La crisis de los servicios públicos lleva ya tres años

Existe una gran cantidad de contratos de servicios públicos sin renegociar o con renegociaciones incompletas o parciales. La mayoría de las renegociaciones a las que se ha arribado es con empresas de servicios públicos de accionistas internacionales, que tienen la capacidad de litigar ante tribunales arbitrales fuera de la jurisdicción argentina, donde se le exige al gobierno que cumpla con la ley, lejos del canto de sirena de las tentaciones populistas y de los desvíos legales argentinos de los últimos años. De otra manera, nadie hubiera iniciado juicios muy costosos.

La ley de emergencia ordena la renegociación de los contratos con pautas objetivas e implica el mantenimiento de su ecuación económicofinanciera, sin perjuicio de compatibilizarlos con la nueva situación económica posterior a enero de 2002. La morosidad del gobierno en cumplir con la ley de emergencia ha provocado distintas consecuencias, todas negativas. La primera de ellas es la caída de las reservas de hidrocarburos, provocando una crisis energética en un sistema que por primera vez en décadas funcionaba adecuadamente, con precios internacionales competitivos.

La mayoría de las empresas no ha renegociado sus contratos y se encuentra en situaciones financieras complicadas. Aquí corresponde distinguir dos situaciones, la de las empresas internacionales que en general están sostenidas por sus empresas holding, y la de las empresas nacionales cuya situación es gravísima, ya que en nuestro sistema económico no existen ni bancos ni instituciones que puedan ayudar a soportar el impacto de la devaluación en las tarifas frente al fuerte incremento de costos. Una vez más, son los propios argentinos que han creído en el país los primeros castigados por nuestro «salvajismo jurídico».