Agotada la instancia legislativa en el conflicto entre el agro y el gobierno (que suma más de 120 días), el sector rural se prepara para recurrir con más fuerza a la Justicia. Si bien con la aprobación del esquema de retenciones móviles en el Congreso el proyecto cobra cierta legalidad (al haberle dado el Legislativo el visto bueno, tal como exige la Constitución), los productores todavía encuentran que la norma viola otros principios. Además de apuntar a la confiscatoriedad, señalan que es ilegal que el Congreso delegue en el Ejecutivo la posibilidad de legislar en materia tributaria.
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Hasta ahora, los amparos presentados en la Justicia reclamaban la inconstitucionalidad de la Resolución 125 porque iba en contra del principio de legalidad, ya que había sido una norma dictada por el Ministerio de Economía y, según la Constitución, sólo el Poder Legislativo puede crear o modificar un impuesto.
Además, alegaban también que la decisión adoptada el 11 de marzo era confiscatoria, ya que en la sumatoria de los tributos que pagaban al fisco el porcentaje sobre la renta superaba el 33% aceptado por la Corte Suprema en fallos.
El abogado especialista en temas tributarios de la Sociedad Rural, Guillermo Mac Loughlin, explicó a este diario que «si bien la legalidad pierde un poco de fuerza, la confiscatoriedad sigue estando vigente». Aunque detallóque según él entiende, la norma sigue siendo ilegal «ya que el Congreso delega en el Ejecutivo legislar en esta materia y, además, viola el Tratado de Asunción (del Mercosur) porque no se pueden imponer barreras internas al comercio».
Desde que los productores presentaron medidas en la Justicia y de los que tuvieron resolución favorable para el agro, lo máximo que obtuvieron fue que se declarara la inconstitucionalidad en primera instancia de la Resolución 125 en el caso del productor Santiago Gallo Llorente. En comunicación con este diario, Gallo Llorente contó que todavía no tuvo una respuesta de la Cámara (en segunda instancia) y que ni siquiera el fiscal opinó aún. «Me da la sensación de que estaban esperando a ver qué pasaba en el Congreso», comentó.
Apelaciones
Por su parte, MacLoughlin indicó que las provincias pueden apelar a la Justicia (tal como lo hizo San Luis en su presentación ante el superior tribunal, presidido por Ricardo Lorenzetti) porque se ven afectadas al recibir una menor coparticipación federal.
Los casos más importantes que tuvieron resolución favorable fueron:
El 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia aceptó su competencia en la demanda iniciada por el gobierno del peronista crítico Alberto Rodríguez Saá contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de las normas sobre derechos de exportación dictadas a partir del 1 de enero de 2002, lo que incluye las polémicas retenciones móviles que dispararon el conflicto con el campo. Por esa decisión, la ministra de la Corte Carmen Argibay estimó que recién «dentro de un año» podría haber un fallo del máximo tribunal de Justicia sobre las retenciones, «si hay suerte y viento a favor». . El 9 de junio, un juzgado federal en primera instancia declaró la inconstitucionalidad de las retenciones al entender que el Poder Ejecutivo no está facultado para dictar normas respecto a los impuestos aduaneros. El caso es el del productor de la localidad bonaerense de 9 de Julio, Santiago Gallo Llorente.
El 29 de mayo la Justicia Federal de Rosario hizo lugar al pedido de un productor rural de poder exportar soja y pagar 35% en concepto de retenciones, tal como establecía la norma antes de la decisión del gobierno. Así, por este caso (de Ricardo Lan) se intima de forma explícita a la Aduana a devolver el monto que supere esa alícuota. Caso similar es el de los hermanos santafesinos Bollatti.
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