Allanaron sede de Skanska y secuestraron documentos

Efectivos de la Policía Federal retiraron ayer cajas con documentación de la sede de la empresa Skanska, tras un allanamiento ordenado en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción de un gasoducto.

La Policía Federal realizó ayer un allanamiento en el edificio de la empresa Skanska, en el marco de la investigación que se sigue por presunto pago de coimas en la adjudicación del proyecto de ampliación de un gasoducto impulsado desde el Ministerio de Planificación.

El gobierno de Cristina de Kirchner no logra así superar el estupor de sus primeros meses de gobierno, sacudidos por la crisis con el campo, el caso del valijero venezolano Antonini Wilson y ahora la resurrección del caso Skanska.

El operativo de ayer se llevó a cabo por orden del juez Javier López Biscayart y estuvo a cargo del comisario José Luis Rodríguez, titular de la división jurídicocontable de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, quien comandó a 50 uniformados durante el allanamiento.

En la requisa al edificio de la empresa sueca, ubicado en Avenida Roque Sáenz Peña 555, se secuestraron entre 18 y 20 cajas que contendrían material importante para la causa, indicaron fuentes vinculadas con el expediente.

La investigación que lleva adelante López Biscayart, del fuero Penal Tributario, indaga la existencia de coimas que la empresa aseguró haber pagado en el marco de la construcción de dos gasoductos.

Además, en la causa se investiga cuál es la ruta que siguió el dinero excedente detectado en los sobreprecios pagados por la compañía sueca. El caso le costó el cargo al entonces gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y a Fulvio Madaro, ex presidente del Enargas.

Ambos fueron removidos de sus cargos por el entonces presidente Néstor Kirchner, cuando el fiscal federal Carlos Stornelli los citó a declarar por posible cohecho, sobre la base de las sospechas de que ambos fueran supuestos beneficiarios de los sobornos pagados por Skanska.

En el marco de la causa fue detenido Adrián López, apoderado de Infiniti Group, una de las empresas fantasma señalada por la Justicia como encargada de emitir facturas truchas para ocultar el pago de coimas.

López fue quien deslizó que había «gente del gobierno» involucrada en toda la cuestión, y apuntó al Ministerio de Planificación de Julio De Vido, aunque luego relativizó sus dichos.

En torno a la detención de López, se entabló una discusión entre el magistrado y el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien denunció a López Biscayart ante el Consejo de la Magistratura.

El juez había ordenado el traslado del detenido de una cárcel del Servicio Penitenciario a una celda de la Policía Federal y para ello invocó «razones de seguridad». López Biscayart quedó como único encargado de la investigación luego de que el juez Guillermo Montenegro se apartó para asumir como ministro de Seguridad del Gobierno porteño.