Hidrovía, en manos del Estado y un debate sobre modelo de desarrollo

Opiniones

Lo hará al menos por un año hasta que se determine la nueva concesión. La Hidrovía Paraná-Paraguay es administrada por la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa.

La Hidrovía Paraná-Paraguay, es la vía navegable de 3500 kilómetros por la que pasa el 80 por ciento del comercio exterior argentino y que hoy es administrada por la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa.

El Gobierno Nacional ya decidió terminar con este formato para pasar a otro donde pueda tener mayor injerencia, al principio, a través de la Administración General de Puertos.

El análisis más simplista se centra en el problema del cobro del peaje para las embarcaciones que transitan su recorrido. En realidad, se piensa en una nueva concepción de fondo luego de que, el 30 de julio, finalice la actual concesión.

“Se va a llamar a licitación pública internacional con nuevos parámetros, con la participación de todas las provincias que intervienen en la Hidrovía, con la participación también de todo el Consejo Consultivo, con la participación ciudadana de las organizaciones y sobre todo de las autoridades”, dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anticipando que Puertos tomaría el control provisorio y haría el llamado a una “licitación corta”.

Lo que estará en discusión es el modelo de desarrollo que los argentinos queremos para el país de los próximos años y la posibilidad de recuperar el rol ejecutivo del Estado. Se trata de revertir el modelo que se instauró en la década de los 90, no sólo para que el Estado recupere la potestad de cobrar los peajes sino para todas las cuestiones que tienen que ver con estos tramos navegables del río.

Como dijo la legisladora Fernanda Vallejos es importante “que sea el Estado el que recupere férreamente el control de todo lo que ocurre en torno de la hidrovía del Paraná: se tiene que controlar qué es lo que se draga, cuánto se draga, dónde se dispone lo que se draga.

Todos estos elementos hasta el día de hoy están sujetos a declaraciones juradas del consorcio concesionario y que creemos que indefectiblemente tiene que pasar a manos del Estado nacional, a través de las diferentes áreas que tienen incumbencia en la materia”. En este modelo de desarrollo, la concesión sólo sería para tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable, un aspecto determinante y no menor.

Desde el punto de vista comercial, se resguardará el éxito de lo que se encuentre funcionando correctamente, pero sería de una visión muy corta negar que los sistemas de control estatal podrían tener una mirada mejor y de mayor alcance para combatir situaciones lícitas dentro de la dinámica comercial que pueden derivar en el contrabando o robo de mercadería.

No sólo eso, también es importante destacar la proyección de crecimiento a mayor escala sin dañar nuestra geografía y cuidando todo lo relativo al medio ambiente.

Aún resta definir cuál será el organismo de control a cargo luego de que finalice la administración provisoria. Se habla de un ente descentralizado del Ministerio de Transporte o de la propia Administración General de Puertos. Hay además una comisión bicameral estudiando el tema.

Más allá de las definiciones finales, es importante destacar el rol del Estado para aglutinar voluntades e impulsar el desarrollo arbitrando y equilibrando correctamente los intereses en juego.

Asesor y especialista en riesgos del trabajo

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