Retroceso: la Argentina debe confiar en que le vendan gas

Es importante destacar que la formalidad no es un detalle menor, ya que dichos tratados -al decir de los expertos- están consagrados desde la Constitución argentina de 1994 con rango superior a cualquier ley prevaleciente en el país. Dicho protocolo, luego complementado con el de Integración Eléctrica y similares tratados firmados con Brasil, Uruguay y Bolivia, establecía algunos puntos razonables y necesarios para que cualquier país confiara en comprar gas natural o electricidad de su vecino.

El quiebre de reglas de juego materializado por la llamada Ley de Emergencia Económica del 6 de enero de 2002 detuvo las inversiones en el sector. El congelamiento de precios disparó la demanda de aquellos sectores que lograron aumentar sus ingresos por efectos de la devaluación de 190% y del incremento de 120% de los precios mayoristas, al igual que los sectores como el GNC, que sustituyen combustibles regidos aún imperfectamente por las cotizaciones internacionales, como las naftas y el gasoil, y de la generación termoeléctrica, cuya alternativa es similar al caso anterior.

Una baja oferta hidroeléctrica derivada de insuficientes precipitaciones en el Comahue y desde hace un par de meses en la cuenca del río Uruguay y en menor medida del Paraná, sumada al incremento de la demanda eléctrica, origina una necesidad de mayor despacho de las centrales térmicas cuya alternativa de consumo de fueloil o gasoil es sumamente onerosa, e imposible en un contexto de ausencia de incrementos de tarifas. En esta situación de incremento importante de demanda de gas sólo ha sido posible porque los productores, transportistas y distribuidores de gas funcionaron a pleno para abastecer la demanda.

Es una verdad de Perogrullo, pero que precisa ser reiterada, que si no se hubiera actuado de modo de maximizar el suministro, no habría sido posible que la demanda se hubiera satisfecho. En este contexto, las autoridades decidieron reducir las exportaciones que legalmente y contractualmente estaban autorizadas, amparadas en protocolos de integración firmados no por determinados gobiernos de la Argentina, Chile, Uruguay o

Brasil, sino por los mismos países representados por sus respectivos Estados. ¿Cómo será posible restituir la confianza de un país con el que la integración avanzó al mejor punto de sus historias, si no se respeta lo acordado oportunamente? ¿Qué pensará Brasil, en donde empresas privadas y estatales tienen contratos para importar gas y 2.000 MW de electricidad teniendo como antecedente la decisión adoptada por la Argentina, especialmente cuando dicha decisión fue tomada a la par que numerosos consumidores que en nuestros cálculos equivalían a 10% de la oferta consumían el gas bajo la modalidad contractual interrumpible? ¿Qué podría esperar a futuro la Argentina de las importaciones reanudadas desde Bolivia? ¿Acaso puede pensarse que un consumidor argentino puede decidir nuevas inversiones sabiendo que un tercer país podría eventualmente argüir similares fundamentos que los esgrimidos por la Argentina?

La Argentina tiene un claro problema de inversión que no deviene de la mala predisposición de tal o cual empresa, sino de un marco de incertidumbre. La plataforma electoral del actual gobierno proveía un razonable marco de reglas de juego para el sector energético, y medidas que se espera que sean implementadas. Es importante reflexionar que los proyectos de nuevas exportaciones a Chile sumaban casi 4.500 millones de dólares en ventas durante 15 años, pero más aún es de destacar que 12% de dicho monto correspondería a regalías a las provincias de Salta, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Para la Argentina, la restitución de la integración energética en el Cono Sur no debe ser tomada como un problema, sino como parte sustancial de la solución a la ausencia de inversiones. Las señales de escasez actuales, siempre en relación con una demanda disparada por los precios distorsionados y por la inoportuna adversidad climática, pueden proveer mayores precios de las exportaciones que contribuyan a acelerar las inversiones destinadas a incrementar el abastecimiento al mercado interno. El futuro se avizora requiriendo los máximos esfuerzos de integración y cooperación entre los países y entre las empresas que son capaces de importar y exportar gas, energía y petróleo. La adopción de medidas equitativas y la franqueza en el planteamiento de los problemas pueden abrir la oportunidad para que la integración entre los países sea la base de un nuevo ciclo inversor, que origine más riqueza y nivel de vida para todos los que vivimos y trabajamos en Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, y la Argentina.