En marzo se produce un nuevo vencimiento del plazo para acceder a la moratoria previsional, lo que pone nuevamente en evidencia los problemas estructurales del sistema. Esta situación representa un nuevo desafío para quienes formamos parte del Congreso, ya que nos obliga a tomar una decisión crucial: o seguimos prorrogando una solución incompleta que perpetúa la crisis, o damos el paso hacia una reforma integral que resuelva los problemas de fondo y proporcione una cobertura justa a los trabajadores jubilados.
Tanto sancionar una nueva prórroga como aceptar con pasividad su vencimiento son malas decisiones. La primera opción implicaría seguir alargando la crisis, profundizando los desequilibrios financieros que se cubren, de manera injusta, castigando los haberes de quienes aportaron durante su vida activa. La segunda opción, que consiste en no renovarla, aunque elimine el oportunismo que prevalece desde hace más de una década, seguiría sin dar respuestas a la necesidad urgente de establecer una mejor organización del sistema previsional.
Por ello junto a la diputada Alejandra Torres, entendiendo que sin subestimar la complejidad de los problemas que subyacen en la crisis del sistema previsional es posible establecer un hito a partir del cual comencemos a revertir la crisis y poner fin a décadas de políticas previsionales oportunistas e irresponsables, presentamos un proyecto de ley que intenta desandar ese camino.
Aunque reconocemos que es necesaria una reforma integral del sistema, también entendemos que no están dadas las condiciones para llevarla a cabo de manera inmediata. Por ello, este proyecto se divide en dos grandes capítulos. El primero contempla un conjunto de reformas urgentes y puntuales, mientras que el segundo establece los primeros pasos hacia un proceso de trabajo que permita, en un plazo relativamente breve, que el Congreso sancione una reforma integral.
En relación con las reformas urgentes y puntuales los cambios más relevantes que se proponen son los siguientes:
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Eliminar el requisito de 30 años de aportes: Este requisito fue pensado para un sistema mixto que combinaba un régimen de reparto con otro de capitalización, donde el primero exigía los 30 años de aportes como mínimo, mientras que el segundo no lo hacía, ya que el monto de la jubilación dependía exclusivamente de los aportes realizados. Sin embargo, cuando se derogó el régimen de capitalización en 2008, no se revisó el requisito de los 30 años de aportes. Esta omisión dio lugar a un régimen general con una regla de acceso extremadamente rígida y arbitraria, ya que los aportes parciales, que no sumen los 30 años, no tienen valor alguno. Eliminando este requisito, todos aquellos que cumplan con la edad mínima para jubilarse tendrán derecho a la cobertura previsional, y cualquier período de aportes será reconocido con un mejor haber. El objetivo es flexibilizar los requisitos de acceso al beneficio jubilatorio, otorgando valor a los aportes parciales.
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Computar la totalidad de las remuneraciones de la vida laboral de la persona, en lugar de los últimos 10 años. Esta medida busca garantizar un trato más justo y equitativo, reconociendo el esfuerzo contributivo de las personas a lo largo de su vida laboral.
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Mejorar la prestación universal PUAM que pasa a ser la garantía de haber mínimo. Si el haber resultante de la suma de las prestaciones (por los años que hubiere aportado) es inferior a la PUAM, el beneficiario podrá optar por esta última. A su vez, se propone elevar la garantía de este haber vinculándolo al Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha de sanción de la ley y luego actualizándose por la regla general de movilidad. Por otro lado, se perfecciona la PUAM estableciendo que su monto crece en función de la cantidad de meses aportados durante la vida activa. Esto responde a razones de equidad e incentivo a los aportes en la medida que cualesquiera sean siempre son reconocidos con un mejor haber. Finalmente, se deroga la prohibición de trabajar para quienes acceden a la PUAM, igualando su situación con el resto de los jubilados, quienes no enfrentan dicha restricción.
El proyecto busca ordenar el sistema previsional, incentivando la conducta contributiva y garantizando una mayor equidad en la determinación de los haberes en función de los aportes realizados. Además, establece la garantía de un haber mínimo (PUAM) para quienes no alcancen una jubilación superior a esa cifra.
El segundo capítulo establece los primeros pasos para lograr un ordenamiento integral del sistema previsional. Siguiendo buenas prácticas internacionales, se encomienda a un grupo de expertos la elaboración de los estudios necesarios y el articulado para esta trascendental transformación. Estos estudios estarán basados en datos y se someterán a un proceso transparente de revisión y consulta, garantizando que las decisiones que tome el Congreso se basen en información precisa y objetiva.
En el año 2022, cuando se aprobó casi sin discusión una nueva prórroga a las moratorias previsionales presenté un proyecto con reformas muy similares a las que estamos proponiendo ahora que ni siquiera fue tratado en comisiones. El año pasado el Presidente firmó junto a los gobernadores el Pacto de Mayo, el cual incluyó entre sus puntos “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”. Es hora de comenzar esa discusión.
*Agustín Domingo es diputado nacional y exministro de Economía de Río Negro.
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