Piden investigar la posible existencia de mecanismos informales de compensación económica dentro de la estructura estatal, comúnmente denominados “sobresueldos”.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa investigado por enriquecimiento ilícito.
Se presentó una ampliación de la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos, incorporando nuevos elementos vinculados a un viaje familiar a Bariloche que, según el escrito, “resultan incompatibles con los ingresos declarados”.
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La presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón pone el foco en una estadía realizada el 20 de junio de 2024 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde -según se detalla- el actual jefe de Gabinete habría viajado junto a su familia con gastos que, en total, rondarían los $9,1 millones.
De acuerdo con la ampliación de denuncia, “el costo total del viaje habría ascendido a la suma de $9.104.769,97, cifra que resulta particularmente significativa si se la compara con los ingresos declarados por el funcionario”.
El desglose incluye pasajes aéreos por aproximadamente $1,7 millones, alojamiento por casi $4,9 millones en el exclusivo Llao Llao Hotel & Resort y más de $2,4 millones en excursiones, gastronomía y servicios.
El escrito subraya que “esta marcada desproporción entre los ingresos declarados y los gastos efectuados permite advertir una inconsistencia patrimonial que resulta necesario esclarecer”, al tiempo que recuerda que, en ese período, Adorni “percibía un salario neto inferior a tres millones de pesos mensuales”.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la modalidad de pago del alojamiento. Según se indica, los consumos “no habrían sido abonados en forma inmediata”, sino con un “llamativo diferimiento temporal de aproximadamente tres meses”, algo que —remarca el denunciante— “resulta inusual en el ámbito de la hotelería de alta gama”.
En esa línea, la presentación advierte que “la existencia de un diferimiento de pago de tales características plantea interrogantes acerca de las condiciones en que se habría permitido dicha operatoria”, y solicita determinar si hubo acuerdos especiales o intervención de terceros en la cancelación de los gastos.
Además, Dalbón introduce un elemento adicional al sostener que la información periodística relevada permite considerar “la posible existencia de mecanismos informales de compensación económica dentro de la estructura estatal, comúnmente denominados ‘sobresueldos’”.
De comprobarse, estos ingresos “podrían guardar relación con la capacidad económica exhibida por el funcionario y con el origen de los fondos utilizados”.
El escrito también menciona testimonios indirectos según los cuales al menos dos personas habrían sido tentadas a ingresar al Estado bajo condiciones que incluían “ingresos adicionales no formalizados”, mientras que una tercera habría rechazado una propuesta laboral tras ser informada de pagos “por fuera” del salario oficial.
Para el denunciante, estos elementos “permiten advertir la posible existencia de un patrón de comportamiento que excede un hecho aislado” y refuerzan la necesidad de investigar en conjunto la evolución patrimonial del funcionario.
En ese marco, se solicitaron diversas medidas de prueba, entre ellas informes al Banco Central, entidades bancarias, organismos fiscales, Aerolíneas Argentinas y al propio hotel, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad de los pagos y determinar el origen de los fondos.
“Los hechos aquí descriptos no pueden ser analizados de manera fragmentaria”, sostiene la presentación, que concluye en la necesidad de “profundizar la investigación respecto del origen de los fondos utilizados, las condiciones en que se efectuaron los pagos y la posible existencia de mecanismos informales de compensación económica”.
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