Apoyo al Ingreso Familiar de Emergencia

Opiniones

El Coronavirus afectará a todos y a todas, pero en mayor medida las consecuencias económicas recaerán sobre las personas más vulnerables y trabajadoras precarias. En ese marco, la creación del Ingreso Familiar de Emergencia resulta auspiciosa en la idea de priorizar a los más afectados por la crisis.

Cuidarnos es prioridad. El Coronavirus afectará a todos y a todas, pero en mayor medida las consecuencias económicas recaerán sobre las personas más vulnerables y trabajadoras precarias. Por ello, hay que proteger a las familias, pero con énfasis en quienes más lo necesitan.

La coyuntura presenta tal dinamismo que obliga a un monitoreo continuo de la situación y a planificar nuevas agendas de políticas. En ese marco, la creación del Ingreso Familiar de Emergencia recientemente anunciada por el Gobierno resulta auspiciosa en la idea de priorizar a los más afectados por la crisis, eternas víctimas de las desigualdades múltiples que persisten en nuestras sociedades.

Políticas públicas distributivas desplegadas en Argentina

Resulta claro que una situación de semejante envergadura no se resolverá con una sola política, sino que se requiere de un sistema integral de políticas públicas distributivas.

El impacto del Coronavirus se agrava por la desigualdad socioeconómica, la de género y la generacional presente en Argentina e incrementada en los últimos años ante el proceso sostenido de endeudamiento externo y deterioro social.

La deuda externa Argentina aumentó fuertemente entre 2015 y 2019, pasando del 52.6% al 89.9% del PBI, según datos del Ministerio de Economía. Constituye un limitante de soberanía para definir políticas y representa fuertes restricciones en materia fiscal, razón por la cual es muy meritorio el refuerzo en el equipamiento de hospitales para albergar a los infectados que está haciendo el Gobierno y las políticas compensatorias que se están anunciando para los más damnificados por la caída de la actividad económica en el marco de las medidas preventivas de aislamiento por la pandemia.

En la Argentina, además de iniciativas de prevención y preservación de la salud y del Ingreso Familiar de Emergencia, entre los anuncios recientes para cuidar el trabajo y asegurar el ingreso de las familias, se destaca el pago extraordinario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). Para todos aquellos que perciban AUH y los/as jubilados, se postergará el cobro de las deudas de abril y mayo con ANSES; las personas que reciben una única jubilación o pensión mínima o de menor monto cobrarán, además, un adicional por un mes.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, se fortalecerá la provisión de alimentos en comedores comunitarios y espacios de contención de sectores vulnerables y la asistencia alimentaria para personas travestis y trans a través de su incorporación a los programas sociales, entre otras iniciativas.

A esto se adicionan la exención del pago de contribuciones patronales a los sectores más afectados, la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria; y el refuerzo del seguro de desempleo.

En cuanto a obra pública, se aumentará la inversión destinada a obras viales y de infraestructura económica, construcción y refacción de viviendas, construcción y refacción de escuelas y jardines maternales y turismo, así como la posibilidad de ampliar el plan Procrear para impulsar el sector de la construcción y hacer posible la compra o refacción de hogares; y se establecerán precios máximos por 30 días (prorrogables) para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos. Monotributistas accederán a una serie de exenciones impositivas, y se suspenderá el corte de servicios esenciales por falta de pago.

Magnitudes y vulnerabilidades: Empezar por los de abajo

Bajo un escenario de cuarentena que implica quedarnos en casa para cuidarnos, se sabe que los más perjudicados serán quienes tienen trabajos precarios (trabajadoras de casas particulares, albañiles, vendedores ambulantes, etc.), por cuenta propia o pequeños empleadores. Estos sectores perderán sus ingresos, en un contexto donde el fuerte endeudamiento heredado y la recesión económica recibida ya preveían que fueran irregulares e intermitentes.

Por lo tanto, las medidas en curso son consecuentes con la idea que ha tenido esta administración desde un principio, que es la de “empezar por los de abajo”. Sin ingresos no es posible alimentarse, ni hacer frente al pago de bienes y servicios esenciales, complicando la reproducción social y con impactos diferenciales en cada miembro del hogar, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Pues, en efecto, las mujeres y las juventudes son los más afectadas, siendo universos poblacionales en los que se duplica la desocupación y la precariedad. También, han sido históricamente los/as más invisibilizados desde la seguridad social. Muchos de estos sectores tienen jefatura de hogar femenina, que en Argentina comprende a 4 de cada 10 hogares.

De manera que, además de estrato, el golpe social provocado por la pandemia tiene edad y género en el día a día que se va materializando con la crisis del Coronavirus.

El anuncio del ingreso familiar de emergencia beneficiará a 3.5 millones de hogares. Se sabe que cuando se planifican medidas de este tipo, que requieren de una implementación inmediata en el marco de escenarios de emergencia, un buen diagnóstico de los potenciales destinatarios es clave para que los recursos se vuelquen hacia los que efectivamente más lo necesitan. En ese sentido, algunos cálculos realizados por el Grupo de Estudios sobre Desigualdad y Movilidad Social del Instituto Gino Germani de la UBA y del Grupo de Estudios de Estratificación, Trabajo y Movilidad social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que dirige el Dr. Eduardo Chávez Molina, contribuyen a cuantificar ese universo, en línea con las estimaciones oficiales.

El total de hogares con inseguridad de ingresos durante la cuarentena producida por el COVID-19, informales y hogares que perciben AUH siguiendo a la EPH del INDEC para el tercer trimestre de 2019, que no es representativa del total de la población sino sólo de los grandes aglomerados urbanos, es de es de 2.7 millones, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 219.677 son desocupados, 1.597.706 son cuenta propias no calificados, 172.709 son trabajadores de sector industrial hasta 2 ocupados, 274.323 son trabajadores de sector terciario hasta 2 ocupados y 471.746 son cuenta propias profesionales/calificados y patrones hasta 1 ocupado.

Una política de sostén de ingresos necesaria

El Ingreso Familiar de Emergencia constituye por lo tanto un importante nuevo instrumento del sistema de seguridad social bajo la pandemia de Coronavirus para asegurar ingresos a los hogares cuyos jefes/as son trabajadoras/es precarios, desocupados y que no reciben transferencias estatales.

Está demostrado en diversas evaluaciones de impacto de políticas nacionales e internacionales, que las transferencias (condicionadas o no) tienen efectos de shock importantes para no desmejorar tanto en la distribución y sostener los ingresos de las familias que se verán afectadas por la cuarentena en el desarrollo de sus actividades laborales.

Teniendo a los hogares como unidad de análisis, se garantiza una prestación por hogar dirigida a personas en edad laboral entre 18 a 65 años que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; o monotributistas sociales y trabajadores. El beneficio también alcanza a trabajadoras de casas particulares. En este caso, el pago se extiende a todo el universo de personas que se desempeñan en dicha actividad, estén o no registradas, por cuanto la mayoría de las mismas son mujeres (más de 1.200.000 sobre un total de 1.730.000, según el último dato del INDEC).

Los requisitos que deben reunir además de la edad son ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; no percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: a) trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, b) monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos, c) prestación por desempleo; d) Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e) planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR.

Muy importante es no olvidar que la AUH es un derecho consagrado a niños/as, cuyas titulares son madres, padres o tutores, pero 95% de ellos son mujeres. Por eso, que a ellas se les garantice el Ingreso Familiar de Emergencia constituye también un reconocimiento a la mujer en su condición de trabajadora, circunstancia que empieza a pagar una vieja deuda que la seguridad social tiene en materia de género, sobre la cual por supuesto todavía queda mucho por hacer.

Es destacable que su acceso se basará en criterios de selectividad objetivos y no de manera discrecional, a través de cruces de AFIP y ANSES, aprovechando las capacidades con las que cuenta el Estado en ese sentido y minimizando que las familias deban movilizarse en un contexto tan apremiante.

La prestación por este Ingreso Familiar de Emergencia es de $10.000 y la percibirá un integrante del grupo familiar, abonándose por única vez en el mes de abril del corriente año.

El desafío para la gestión pública es medular, exigiendo un trabajo conjunto entre diversos organismos estatales con facultades en la temática que consagren una coordinación interinstitucional lo más aceitada posible para actuar en territorio con la urgencia que la coyuntura exige.

(*) Coordinadora Académica del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas de FLACSO.

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