A 30 años de su Constitución, la Ciudad consolida su autonomía con justicia propia y el reclamo de traspasos pendientes.
A tres décadas de la Constitución porteña: avances en justicia y el reclamo por una autonomía que aún no se completó.
En 1996, 60 constituyentes se sentaron a escribir las reglas de convivencia de Buenos Aires. Por primera vez, la comunidad debatía y establecía qué ciudad quería ser. Ese texto, que acordaron y firmaron hace 30 años, es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y desde entonces cada decisión de gobierno tuvo que responder a ella.
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Una vez que la Constitución Nacional determinó la autonomía de nuestro territorio, la Ciudad empezó a escribir su propia historia. Lo que se construyó en estas tres décadas es concreto y visible. Hoy la Ciudad tiene una Policía propia, un Poder Judicial en expansión de sus competencias civiles y comerciales y penales y comunas que descentralizan la gestión. Ninguno de esos avances fue automático: cada uno requirió acuerdos, negociaciones y la convicción de que gobernar de cerca produce mejores resultados que gobernar desde lejos.
A partir de la decisión política del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y desde que asumí como ministro de Justicia, profundizamos el camino de autonomía en la Ciudad. Arrancamos por la Justicia laboral porque entendemos que es el fuero que más incide en la vida productiva de la Ciudad. Un juicio laboral que se extiende por cinco o siete años no solo perjudica al trabajador que espera cobrar lo que le corresponde: también paraliza a la empresa que no sabe cuánto le va a costar contratar. Esa incertidumbre tiene un precio real, y eliminarla es condición necesaria para que Buenos Aires siga siendo un lugar atractivo para trabajar e invertir. El fuero laboral local, con su propio Código de Procedimiento, es la respuesta concreta a ese problema.
En materia penal también cerramos un círculo que estaba abierto desde hace años. La Ciudad investigaba, juzgaba y condenaba, pero no podía hacerse cargo de sus propios detenidos. Con la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad y el avance en la construcción de infraestructura propia, esa contradicción empieza a resolverse. Asumir esa responsabilidad no es un gesto simbólico: es la diferencia entre una autonomía declarada y una autonomía que funciona.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también fue determinante en este proceso. En los fallos "Corrales", "Bazán" y más recientemente "Levinas", la Corte fue clara: Buenos Aires tiene derecho a una Justicia propia y las transferencias pendientes no son optativas. La palabra que eligió en el último fallo fue "inmovilismo" y eso lo dice todo. No es un reproche menor: es la máxima instancia judicial del país que señala que hay una deuda constitucional sin saldar.
Esa deuda existe y hay que nombrarla. Todavía hay competencias judiciales en materia civil y comercial bajo la órbita nacional, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia y el Puerto siguen sin ser transferidos. Reclamarlos no es un capricho de la Ciudad: es cumplir con lo que la propia Constitución Nacional estableció hace más de 30 años.
Pero la autonomía no se agota en los traspasos. Tiene una dimensión que no aparece en ningún convenio ni en ningún fallo: la ciudadana. La autonomía gana peso real cuando los vecinos la conocen, la usan y la exigen. Cuando alguien sabe a qué organismo de la Ciudad recurrir para resolver un problema, cuando entiende que hay una Justicia local que responde más rápido, cuando participa en una comuna: en esos momentos la autonomía deja de ser un concepto constitucional y se convierte en experiencia cotidiana.
Treinta años después de aquel texto que 60 constituyentes pusieron en papel, la tarea sigue siendo la misma: construir una Ciudad que se gobierne a sí misma, que responda a sus vecinos y que no le pida permiso a nadie para resolver los problemas de su territorio. Ese es el espíritu de nuestra Constitución. Y eso es lo que nos comprometemos a seguir honrando.
El autor es ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.