Existen diferentes modelos de país, cada uno con su propia lógica económica, social y política. En líneas generales, se pueden identificar dos enfoques predominantes. Uno de ellos es el modelo basado en economías cerradas y un Estado amplio y presente, que demanda altos niveles impositivos para sostener su funcionamiento y cumplir con sus obligaciones, ya sean de asistencia social, infraestructura o administración pública. En este modelo, el Estado tiene un rol protagónico, regulando distintos sectores de la economía, estableciendo barreras comerciales y promoviendo el desarrollo mediante políticas de intervención directa.
RIGI como motor de empleos de calidad y reconversión laboral
La lógica detrás del RIGI es clara: reducir la carga fiscal para las empresas y, a su vez, generar beneficios a largo plazo a través de la creación de empleo.
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El RIGI representa una apuesta por el crecimiento basado en la inversión privada y la apertura económica.
Por otro lado, existe un modelo que incentiva la libre importación y exportación, promueve la llegada de inversiones extranjeras, impulsa la competencia y busca reducir la presencia del Estado en la economía. Bajo esta concepción, el mercado y la iniciativa privada adquieren un papel fundamental en el desarrollo del país, lo que implica menores cargas tributarias para atraer capitales y generar empleo.
En este contexto, se enmarca el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo diseñado para atraer grandes corporaciones y fomentar compromisos de inversión a largo plazo en distintos sectores estratégicos. Como contraprestación, se otorgan exenciones impositivas que buscan generar un beneficio mutuo entre el sector privado y el conjunto de la sociedad.
La lógica detrás del RIGI es clara: reducir la carga fiscal para las empresas con el fin de estimular la inversión en el corto plazo y, a su vez, generar beneficios a largo plazo a través de la creación de empleo, el crecimiento económico y la dinamización de sectores clave. Se trata de un enfoque que busca potenciar el círculo virtuoso del desarrollo, donde la inversión inicial genera empleo directo e indirecto, dinamiza el consumo y mejora la competitividad del país a nivel global.
Las industrias más beneficiadas con este esquema son las empresas tecnológicas, la minería, la energía y la industria pesada. Desde su lanzamiento y tras la presentación de Milei en Davos en enero, el programa ha generado compromisos de inversión por cifras millonarias. Estos flujos de capital tienen el potencial de transformar no solo la economía en términos macro, sino también las realidades locales y regionales, especialmente en provincias donde los proyectos energéticos y mineros tienen un gran impacto en la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura.
Uno de los primeros efectos de la llegada de estas inversiones es la contratación de profesionales especializados y personal de apoyo. Pero el impacto no se limita solo a la mano de obra directa: también se extiende a una amplia red de proveedores y servicios complementarios. Desde la adquisición de maquinaria, insumos y equipos de seguridad, hasta la contratación de servicios contables, legales, gastronómicos y de salud, cada gran inversión genera una cascada de oportunidades para empresas locales. La infraestructura necesaria para estas inversiones también se traduce en demanda de transporte, logística y comunicaciones, dinamizando aún más la economía de cada región involucrada.
En el caso de las empresas tecnológicas y del sector del conocimiento, el impacto del RIGI es igualmente significativo, aunque con una lógica diferente. A diferencia de la industria minera o energética, cuya actividad se concentra en zonas específicas del país, las compañías tecnológicas tienden a conformar polos estratégicos en distintas ciudades, fomentando la creación de ecosistemas de innovación y desarrollo. Esto no solo atrae talento y capital, sino que también genera sinergias entre empresas, promoviendo la especialización y la competitividad del sector.
Uno de los debates recurrentes en torno a estos esquemas de incentivo es la posible desigualdad en las condiciones de competencia. Algunas críticas señalan que otorgar beneficios fiscales a grandes corporaciones puede representar una ventaja desleal respecto a empresas más pequeñas o emprendedores que no acceden a los mismos estímulos. Sin embargo, al analizar el impacto en términos generales, se observa que toda la cadena de valor se ve beneficiada por la llegada de nuevas inversiones. Los proveedores, clientes y consumidores experimentan un efecto positivo a medida que el ecosistema productivo se fortalece, generando oportunidades para actores de distintos tamaños y perfiles.
Además, la presencia de grandes empresas en un mercado suele resultar en el crecimiento de emprendimientos derivados. Los profesionales que adquieren experiencia en estas compañías eventualmente pueden capitalizar sus conocimientos y redes de contacto para lanzar sus propios proyectos, diversificando la oferta de productos y servicios. Este fenómeno, común en los principales polos tecnológicos del mundo, demuestra que la competencia no siempre implica exclusión, sino que también puede ser un motor de crecimiento para la innovación y la diversificación del tejido productivo.
Por supuesto, el éxito de este tipo de políticas depende de múltiples factores, incluyendo la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria. Sin un marco adecuado, los incentivos pueden perder efectividad y no traducirse en los beneficios esperados. Es por eso que, además de la implementación del RIGI, resulta clave que el país mantenga reglas claras y sostenibles en el tiempo, generando confianza tanto en los inversionistas como en los trabajadores y emprendedores locales.
En definitiva, el RIGI representa una apuesta por el crecimiento basado en la inversión privada y la apertura económica. Sus efectos no son instantáneos ni homogéneos, pero sí pueden sentar las bases para un desarrollo sostenido en el tiempo. Como cualquier política económica, su éxito dependerá de la capacidad de gestionar su implementación con inteligencia y visión estratégica. Lo que sí está claro es que en un mundo cada vez más competitivo, atraer inversiones y generar empleo de calidad debe ser una prioridad. Como dijo Jack Welch, "la capacidad de una organización para aprender y convertir rápidamente ese aprendizaje en acción es la ventaja competitiva definitiva". Aplicar esta filosofía al desarrollo económico podría ser la clave para aprovechar al máximo las oportunidades que el RIGI y otros mecanismos de incentivo pueden ofrecer.
Co Founder & COO High Flow.
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