El Colegio Público de Abogados porteño rechazó el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura presentado por la oposición y aprobado por mayoría en comisión.
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A través de una carta dirigida a todos los legisladores del Congreso, el Cpacf manifiesto su "profunda preocupación" frente a lo que considera un "retroceso que lesionaría gravemente la función del organismo y el espíritu con el que fue introducido a nuestra matriz constitucional en 1994".
Para la organización que conduce Eugenio Cozzi, el proyecto aprobado el 8 de junio pasado incurre en una "grosera discriminación con relación a los miembros abogados que integran el Consejo y, en particular, respecto del Colegio Público". Esa propuesta consensuada entre radicales, peronistas disidentes, lilistas y macristas busca desterrar el "poder de veto" del kirchnerismo, que ya había reformado el organismo en 2006. Por eso, prevé aumentar de 13 a 18 el número de integrantes del Consejo que controla a los magistrados, entre otros puntos.
Pero a pesar de celebrar la iniciativa de sumar a cuatro abogados al staff del cuerpo, el Colegio porteño repudió que la presidencia del Consejo quede en manos del titular de la Corte Suprema, denunció incompatibilidad en que legisladores y funcionarios del Ejecutivo lo integren y cuestionó que se delegue la organización de la elecciones de autoridades de las agrupaciones de letrados.
Asimismo, también descartó el dictamen de la minoría que sacó el kirchnerismo porque tampoco "guarda el espíritu y letra" de la Constitución ni "se ajusta a las necesidades y realidad del Poder Judicial".
En la carta, el Cpacf sostuvo que volver a designar presidente del Consejo al jefe de la Corte, Ricardo Lorenzetti, reestablece "una situación de desigualdad que atenta contra la imprescindible objetividad e imparcialidad con que debe ser encarada la administración, control y juzgamiento de la actividad judicial". De ese modo, sus funciones quedarán desnaturalizadas, pues sería "juez y parte" en los asuntos en los que deba actuar ejerciendo la representación de uno y otro, argumentaron.
En su propio proyecto de reforma, el Colegio había propuesto que ese cargo tenga mandato por un año, sea rotativo y con posibilidad a una reelección. Para los abogados, sería ideal que el miembro de la Corte que se incorpore lo haga como "un par". "No se advierten las verdaderas motivaciones por las cuales, una vez más y con llamativo ahínco, se intenta vedar esa posibilidad de llegar a la presidencia a los otros integrantes del Consejo, violándose principios elementales de la democracia", afirmaron.
Además, la entidad de Cozzi pone en duda la compatibilidad de funciones de los diputados, senadores y funcionarios del Gobierno que se sumen al Consejo. En el texto distribuido a la prensa arguyeron que la participación de legisladores (igual situación observa el Poder Ejecutivo), se verifica un "desequilibrio anti republicano, atento que los legisladores que componen el Consejo forman parte al mismo tiempo del judicial y el legislativo, convirtiendo al principio de división de poderes en un sofisma".
Por último, el Cpacf denuncia que el proyecto de la oposición le otorga a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) la administración de padrones y la organización de las elecciones de las autoridades de las agrupaciones de letrados. El Colegio porteño aseveró que esa potestad discrimina a su entidad, la más grande del país con 106 mil afiliados, y que los obliga a conformarse como una ONG "poder superar formalmente el escollo lo cual sería repulsivo a la libertad de afiliación".
Para la institución, tanto el proyecto mayoritario como el minoritario del oficialismo vulneran "a todas luces" la letra y el espíritu de la Constitución y solicitaron a los legisladores que rechacen estos dictámenes. En el recinto, se debatirá el 30 de junio.
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