AMIA: Amnistía Internacional advirtió al país por la investigación

La organización Amnistía Internacional advirtió en su informe anual que, a 20 años del atentado a la AMIA, "el Gobierno no proporcionó justicia ni reparación a las víctimas", al tiempo que volvió a resaltar las dificultades en la Argentina para acceder al aborto no punible y expresó su preocupación por la represión a comunidades aborígenes y las denuncias de malos tratos en cárceles.

"El 18 de julio se cumplió el 20 aniversario del atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, en el que perdieron la vida 85 personas. El gobierno no proporcionó justicia ni reparación a las víctimas.

Irán se negó a cumplir la orden de un tribunal argentino que requería la captura de cinco sospechosos", indicó sobre la Argentina el informe de Amnistía Internacional sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo en el periodo 2014-
2015.

El documento reseña además que el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013 "para que los sospechosos fueran interrogados" en Teherán "no se hizo efectivo", mientras que "se procesó a funcionarios de alto rango, incluido el expresidente Carlos Menem, por distorsionar la investigación" y "el juicio público aún está pendiente".

Respecto a la situación en las cárceles, el organismo advirtió que en abril pasado el Gobierno reguló el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura "pero no creó el comité nacional integrado por legisladores, autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones de la sociedad civil" para realizar visitas a los centros de detención y establecer "criterios para el uso de la fuerza, el control de la superpoblación penitenciaria y la reglamentación sobre traslados".

"Hubo denuncias de tortura y otros malos tratos que no se investigaron, como en los casos de los presos Marcelo Tello e Iván Bressan, encarcelados en la provincia de Santiago del Estero. En Mendoza, las noticias sobre casos de tortura eran recurrentes, pero no se llevó a nadie ante la justicia. Varias cárceles estaban superpobladas y algunos presos permanecían sometidos a régimen de aislamiento durante más de 20 horas al día", denunció.

En su apartado sobre la Argentina, Amnistía Internacional también se refirió a la situación de las comunidades aborígenes y remarcó que si bien la Constitución de la Nación "reconoce los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de los recursos naturales, estos derechos rara vez se respetan".

Al respecto, remarcó que en abril pasado la comunidad de La Primavera (Potae Napocna Navogoh), en la provincia de Formosa, "rechazó el proceso de demarcación de tierras, alegando que los gobiernos provincial y nacional no habían respetado su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado", a la vez que "las autoridades utilizaban el sistema judicial para procesar a personas que luchaban por sus derechos".

La entidad remarcó además que el líder de La Primavera, Félix Díaz, fue juzgado en mayo por el robo de dos armas de la policía durante una protesta comunitaria en 2010, aunque "él negaba las acusaciones" y advirtió que "las comunidades indígenas también sufrieron violencia a manos de civiles, pero los autores no fueron llevados ante la justicia".

También se refirió a la Comunidad India Quilmes, la que en marzo de 2014 "fue atacada con armas de fuego, palos y cadenas", cuando "unos intrusos armados agredieron y dispararon a los habitantes y se apoderaron de su lugar sagrado".

"La comunidad intentaba recuperar sus tierras sagradas a través del sistema judicial nacional. Al finalizar el año, no se había procesado a nadie por la usurpación. Las investigaciones sobre los ataques estaban en curso", indicó el informe.

Amnistía Internacional también dedicó un apartado para advertir que en la Argentina "más de la mitad de las jurisdicciones no disponían de protocolos para que los hospitales garantizaran el acceso al aborto, legal cuando el embarazo era consecuencia de abusos sexuales o si suponía un riesgo para la salud o la vida de la mujer".

Remarcó, al respecto, que en marzo "la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de que se realizara una audiencia pública a fin de evaluar las medidas necesarias para la efectiva ejecución de su sentencia de marzo de 2012, que disipaba cualquier duda sobre la legalidad del aborto".

Finalmente, Amnistía Internacional destacó que "en todo el país, los tribunales celebraron juicios públicos por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el régimen militar", mientras que en Buenos Aires "22 acusados fueron procesados por su presunta implicación en el Plan Cóndor".

"Asimismo, se llevaron a cabo juicios contra más de un centenar de personas acusadas de delitos cometidos en los centros clandestinos de detención y tortura en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires, y en La Perla, Córdoba, entre otros lugares", enfatizó.

En su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo, el organismo prevé un aumento del número de civiles en situación de riesgo de sufrir abusos a manos de grupos armados, la continuidad de los ataques contra la libertad de expresión y el empeoramiento de la crisis humanitaria y de refugiados.

Por ello, pide un "cambio fundamental en la respuesta a los conflictos" y medidas globales, incluida la renuncia al derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en situaciones de atrocidades masivas.