Abad indagado: defensa política y deslinde de acción en subalternos

Política

Indignado por "trasnochado invento" de la denuncia en su contra, dijo haberse enterado por el diario de Oil y que no tenía "ni clave fiscal". Se quejó de haber armado "grupos de trabajo", no "grupos de tareas".

El extitular de la AFIP Alberto Abad se conectó al Zoom a las 15.30, hora señalada para que rinda su primera declaración indagatoria ante la jueza María Servini, acusado de integrar una asociación ilícita que tuvo -desde las máximas instancias del Estado- la intención de avanzar sobre la petrolera Oil Combustibles y sus accionistas con el objetivo de permitir su desapoderamiento. Con un extenso escrito de descargo que fue complementado por respuestas a las preguntas, el exadministrador federal hizo una defensa política de su gestión pero insistió en una serie de conceptos que lo ubicaban por fuera de los límites que tenía como funcionario para liderar desde el organismo recaudador la avanzada contra el Grupo Indalo, que es el eje de la investigación.

Sus actos, declaró “fueron debidos y adecuados a las circunstancias”, indicó. Adujo “razones técnicas, antecedentes y contexto” para explicar por qué defendía sus acciones dentro de la AFIP, pero sorprendió con un conocimiento acabado del caso Oil Combustibles, algo que pese a estar habilitado, había dicho desconocer al momento de ser citado como testigo en el marco del juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal N°3, en 2019. Consideró “injusta” la acusación en su rol de recaudador pero insistió en que la petrolera retenía impuestos de los “consumidores”, algo que desde el punto de vista tributario ya fue desestimado por el modo de comercialización que tenía Oil vendiendo el combustible a terceros privados y a plazo.

Abad declinó las explicaciones técnicas en el exsubdirector de Recaudación, Sebastián Palladino (también indagado). Pero también deslindó responsabilidad en su segundo Horacio Castagnola y en Carlos Bo, hombre ligado a Elisa Carrió. Se admite que pese a que él tomó conocimiento del caso Oil por una nota periodística, existió una investigación interna previa encabezada por Bo, lo que encuentra relación al escrito ingresado por Carrió en el que ella admitió haber impulsado investigaciones por documentación que recibía de fuentes internas de AFIP.

Según Abad fue Castagnola quien le dijo a Bo “que se fije lo que estaba pasando ahí”. Para Abad esto demostraba que “no tuve intervención alguna” en los inicios de la investigación. Aseguró que la aparición pública del caso generó “lógica curiosidad de mi parte, ante la publicación de La Nación; pero ninguna orden, ni presión. Nada calificable de abuso funcional o desvío de poder...,mucho menos de corrupción. Solo un pedido, casi de compromiso...: ´miren bien´”, declaró.

En ese contexto volvió a cargar contra Oil por la cantidad de planes de pago y el riesgo de que se siguieran sumando porque era un modus operandi para conseguir financiamiento y ampliar sus negocios. Aseguró que se encontró con una “fraudulenta maniobra de agresión al fisco” y que si no se adoptaba “decisión firme” hubiese generado la “complicidad de los funcionarios con sus autores”. Apoyado en las declaraciones de Bo, Juan Carlos Santos y la instrucción de la causa enumeró los motivos por los que defendía su accionar, y remarcó que esto significaba “obtención irregular” de fondos que “desfinanciaban el presupuesto”.

Además sumó las conclusiones de los auditores de Deloitte, que ya fueron discutidas en el marco del juicio también sobre el balance 2015. La enumeración de Abad fue para deslindar que su actuación y la de la AFIP hubiese generado “ahogo financiero” a la compañía de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

“Considerando su inédita cuantía, la novedad de la maniobra y que ésta venía consumándose, con apoyo interno, durante los últimos cinco años, la respuesta institucional -que requirió el acelerado despliegue de recursos de distintas especialidades y la participación de diversas áreas operativas y centrales- fue absolutamente proporcional a la deliberada agresión al Fisco y todo lo actuado se realizó en el marco de sus competencias legales y bajo control judicial”, se defendió Abad, incluso por el dictado de resoluciones generales que tenían como único objetivo a un contribuyentes específico.

“Del trasnochado invento de la banda del art. 210 (asociación ilícita), de la que se me hace partícipe, lo cierto es que a julio de 2015, no tenía idea de que pudiera volver a la función pública”, se excusó. Con ataques hacia los denunciantes, Abad se mostró indignado con que se denominara “grupo de tareas” al que se había abocado al caso Oil y cargó de adjetivos se fastidio. Señaló como supuesto error que no poseía “accesibilidad del administrador federal a los expedientes, al punto de no contar siquiera, con clave fiscal para ingresar a las distintas bases de datos de su Administración”.

Su reivindicación estuvo dirigida a justificar la redacción de la Resolución General 395 y a que no armó “grupos de tareas”, sino “grupos de trabajo”. “Solo con mentiras, distorsiones y actitudes de esa bajeza, pueden sostener esta denuncia”, se quejó en la indagatoria.

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