Macri procesado por espionaje a familiares del ARA San Juan

Política

La decisión fue tomada por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien previamente había procesado a los exjefes de Contrainteligencia Martín Coste y Diego Dalmau.

Acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor y abuso de autoridad, son las figuras por las que el expresidente Mauricio Macri resultó procesado y embargado. Por espiar durante un año a viudas, a madres, hermanas y familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.

“Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones”, es la conclusión a la que llegó el juez de Dolores Martín Bava al procesar al expresidente por espionaje a los familiares de las víctimas del submarino, tras analizar numerosa documentación.

Para el juez en algunos casos esas decisiones tuvieron que ver con tener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces Presidente a la ciudad de Mar del Plata.

El fallo tiene una mirada especial respecto de las víctimas. “No caben dudas que las víctimas en la presente en la mayoría resultan ser mujeres. Ellas son parejas, madres o hermanas de los 44 tripulantes del submarino desaparecido, como también familiares de trabajadores de la pesca de Mar del Plata”.

“Estas mujeres se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad y el Estado lejos de brindarles contención o apoyo y actuar con la debida diligencia que le imponen distintos instrumentos internacionales, las espió ilegítimamente de manera sistemática y constante”, sentenció el juez en una resolución de 171 páginas.

La mayoría de las mujeres son representadas por la abogada Valeria Carreras que impulsó fuertemente el caso y hoy dijo que al menos hay tres discos rígidos con información sobre los movimientos de los familiares.

La causa tiene una docena de procesados, entre ellos la cúpula de la AFI del gobierno de Macri, encabezada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Grave: “La gravedad de los hechos aquí investigados, constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación a las garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado. El Estado no puede inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su historia personal”, fue uno de los párrafos para ilustrar la magnitud de las tareas que se ordenaron desde el gobierno de Macri.

El delito por el que se acusa a Macri tiene una pena que puede ir hasta los 10 años de prisión y la acusación que le pesa es grave. El juez sentenció que durante su gobierno, se efectuó espionaje afectando la intimidad de los familiares de los tripulantes, sus derechos de reunión, de libertad de expresión, entre otros. A la luz de otras causas que la justicia investiga, el espionaje habría sido una práctica sistemática de su gobierno.

Lo que quedó claro es que para el juez hubo un “seguimiento constante y sistemático de las medidas reivindicativas del colectivo de familiares que resulta víctimas de estas tareas ilegales”.

La defensa de Macri seguramente apelará el fallo, y seguirá intentando con más fuerza que el caso pase a los tribunales de Comodoro Py. Pero hoy, el expresidente volvió a ser procesado, nuevamente por espionaje. Por acciones de inteligencia prohibidas en concurso con el delito de abuso de autoridad de funcionario público. También fue embargado en 100 millones de pesos y se dispuso la prohibición de salida del país.

La noticia del procesamiento sorprendió a Macri en Chile, y la prohibición comenzará a regir a partir de su reingreso a la República Argentina, según dispuso el fallo.

Ni bien se conoció la noticia, los referentes de Cambiemos, muy probablemente sin leer el fallo (es extenso con 171 páginas) salieron a manifestar su apoyo a Macri cuestionando al juez Bava, y denunciando persecución.

La resolución: Tras analizar toda la prueba reunida en la causa, el juez Bava concluyó que Macri “conoció la existencia de los documentos y pese a ello, permitió que se sigan realizando esas tareas por lo menos durante un año. Casualmente los registros oficiales de la Agencia sobre los familiares de los tripulantes, cesan con el hallazgo del submarino en las profundidades del Mar Argentino”, explicó el juez.

“En su rol de Presidente de la Nación no solo posibilitó la realización constante de acciones de inteligencia ilegal sobre las y los familiares de los tripulantes mencionados, sino que recibió y utilizó el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia. Todo ello acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político en la determinación de los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”, advirtió Bava.

El fallo es contundente: “Se encuentra acreditado que el imputado Mauricio Macri participó de las tareas de inteligencia ilegal desde su lugar de máxima autoridad política y decisor de los lineamientos estratégicos y los objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

Macri tuvo potestad de hacer cesar el delito. El juez estimó que pudo hacerlo cuando tomó conocimiento de lo que cada familiar le iba a plantear por ejemplo en la audiencia que tuvo lugar el 6 de febrero en Casa Rosada.

También cuando tras recibir una misiva por parte de dos familiares de tripulantes el día 2 de abril mientras jugaba al Golf, decidió no entrevistarse con ellas. “Sin embargo, no lo hizo a lo largo de doce meses en los que continuó ininterrumpidamente el espionaje ilegal”.

Las actividades que investiga el juez tiene que ver con la obtención por parte del gobierno de Macri, de datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel”.

Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y buques y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes.

“Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri”.

En anteriores resoluciones de la causa el juez en el mismo sentido había dicho que los documentos de inteligencia ilegal analizados “no guardan relación con la seguridad presidencial”. “De modo alguno conocer la opinión que tenían las víctimas sobre la gestión de gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri, ni fotografiarlos, ni ingresar a sus perfiles de redes sociales, guardó relación con medidas tendientes a garantizar la seguridad del mandatario”.

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