El gobierno de la provincia de Buenos Aires parece convencido de que a los delitos rurales habrá que ponerle un freno.
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Se había dado ya orden de profundizar las investigaciones que permitan esclarecer con la celeridad necesaria distintos hechos, que llevó -en principio- a cruzar información entre representantes de las organizaciones rurales, miembros de las familias afectadas o denunciantes y los cuerpos de seguridad, que responden a los dictados del Ministerio de Seguridad y Asuntos Agrarios. Con esos fines del ministro de Seguridad, León Arslanian, y el secretario del área, Martín Arias Duval, tuvieron una larga charla con miembros de la familia de Armando Crespo Furlán; mientras que Roberto Vázquez (subsecretario de Información para la Prevención del Delito) y Adolfo Naldini ( director general de Asuntos Internos) hicieron lo propio con familiares de Ana Buiani.
Obviamente no están fuera de esta nueva dinámica impuesta la Mesa de Prevención del Delito Rural y las máximas autoridades policiales, que en definitiva son las encargadas de implementar el programa de Lucha contra el Delito en el Campo. La acción incluye a las entidades agrarias, tales como Coninagro. Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina y CARBAP.
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