Por qué es un error el impuesto mínimo global a las ganancias corporativas

Quienes van a pagar este impuesto no van a ser las empresas sino los consumidores, ya que las compañías van a terminar trasladando ese mayor costo a sus precios.

El primer ministro británico, Boris Johnson y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del G7 de junio.

Foto: AP

Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, llegaron a un acuerdo para establecer un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones.

El paso fue calificado como “histórico” durante las sesiones del G7 que se realizaron el primer fin de semana de junio en Londres, donde consideraron que se estaban fijando las bases de una “nueva fiscalidad internacional”.

La iniciativa persigue que las empresas paguen en los países en los que venden sus productos y servicios y no en donde declaren sus beneficios. Así, buscan disuadir a las multinacionales de trasladar sus ganancias a países de baja tributación, independientemente del lugar donde se realicen sus ventas.

Del lado de las empresas, se espera que los más afectados sean gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook, que hasta el momento tienen la posibilidad de tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que, sin embargo, generan en otros países. Apple, por ejemplo, vende sus productos por toda la Unión Europea, pero tributa gran parte de su facturación en Irlanda. El tipo nominal del Impuesto de Sociedades en este país se sitúa en el 12,5%.

Irlanda no es, sin embargo, el único país del mundo con tasas menores al 15% propuesto. Hungría, por ejemplo, tiene actualmente una tasa del 9% y Bulgaria del 10%. Si, además, prosperara la idea inicial de Joe Biden de que se utilizara el 21% como referencia, otros países europeos como Holanda, Lituania y Letonia, todos ellos hoy en día con tasas del 15%, pasarían a estar entre los perjudicados.

Establecer un impuesto mínimo mundial a las ganancias de las corporaciones es – además de algo que no va a funcionar – un ataque directo a la soberanía de cientos de estados y jurisdicciones, y la aceptación implícita de que el sistema de alta tributación no funciona y que, por ende, hay que imponerlo por la fuerza.

La cartelización, en este caso, agrupa a los países del G7 que están siendo gestionados de manera ineficiente, que están profundamente endeudados y, por ende, necesitan recaudar mucho dinero, contra los Estados que tienen un tamaño razonable y son administrados de manera eficiente, quienes serán forzados a recaudar más de lo que precisan.

Quienes van a pagar este impuesto no van a ser las empresas sino los consumidores, ya que las compañías van a terminar trasladando ese mayor costo a sus precios. Los Estados pueden determinar quién debe ingresar el impuesto a sus agencias recaudadoras, pero no quien termina pagándolos.

Otro argumento en contra del mínimo universal es que será un obstáculo para la capacidad de los países pobres para atraer inversiones, ya que se les privará de competir a nivel impositivo.

El G7 no tiene capacidad formal para establecer cambios en el régimen impositivo global, pero los analistas sostienen que un pacto en el seno de este grupo supondría un poderoso impulso para alcanzar un acuerdo en las negociaciones formales que se están desarrollando al respecto en el G20 y en la OCDE. El fuerte respaldo de la Casa Blanca ha sido sin dudas un punto de inflexión.

El mismo Biden reconoce, sin que le caiga la cara de vergüenza, que, sin un mínimo global, el país no podría financiar su proyecto de infraestructura de 2 billones de dólares a través de un aumento de impuestos de 28%, como es su intención y la de su equipo económico.

La realidad es que, mientras haya en el mundo inseguridad jurídica y una voracidad fiscal sin precedentes, continúen los ataques contra la privacidad y los derechos de propiedad de las personas, habrá paraísos fiscales para rato. ¡Y la suerte que tenemos de que sigan existiendo!

Los impuestos no son más que un componente de los precios de los bienes y servicios que adquirimos y consumimos a diario. Dado que sabemos desde hace 4.000 años que ni los precios mínimos, ni los precios máximos ni los precios sugeridos funcionan, forzoso es concluir que lo mismo pasa con relación a los impuestos.

La mayor parte de quienes promueven este impuesto mínimo global señalan que es una manera de homogeneizar el sistema tributario internacional, evitando que las corporaciones cambien sus operaciones de un país a otro en busca de mayores ventajas.

No se que pensarán ustedes, pero a mi me parece un argumento excesivamente débil ante todos los problemas que se señalaron más arriba en esta sección.

De hecho, parece más honesta la argumentación de los Estados Unidos, que básicamente pasa por aceptar abiertamente que, sin un mínimo global, el país no podría financiar su proyecto de infraestructura de 2 billones de dólares a través de un aumento de impuestos de 28%, como es la intención de su presidente y su equipo económico.

En qué consiste la propuesta del G-7 y qué se puede esperar a futuro

Pasemos, ahora sí, al análisis de la propuesta en cuestión, que seguramente sea norma en el corto plazo pese a la lógica oposición de países como Irlanda y otros. De hecho, no me sorprendería que hubiera nuevos anuncios luego de la reunión de los ministros de finanzas de los países que integran el G-20 en Venecia el mes próximo.

La idea de este "mínimo global" es – como se dijo – detener la competencia entre los países por ofrecer impuestos cada vez más bajos a las grandes corporaciones (y, por carácter transitivo, a sus clientes). Si bien no se trata de algo novedoso en absoluto, sino de algo que por el contrario estaba en la agenda de la OCDE desde hace casi una década, el fuerte respaldo de la Casa Blanca ha sido sin dudas un punto de inflexión.

Lo que establece en concreto esta iniciativa es que las empresas multinacionales que alcancen cierta facturación (aún no queda claro que empresas terminarían calificando como tales) deberán pagar impuestos allí donde vendan sus productos, independientemente de dónde tengan sus oficinas centrales y/o sus operaciones.

En pocas palabras, esta propuesta es un ataque frontal contra jurisdicciones que establecen bajos impuestos a las ganancias corporativas y que por ende han sido utilizadas por décadas por las empresas más grandes del mundo para establecer allí sus headquarters. En concreto, la ya mencionada Irlanda, cuya tasa actual de impuesto a las ganancias corporativas es de 12,5%. Pero Irlanda no es el único país del mundo con tasas menores al 15% propuesto. De hecho, Hungría tiene actualmente una tasa del 9% y Bulgaria del 10%. Más aun, tampoco es claro que la tasa mínima termine quedando en 15%, toda vez que la propuesta de Biden era que se utilizara el 21% como referencia, algo que le daría más espalda para aumentar impuestos en Estados Unidos. De ser así, otros países europeos como Holanda, Lituania y Letonia, todos ellos hoy en día con tasas del 15%, pasarían a estar entre los perjudicados.

La otra gran incógnita pasa por ver qué hará China

En mi opinión, si bien siempre es difícil lograr este tipo de acuerdos a nivel global, el giro de 180º que dio Estados Unidos puede llegar a ser decisivo para que el mismo se de en algún momento de 2022.

Pero más allá de mi opinión acerca de que en algún momento se va a lograr instrumentar este acuerdo programático, recordemos que el diablo siempre está en los detalles.

En tal sentido, quedan por el momento las siguientes dudas, todas ellas más que relevantes:

• ¿Qué compañías van a terminar afectadas por este mínimo global?
• ¿Qué pasará con los demás incentivos para atraer a las empresas que suelen usar los gobiernos del mundo, más allá de la baja de impuestos? Nos referimos, claro está, a exenciones, subsidios, créditos o cualquier mecanismo que al final de cuentas favorezca a las empresas que terminan afectadas por este impuesto mínimo.
• Finalmente, ¿en serio piensan los burócratas del G-7 que a los abogados tributaristas de las grandes empresas no se les va a ocurrir la forma de estructurar las actividades de estas de manera de minimizar el impacto de las normas que vayan a aprobar? Toda norma tiene loopholes y esta no va a ser de ninguna manera la excepción.

He leído muchas columnas estos últimos días vaticinando, tal cual lo vienen haciendo desde 1998, el fin de los paraísos fiscales.

La realidad es que, mientras haya en el mundo inseguridad jurídica y una voracidad fiscal sin precedentes; y por otro lado continúen los ataques contra la privacidad y los derechos de propiedad de las personas, habrá paraísos fiscales para rato. ¡Y la suerte que tenemos de que los mismos sigan existiendo!

Los paraísos fiscales no desaparecieron con la eliminación de las acciones el portador, con la prohibición de tener regímenes impositivos diferenciados para residentes y extranjeros, con la obligación de firmar acuerdos bilaterales que posibiliten el intercambio de información entre países, con Panama Papers, con FATCA, con CRS, con BEPS ni con las leyes de Substancia Económica; y menos van a desaparecer como consecuencia de esta desafortunada iniciativa.

(*) Fundador y CEO de @UntitledLegal, una boutique de servicios legales especializada en planificación patrimonial internacional y el establecimiento de fondos de inversión, y primer “Legal Family Office” de América.