Subsidiar al pasajero y no a la empresa permite alinear los incentivos correctamente, ya que el transporte público pasa a competir realmente con otras formas de movilidad. El caso de Bariloche.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno inició una transformación profunda en la política de subsidios al transporte urbano de pasajeros. Se eliminó el Fondo Compensador del Interior y se comenzó a priorizar el subsidio a la demanda (a través de descuentos para usuarios vulnerables) en lugar del subsidio a la oferta (transferencias directas a las empresas).
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Paralelamente, se desreguló el sistema de pagos al habilitar el pago con tarjetas de débito y crédito y billeteras digitales, rompiendo en parte el monopolio operativo de la tarjeta SUBE. Aunque la transición sigue incompleta, marca un rumbo más racional, transparente y orientado al usuario.
Al subsidiar al pasajero y no a la empresa, se alinean los incentivos correctamente: tanto el concesionario como el Estado deben enfocarse en brindar un mejor servicio, optimizar recorridos, regular las frecuencias y sumar pasajeros. El transporte público deja de ser un servicio “garantizado por subsidio” y pasa a competir realmente con otras formas de movilidad (motos, autos, aplicaciones). Esto genera presión natural por eficiencia, innovación y calidad.
El viejo esquema de subsidio a la oferta, en cambio, perpetuaba ineficiencias estructurales. Las compensaciones se calculaban sobre costos declarados y kilómetros recorridos, por lo que cualquier modificación de recorrido que redujera kilómetros implicaba una caída automática de subsidios.
El resultado era rigidez extrema: sobreoferta en zonas poco demandadas, suboferta en otras y un sistema que se deterioraba año tras año. Hoy los datos sistematizados de pasajeros y viajes realizados y el índice de pasajeros por kilómetro permiten vincular la compensación del Estado al uso real del servicio.
El Gobierno nacional acertó al eliminar los subsidios a la oferta en el interior del país desde 2024. Sin embargo, mantiene ese esquema obsoleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde sigue destinando la gran mayoría de los recursos nacionales a subsidiar empresas en lugar de usuarios.
Esta asimetría es injusta y regresiva: concentra fondos en la región más privilegiada y preserva ineficiencias que son intolerables para el resto del país. Esos subsidios a la oferta en el AMBA deberían eliminarse por completo para completar la transición hacia un modelo centrado en la demanda.
Además, el Gobierno nacional debería completar la desregulación del sistema de pagos habilitando plena competencia. Actualmente, la tarjeta SUBE (operada en exclusividad por Nación Servicios) mantiene una ventaja regulatoria monopólica: solo ella reconoce y aplica los subsidios de la Tarifa Social Federal y la Red SUBE.
Esto genera comisiones reguladas escandalosamente más altas y limita la innovación. Permitir que tarjetas de débito/crédito, billeteras digitales y otros sistemas de pago puedan también validar y aplicar los subsidios y descuentos focalizados aumentaría la competencia, bajaría costos para el usuario, mejoraría la experiencia de pago y aceleraría la modernización del sistema.
La ciudad de San Carlos de Bariloche demuestra que el cambio es viable y genera mejoras concretas. Tras la quita del subsidio nacional a la oferta, el gobierno municipal y el provincial readecuaron sus propios esquemas de subsidios, el sistema se sostuvo y fortaleció gracias a una tarifa más transparente que cubre gran parte de los costos operativos, combinada con subsidios focalizados a la demanda que se liquidan en función de viajes efectivamente realizados.
Este esquema tripartito permitió renovar la flota con colectivos cero kilómetro, reemplazando unidades que estaban muy deterioradas, y mejorar notablemente la calidad del servicio. Además, la empresa concesionaria se vio incentivada a optimizar sus operaciones.
En febrero de 2026 presentó un nuevo esquema de recorridos acordado con el municipio, respondiendo a pedidos vecinales y a un relevamiento de la demanda real. Estos cambios responden directamente a la demanda de los usuarios —algo que el antiguo sistema de subsidios a la oferta desincentivaba fuertemente— mejorando los tiempos de viaje, la cobertura y la eficiencia general del servicio.
Subsidiar la demanda no significa retirar al Estado del transporte público, sino redirigir su intervención de forma inteligente: se protege a quienes más lo necesitan (trabajadores informales, estudiantes, residentes) sin blindar ineficiencias ni distorsionar la competencia. Es un esquema más equitativo y más eficiente, porque premia el servicio que realmente se usa.
El camino iniciado en diciembre de 2023 es correcto, pero incompleto. Completar la eliminación de los subsidios a la oferta en el AMBA, llevar la lógica de la demanda a todo el sistema, y extender la competencia en el sistema de pagos, permitiría un transporte urbano más sostenible y orientado al usuario.
Bariloche ya lo demuestra: con incentivos alineados, es posible renovar flota, rediseñar recorridos y mejorar el servicio incluso en un contexto de ajuste fiscal. El resto del país —y especialmente el AMBA— debería seguir ese ejemplo.