La mesa de conducción de la Convención Nacional de la UCR presentó ayer el Tribunal de Disciplina y Conducta que tendrá como función analizar el pedido de Roberto Iglesias para la expulsión contra los cinco diputados radicales que votaron a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura, los santiagueños Daniel Brue y Cristian Oliva, el catamarqueño Genaro Collantes, el correntino Ricardo Colombi y el rionegrino Hugo Cuevas, todos pertenecientes a provincias con gobierno radical pero con cercanía a Kirchner. Son las mismas cuyos gobernadores no estuvieron presentes la semana pasada en la primera cumbre de la dirigencia radical en un hotel de Pilar, donde se debatieron precisamente los límites que tiene hoy la UCR para mantenerse dentro de la oposición sin quebrarse.
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La constitución del tribunal interno se realizó en la sede del Comité Nacional y en los próximos días los jueces comenzarán a analizar la presentación de Iglesias.
Ese Comité de Etica, quedó así integrado por Hipólito Solari Irigoyen, Elva Roulet, Rodolfo Miguel Parente, Alicia María Alejandra Migliore, Juan Jesús Mínguez y Lorenzo Cortese. La remisión del caso a esa instancia fue precedida por el cruce entre los dirigentes radicales que pretenden expulsar a los diputados, como Iglesias, y quienes prefieren mantenerlos dentro del partido e intentar una conciliación entre los gobiernos provinciales y municipales de la UCR pero con fuerte relación con Kirchner y una postura opositora a nivel partidario.
En la presentación de ayer estuvieron los titulares de los bloques, Fernando Chironi y Ernesto Sanz, y hasta Raúl Alfonsín: «El Tribunal tiene como función desarrollar una acción permanente y orientadora en materia de ética pública, buenas prácticas, prevención y mediación de conflictos, control o corrección de los comportamientos en contradicción con la ética y los principios de la Unión Cívica Radical en que incurrieren sus afiliados», se explicó en el encuentro.
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