El ministro del Interior, Aníbal Fernández, defendió ayer la decisión del gobierno de denunciar ante la Justicia a dirigentes sindicales que el martes último agredieron a un automovilista en una manifestación de aeronáuticos, al afirmar que "no se pueden arrogar el derecho de lastimar amparados por las garantías para peticionar".
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"Como funcionario público tengo la obligación de hacer la denuncia", sostuvo Fernández, porque "el Estado brinde las garantías para que se pueda peticionar; -no significa- que amparados en ellas un señor se arrogue el derecho de lastimar o agredir a un señor con su familia o patearle sus cosas".
El ministro del Interior presentó la denuncia por la agresión que sufrió el automovilista Diego Ferreyra, cuando quiso cruzar a través de una manifestación en avenida 9 de Julio y se generó una situación que terminó con sus dos hijos pequeños llorando asustados dentro de su vehículo.
Fernández acusó a los sindicalistas del gremio de pilotos y técnicos de "amenazas, coacción simple y agravada, intimidación pública, lesiones dolosas y privación ilegítima de la libertad".
Además, aportó videos que filmaron el momento de la supuesta agresión, donde se vería a un comandante de Aerolíneas Argentinas agrediendo con una bandera al automovilista y a un técnico aeronáutico que pegó patadas al vehículo.
En diálogo con la televisión, Fernández enfatizó que desde el gobierno "entendemos que estas cosas no pueden suceder".
Respecto de la denuncia, el fiscal federal Carlos Stornelli resolverá la semana próxima si corresponde abrir una investigación a raíz de la denuncia penal presentada por Fernández.
La denuncia había quedado radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría, pero esta magistrada la envió ayer a sorteo en la Cámara Federal, debido a que ella no estaba de turno cuando se concretó la presentación.
Por ello quedó a cargo del caso el juez federal Guillermo Montenegro, quien a primera hora de ayer giró las actuaciones al fiscal Stornelli.
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