Fiscalía apuntó a Echegaray y se ilusiona con cruce de mails en la última parte de alegato

Tendrá solo dos horas más para definir por qué delito pedirá condenas en el juicio. Ayer buscó marcar relación entre deuda por ITC y préstamos entre compañías del Grupo Indalo, como parte de un “plan”. Reproche a la AFIP por haber desistido de acusar a funcionarios de línea.

Ricardo Echegaray.

NA

La fiscalía consumió su última audiencia completa de alegatos sin enunciar, todavía, cuál es el delito penal por el que acusará en el juicio Oil Combustibles. El fiscal Juan Patricio García Elorrio solo esbozó, sobre la última frase de su exposición, que “se encuentra acreditado el quebrantamiento del deber de funcionario” del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Esa fue la única pista que dejó flotando para que el jueves próximo tenga que condensar en dos horas los puntos clave de la acusación y las condenas que anticipó que pedirá también sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Hasta el momento, el clímax de la jornada fue el repaso de correos electrónicos internos del Grupo Indalo, secuestrados al comienzo de la causa, en los que se registran diversos intercambios entre directivos de la petrolera respecto al volumen de la deuda por ITC, proyecciones sobre su impacto en las finanzas de la empresa y consultas sobre cómo debían actuar frente a los vencimientos de las cuotas de los planes de pago. García Elorrio apuntó a esos mensajes -siendo el tramo más enfático- en el que afirmó que el holding se “fondeaba” con impuestos para luego realizar préstamos a otras unidades de negocio, lo que ponía en duda el concepto de “empresa en marcha” según los papeles de trabajo de los auditores externos de Deloitte.

De las tres, la de ayer fue la menos críptica de las audiencias en las que se desarrolla el alegato. Aun así tuvo tramos contradictorios con la idea del delito penal de defraudación al Estado. El fiscal casi pasó por alto el peritaje que estableció que no existía deuda exigible y remarcó que por un “error”, la fecha de corte que tomaron los expertos –entre ellos el del Ministerio Público Fiscal que firmó por unanimidad las conclusiones- no había sido octubre del 2015. Si esto se hubiese reflejado en el análisis de los peritos, supuestamente revelaría que sí existía una alta deuda que estaba en condiciones de ser exigible por la AFIP.

Préstamos

En la construcción de su hipótesis, la fiscalía buscó tramos de testigos donde afirmaban que existía “correlación” entre el incremento de la deuda con el fisco y los préstamos “intercompanies”. Y partió de las premisas acerca de que existían órdenes “de arriba” para que el ITC sea ingresado en planes de pago de manera “sistemática” para luego derivar esos fondos a empresas relacionadas a través de mutuos que devengaban intereses inferiores a las tasas que cobraba AFIP por los planes.

A la vez que crecía la deuda, se intensificaban los préstamos para establecer una relación entre ambos montos y que Oil -de acuerdo a papeles de trabajo de Deloitte- no tenía certeza en la recuperabilidad de esos fondos, lo que ponía en peligro su continuidad. Agregaron, además, que la refinería requería una inversión de u$s 300 millones para adaptarla a 2016 a nuevas tecnologías.

No lo mencionaron pero quedó flotando que la tesis era que los empresarios la dejarían cae, o bien (mostrando algunos cuadros de proyecciones) tenían como objetivo “licuar” la deuda por inflación. Para la acusación, los correos electrónicos y el testimonio del gerente general de Oil Rodrigo Turienzo “evidencian un conocimiento claro de la situación imperante. Son relevantes para el objeto procesal”. “Oil no tenía capacidad para cumplir con la deuda”, afirmó García Elorrio en su alegato. Y agregó, en otro tramo, que López se habría mostrado interesado en conocer os pormenores de una eventual reestructuración de la deuda. Dejó entrever la supuesta preparación de un “plan” para hacerlo.

El hurgar en esos documentos internos y en los papeles de trabajo que desmintió la auditora Edith Álvarez fueron los puntos más altos de la audiencia, donde la fiscalía enfatizó y por primera vez, arriesgó algo de valoración negativa. Solo quedarán dos horas por reloj para ver cómo traducen esas conclusiones en el formato de un delito por el que pedirán condena.

El trasfondo es muy similar al inicio de la denuncia de la AFIP en el fuero penal económico respecto a una insolvencia fiscal fraudulenta, que ya fue resuelta por la negativa. Sin embargo, y pese a todas las insinuaciones, no se dejó explícito qué delitos supondrían dar por válida esa maniobra que, dentro del objeto procesal del juicio, solo llega a fines de 2015 y por el supuesto otorgamiento irregular de 4 planes de pago. Sí se remarcó la declaración como testigo del letrado de la sindicatura Javier Llorente. El tramo elegido por el fiscal fue la mención de que para los expertos designados por la justicia comercial la “cesación de pagos” de Oil había comenzado al principio de su operatoria. En ese mismo testimonio, el especialista sorprendió afirmando que la AFIP se había comportado como un “acreedor hostil”, en 2016, y que parecía que no quería cobrar los tributos adeudados. Esa parte podrá ser retomada por la defensa.

Cifras

Con un paso a vuelo de pájaro por la pericia de la Corte, García Elorrio dejó en claros los números para la acusación: no existe la cifra de $8 mil millones, tal como informó Ámbito. El total de la deuda era de $6.000 millones, de los cuales $4.500 M estaban incluidos en planes de pago a 10 años, y que de acuerdo a la pericia, Oil había abonado por ITC unos $7 mil millones en total. A su vez, los préstamos entre compañías los estimó en $4.200 M.

García Elorrio presentó documentos por préstamos que no devengaban intereses. Lo definió como una “operatoria”. Aun así reconoció que todo quedaba asentado en la contabilidad de la firma. Buscó defender las cuestionadas auditorías N°14 –en boca de testigos- y que si la petrolera hubiese estado en Grandes Contribuyentes, su situación no hubiese pasado inadvertida con la cantidad de planes a los que había adherido.

“Se estaba entregando un plan a un contribuyente que no estaba en situación crítica. Que estaba en expansión económica y le estaba quitando flujo de fondos. El contribuyente se está expandiendo. No hay dificultades de cumplir con sus obligaciones. Si tiene dinero para expandirse y hacer inversiones como no tiene para pagar el fisco. La problemática era selectiva para pagar al fisco”, pareció concluir el fiscal. De todas formas, su otra conclusión es que con los préstamos pretendían dejarle solo la deuda, aunque en rigor, el resto de las empresas dependían orgánicamente de Oil.

Palos

Respecto de Echegaray pareció achacarle -ya que no le dirigió una acusación directa- el hecho de que se hubiesen acumulado auditorías de varios años atrás que recomendaban normar un proceso para el otorgamiento de planes especiales por el Artículo 32 y que notaban fallas en el cruce de sistemas de la AFIP para que las bases de datos tuviesen información actualizada. Esas “observaciones” al día de hoy funcionan de la misma manera. Pero pareció el camino para señalar una omisión en sus funciones.

Molesto, García Elorrio hizo sobre el final una referencia a la AFIP respecto a su desistimiento de acusar a los funcionarios de línea que tramitaron los planes de Oil, en el denominado “Tramo 2” de la causa que todavía está en instrucción. No hizo mención a las valoraciones, sino que lo usó para decir que eso no modificaba el criterio que tenía la fiscalía a su cargo.