposición también participó Pedro Vigneu, quien, apenas transcurrido un mes desde el evento, ya ha abandonado el organismo. Mientras tanto, en los pasillos de la flamante Secretaría de Bioeconomía, se murmura que la salida del secretario es inminente.

La llegada de Villela a la Secretaría generó expectativas entre quienes creían que un profesional de las ciencias agrarias, con una destacada trayectoria académica y visión propia podría traer cambios positivos. Seguramente el rápido cambio de nombre del organismo desde el aburrido Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca al moderno y fantasioso “Bioeconomía” fue un aliciente para estas expectativas. Definida por especialistas como la producción y utilización intensiva en conocimientos de recursos biológicos para la provisión sostenible de bienes y servicios, la Bioeconomía es un enfoque interesante para abordar los desafíos actuales de la humanidad, como la reducción del uso de combustibles fósiles y la reutilización de insumos para eficientizar los sistemas productivos…

...Desafíos que están muy lejos de la agenda política del presidente de la Nación.

Nada de esta agenda de cambio se refleja en la planificación de la pomposamente nombrada Secretaría. En lugar de abordar estas cuestiones fundamentales, el énfasis está puesto en la desregulación y la reducción del Estado, como si fuera posible impulsar la eficiencia de los sistemas en clave bioeconomica sin un fuerte respaldo de capacidad productivas, de ciencia y tecnología, de los organismos tecnológicos, aceitado por una planificación de largo plazo y una inversión pública acorde. Así, las autoridades promueven un banquete gourmet y sirven Burger King.

Se puso en evidencia la incoherencia aquel día en el que las explicaciones del despedido Vigneau a las preguntas sobre la dramática situación de la lechería fueron “el ancla es el déficit cero” y el mismo Villela, hizo el malabar al despacharse largamente sobre la dinámica de las Leliq y los Pases Diarios.

La secretaría de Bioeconomía omite por completo cualquier plan o acción concreta hacia el tema. El nombre parece más bien usurpado ya que el único programa hasta ahora ha sido el de desregular, quitar cupos y barreras que limiten la exportación de bienes agrícolas y reducir el Estado en general, particularmente eliminar organismos sensibles que ayudaban a conectar parajes rurales lejanos con el estado, como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

Y es que el problema agrario argentino no es la regulación estatal, sino muy por el contrario, la falta absoluta de planificación. La política agraria argentina de los últimos treinta años ha consistido básicamente en montar pequeñas e innevitables burocracias sanitarias, mínimas y esforzosas regulaciones sobre prácticas productivas, ciertas inversiones de infraestructura realizadas en momentos de mayores bonanzas, ciertos esfuerzos de técnicos y funcionarios para promover determinadas actividades, cierto apoyo a los organismos descentralizados que proveen conocimientos y técnica y, principalmente, un debate fiscal centrado en el porcentaje de los derechos de exportación, con foco en tres cultivos.

Nada de esto se condice con cómo debería ser la política agropecuaria de un país que depende de forma tan absolutamente fundamental de la producción agraria para sostener su economía y soberanía territorial. La política agraria aquí se conduce con los ojos vendados.

Pero el problema no es solo de los liberales, tampoco en el bando popular hay concepciones interesantes sobre los problemas del agro y se maneja un nivel altísimo de improvisación y asunciones poco informadas. En el portal especializado Bichos de Campo, esta semana un contratista de servicios señaló la valorización de la tierra era un problema grave no para la política, no para los indicadores de distribución del ingreso, sino para el funcionamiento operativo de la producción. Pues bien, es un tema sobre el que el campo popular no suele tener más para decir que denuncias. Podríamos acompañar el planteo del contratista con información certera sobre la renta agraria, la estructura productiva, la tenencia de la tierra o los problemas de costos de producción, si no fuera que cada una de las mediciones que existen dependen fuertemente de datos privados cuya utilidad es suficiente siempre y cuando no nos preguntemos cómo están creados.

Otra muestra de esta precariedad estadística se dio con el Jumbot affaire que pone sobre el tapete cómo funcionarios públicos de primerísimo grado tienen naturalizado hacer política sin indicadores, una política basada en la fe y la expertise individual. Esto nunca puede salir bien. El problema no es exclusivo de un partido político, sino que abarca a todo el espectro ideológico. En lugar de discutir políticas basadas en datos concretos, nos encontramos inmersos en un mar de improvisación y asunciones poco informadas.

El asunto de fondo es que necesitamos producir indicadores del agro argentino que ayuden a construir una política agraria que no sólo ponga el foco en los veinte complejos agroalimentarios que constituyen la ruralidad nacional, en las condiciones de vida de los productores de todos los segmentos sociales, sino que también permita acompañar las discusiones al interior del heterogéneo y complejo entramado productivo agropampeano, desprendiéndonos de viejas teorías que ya no sirven para interpretar bien la realidad.

Si se confirma la salida de Villela, la situación de tener una secretaría con un nombre tan pomposo, sin una política real de impacto en los temas que preocupan a los ecólogos y ambientalistas y con una agenda ultraliberal, será otra muestra de que ni los gobiernos de derecha ni los populares saben qué hacer con el campo argentino.

Será como tener un Ministerio de la Felicidad que solo se encargue de dar malas noticias.