La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto que modifica la Ley de Quiebras. En la misma sesión se aprobó un proyecto de María América González que habilita el pase de afiliados de AFJP al sistema de reparto estatal. A medianoche los diputados se disponían a aprobar un proyecto para eximir al gasoil importado del pago del impuesto a los combustibles y otro para comprar medicamentos sin impuestos al exterior. La sanción de Quiebras demandó más de siete horas de discusión y mostró peleas en el recinto como hacía tiempo no se veían. Prueba de eso fue el despliegue de una bandera estadounidense que hizo Alicia Castro y que terminó en una batalla entre el PJ y los diputados de izquierda. (Ver nota vinculada.) A último momento el radical Leopoldo Moreau no se privó se mencionar que, aunque reconocía que no existía consenso en los bloques, dejaba planteada la posibilidad de excluir a los «productores de bienes culturales», canales de televisión, diarios, circos, teatros o radios, de los alcances del «cram down» que lo votado ayer reinstauró, pero en una ley a sancionar en el futuro. Así, a pesar de las presiones, el grupo «Clarín» no consiguió quedar afuera de la Ley de Quiebras. El gobierno inició la votación de los proyectos clave que necesita para negociar con el FMI. Todo el proceso de tratamiento del dictamen de la comisiones de Presupuesto y Legislación General contó con el apoyo, con disidencias mínimas, del justicialismo, el radicalismo, el Interbloque Provincial y el cavallismo. Enfrente se ubicaron los partidos de centroizquierda, el ARI, Frente para el Cambio, Izquierda Unida, Partido Fiscal, Polo Social, Autodeterminación y Libertad y algunos radicales.
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El proyecto aprobado por Diputados e, reinstaura el sistema por el cual un acreedor o un tercero puede asumir el control de la empresa conocido como «cram down» y otorga mayores facultades al juez para la homologación de los convenios.
El debate fue abierto por el peronista Eduardo Di Cola, miembro informante: «Esto no es ponerse del lado del acreedor ni del deudor sino -de la empresa », dijo. Alberto Natale apoyó a los diputados provinciales: «En definitiva el proyecto restablece las cosas en su lugar, mejora en algunos aspectos, en especial el conocido como 'cram down', donde se establecen mejores mecanismos para que los deudores puedan arreglar con los acreedores», explicó.
El proyecto sancionado ayer establece: Los plazos para suspender las ejecuciones hipotecarias serán de 180 días corridos, a partir de la sanción de la ley, con lo cual se prorrogan hasta noviembre.
• Se elimina el artículo 11 de la Ley 25.563, que suspendía por 180 días la apertura del proceso de quiebra. Pero se aceptó suspender por 90 días la iniciación de quiebras cuando el proceso es pedido por el acreedor, dejando abierta la posibilidad de que el deudor pida su propio concurso en cualquier momento.
• Los acuerdos homologados se deberán cumplir desde el 30 de junio de 2002, es decir que no tendrán las prórrogas dispuestas en la ley sancionada en febrero último.
• Se reinstaura el mecanismo conocido como «cram down», por el cual un acreedor o un tercero pueden tomar el control de la empresa.
• El deudor podrá competir y equiparar ofertas incluso en la segunda ronda de acuerdo de los acreedores.
• El precio de la empresa se calculará por su valor de mercado y no por el valor contable, y se tendrán en cuenta los bienes intangibles como marcas, nombres o razón social.
• El plazo de exclusividad del deudor para presentar ofertas que equiparen el acuerdo de los acreedores en el «cram down» se extenderá entre 90 y 120 días, en lugar de 180 días, como se proponía en la Ley 25.563.
• Los acreedores no podrán hacer una oferta menor que la realizada por el deudor en el período de exclusividad.
• El juez deberá homologar los acuerdos entre acreedores y deudores, siempre que se no trate de una propuesta abusiva.
• Para eso, se le otorgan poderes más amplios que los contenidos en la Ley de Quiebras original.
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