La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires habilitó al gobierno bonaerense a continuar con la aplicación de la reforma docente que, según cálculos oficiales, le permitirá a la provincia reducir sus gastos en 500 millones de pesos. El tribunal tuvo que intervenir ante la declaración de inconstitucionalidad que efectuaron los gremios sobre la reforma del estatuto docente. De todos modos, no hay aún un fallo de fondo: en principio, el gobierno puede aplicar el ajuste, pero la última palabra no está dicha. Entre otras cosas, la reforma reclasifica a las escuelas consideradas desfavorables, lo que se traduce en que los docentes dejarán de percibir un plus salarial que, en algunos casos, equivale a 30% del sueldo.
Con esto, según confió frente a legisladores ayer el ministro de Educación,
Esa operación, según los datos que maneja la cartera de Educación, le
La Corte manoteó un argumento técnico: los amparos «no pueden proceder contra leyes», señalaron los jueces, en referencia a que el ajuste fue votado el 28 de febrero por la mayoría peronista del Parlamento.
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