Mucho más importante que el «carpetazo» que el jefe de Gabinete Alberto Fernández lanzó contra la coalición Jorge Telerman-Elisa Carrió, es la megacausa que se cocina a fuego lento en el Juzgado en lo Penal Económico de Rafael Caputo que tiene una investigación por una millonaria evasión fiscal que involucra a más de 300 empresas de primer nivel y de distintos rubros desde el bancario, pasando por supermercados hasta agencias de publicidad y el PAMI. Se las acusa de eludir el pago del IVA y del Impuesto a las Ganancias con el uso de facturas truchas. Sobre este tema el gobierno de Néstor Kirchner no ha dicho nada.
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El expediente se originó en una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Como en el caso de la constructora Skanska hubo firmas de fuerte posición en el mercado que reconocieron la invalidez de las facturas usadas y pagaron los impuestos debidos.
Las pesquisas arrancaron en 1999 en Mendoza y luego se asentaron en la Capital Federal donde se encontró el mayor número de empresas usuarias de dichas facturas.
La maniobra habría consistido en que las grandes firmas simulaban gastos que nunca habrían tenido, a través de facturas apócrifas o que respondían a empresas fantasmas, las cuales vendían sus comprobantes a cambio de una comisión.
El caso fue investigado en un principio por el juez Julio Speroni. El controvertido magistrado renunció y fue reemplazado por Caputo, un ex secretario de Marcos Gravibker. El camarista lo instaló en ese juzgado para complicar a Carlos Menem en el ya insostenible caso armas.
En la megacausa hay tres detenidos y dos prófugos y varias decenas de sospechados del delito de asociación ilícita y como partícipes de evasión. Desde que se descubrió no hubo grandes avances. El año pasado el juez subrogante Caputo tuvo que llamar a indagatoria para evitar que la causa prescribiera, es decir, que fuera archivada. Ahora hay una agenda de indagatorias que se extiende hasta octubre de este año.
Del total de las empresas investigadas, 80% superan el monto de evasión previsto en la ley penal tributaria, que define como «evasión simple» el incumplimiento por más de 100 mil pesos y menos de un millón de pesos, por tributo y por año. En este caso, se castiga con prisión de dos a seis años de cárcel. Pero si el juez concluye que se cometió en forma agravada se transforma en no excarcelable, ya que la pena puede oscilar entre los tres años y medio y los nueve de prisión.
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