27 de agosto 2017 - 12:05

Acusan a Hebe de Bonafini de retener aportes jubilatorios de empleados de su fundación

La Justicia cree que los aportes jubilatorios de los empleados que trabajaban en el programa fueron retenidos por las autoridades de la entidad que preside Bonafini y luego giradas a empresas y a otras sociedades vinculadas a los Schoklender.
La Justicia cree que los aportes jubilatorios de los empleados que trabajaban en el programa fueron retenidos por las autoridades de la entidad que preside Bonafini y luego giradas a empresas y a otras sociedades vinculadas a los Schoklender.
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue acusada de apropiarse de al menos 46,1 millones de pesos que debía abonar en concepto de aportes jubilatorios de los empleados de su fundación.

Según una publicación del diario La Nación, la dirigente es investigada por la Justicia por el desvío de ese dinero que debía ser depositado a las cuentas previsionales de los trabajadores.

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Marcos Grabivke, dictó además el procesamiento de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en la causa.

Según detalla el matutino, Bonafini fue citada a prestar declaración indagatoria por el juez Diego García Berro para el próximo 25 de octubre.

La investigación está relacionada con el programa "Sueños Compartidos", que la Fundación Madres de Plaza de Mayo había llevado adelante para la construcción de viviendas sociales.

La Justicia cree que los aportes jubilatorios de los empleados que trabajaban en el programa fueron retenidos por las autoridades de la entidad que preside Bonafini y luego giradas a empresas y a otras sociedades vinculadas a los Schoklender.

La referente de los derechos humanos también deberá explicar ante el magistrado por qué se emitieron otros $ 121 millones en cheques en blanco mientras sus empleados seguían sin percibir los aportes.

Meses atrás, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que la Fundación deberá pagar una multa de más de 33 millones de pesos por incumplimiento contractual y reintegro por pago de alquileres.

Bonafini y los Schoklender ya están procesados sin prisión preventiva en otra causa que investiga el desvía de los fondos que les había otorgado el Estado para afrontar los gastos de la construcción de las casas.

El caso es llevado adelante por juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien además dictó la falta de mérito para el exministro de Planificación Julio De Vido, quien ordenó el pago inicialmente.

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